Consignarán a 9 funcionarios de la PGJE por la liberación de normalistas de Ayotzinapa, se queja una MP cesada

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

De los 30 pliegos de consignación que envió el Ministerio Público (MP) federal a los jueces contra trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la liberación de 24 personas detenidas durante la manifestación de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, 9 están por hacerse efectivos.
En conferencia de prensa, la ex ministerio público de la PGJE, Vianey Salgado Gallegos, recordó que los funcionarios están acusados de evasión de presos y encubrimiento, cuando sólo recibieron órdenes de sus superiores de liberar a los detenidos.
Acusó a la procuradora, Martha Elva Garzón Bernal, de proteger al que fuera fiscal regional de Acapulco, Ernesto Jacobo García, quien fue retirado del cargo y concentrado en Chilpancingo, “para protegerlo”.
Dijo que es público en la PGJE que la procuradora regresó a Jacobo García a Chilpancingo para “protegerlo después de que la Marina inició una investigación en su contra, porque lo responsabilizan de tener bajo su poder vehículos robados”.
Agregó que Ernesto Jacobo fue de los funcionarios allegados a la procuradora que amenazaba a los trabajadores cuando se manifestaban por mejoras laborales.
Consideró que los trabajadores son doblemente víctimas de las autoridades, porque en el estado los reprimen “despiden y hostigan” por pedir mejoras laborales y la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con los procedimientos legales en contra de por lo menos 30 funcionarios de segundo y tercer grado por el caso Ayotzinapa.
Vianey Salgado es una de las MP que es investigada por la PGR  acusada de evasión de reos, y el 13 de febrero fue notificada de su despido sin que hubiera un procedimiento previo.
Ayer, comentó que los despidos, cinco en los últimos tres meses, son las represalias que ha tomado la procuradora Martha Elva Garzón Bernal por las manifestaciones que han realizado en el último año los trabajadores para pedir mejoras laborales, entre ellas la estandarización de su salario al que se aplica a nivel nacional a los MP.
Recordó que ya había una minuta firmada con la procuradora, en la que se comprometió a que no habría sanciones contra los trabajadores que encabezaron las manifestaciones, pero dijo que en los últimos tres meses, cambiaron a los dirigentes del movimiento a zonas “alejadas o peligrosas” como la Montaña y Tierra Caliente.
Además de las represalias de funcionarios estatales, comentó que la federación sigue investigando y hostigando a por lo menos 30 trabajadores de la PGJE, a partir de la liberación de 24 personas detenidas en la manifestación del 12 de diciembre de 2011, sin que la procuradora intervenga por ellos.
Recordó que desde hace 7 meses han solicitado una audiencia al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, para pedirle su respaldo ante las investigaciones que la federación inició en su contra por la cual hay cuatro trabajadores de la PGJE en la cárcel, además de que quieren que intervenga para mejorar sus condiciones laborales.
La solicitud no ha sido atendida, por el contrario, afirmó que son víctimas de acoso en su dependencia.
Recordó que la PGJE le negó las medidas cautelares que dictó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) a sus compañeros de Acapulco y el argumento que les dieron fue que habían participado en las protestas por mejoras laborales y respaldaron a los cuatro detenidos por el caso Ayotzinapa.
Vianey Salgado pidió al ombudsman de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, que fijara una postura al respecto, porque ya hay 14 quejas de trabajadores y ex trabajadores contra la procuradora, e insistió en que ni el gobernador ni la procuradora los respaldan, por el contrario los persiguen y amenazan.
Recordó que los detenidos por el caso Ayotzinapa son los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas, quien estaba en etapa de reclutamiento, y Rey David Cortés Flores, el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la ministerio público Gloria Rocío Cruz Méndez. Además de hay dos más calificados de prófugos.
Dijo que los trabajadores defienden a su ex compañera Rocío Cruz porque al igual que los otros que son investigados “solo obedecieron la orden de dejar en libertad a los estudiantes”, y ahora son responsabilizados de evasión de reos y les agregaron el delito de encubrimiento.