Deja Benedicto XVI a la Iglesia en crisis financiera y de credibilidad

Irene Savio / Agencia Reforma

Ciudad del Vaticano

Cuando Benedicto XVI apareció por primera vez en el balcón de la Basílica vaticana, en abril de 2005, sus primeras palabras fueron: “el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes”.
Esa frase se convirtió en la expresión de un reto y el lema de un pontificado que, sin ser ajeno a las polémicas, estuvo marcado por la voluntad del Papa alemán de restablecer el orden dentro de un clero desordenado y manchado por la indisciplina, una tarea que ahora queda pendiente para su sucesor.
Al reconocer las insuficiencias de la Iglesia, Benedicto XVI preanunció la batalla que emprendería de a poco para devolverle credibilidad a una institución inmóvil, formada por pujantes movimientos religiosos que, en particular en los últimos años de enfermedad de su antecesor, Juan Pablo II, habían escapado al control papal.
Algo que, en su forma más extrema, había terminado por alimentar una de las mayores plagas de la Iglesia contemporánea: los escándalos sexuales.
“Ha sido un Papa limpiador o al menos lo ha intentado. Fue el hombre que metió todos los casos de pederastia en una bolsa de basura, la ató y la sacó afuera del Vaticano ante la opinión pública mundial”, dijo el analista Eric Frattini.
La decisión del Papa de poner fin a esta situación tuvo entre sus primeros actos la condena del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y culpable de haber llevado una vida impropia, con hijos esparcidos por el mundo y acusaciones de abusos sexuales.
Benedicto XVI lo castigó en mayo de 2006, ordenándole retirarse a la vida privada, a lo que le siguió un proceso de reestructuración de ese grupo que aún no ha culminado.
Sin embargo, la caja de Pandora abierta tras el caso Maciel resultaría difícil de cerrar.
La situación de los extendidos abusos sexuales a manos de sacerdotes lo llevó paulatinamente a pedir la renuncia de decenas de obispos acusados de encubrimiento y a revisar la ley vaticana al respecto.
Con una nueva legislación, ratificada en 2010, el pontífice endureció los castigos para los culpables y ordenó a las diócesis colaborar con las autoridades civiles, algo inédito hasta ese entonces y que aún encuentra resistencias en el clero.
De forma más discreta al principio, pero más evidente en los últimos años, el Papa también intentó poner orden en los aparatos financieros del Vaticano en Roma.
En julio de 2009 nombró como secretario del Governatorato del Vaticano, la sede administrativa de la Santa Sede, al sacerdote italiano Carlo María Viganó para investigar sobre el asunto. Pronto, el prelado empezó a enviar al Papa su informe a través de una serie de cartas.
En algunas de éstas, Viganó criticaba abiertamente a subordinados del Secretario de Estado, Tarcisio Bertone, por mala gestión y corrupción en la administración de las finanzas vaticanas.
Sin embargo, ese mismo año, el sacerdote fue removido y enviado como nuncio a Estados Unidos.
La gravedad del asunto se evidenció al estallar, en 2012, el caso Vatileaks, una serie de filtraciones de documentos reservados del Papa y de la Santa Sede a la prensa italiana, que revelaban precisamente información sobre las finanzas vaticanas, entre ellos sobre el poderoso Instituto para las Obras de Religión (IOR), administrado por un banquero vinculado al Opus Dei, Ettore Gotti Tedeschi.
En este avispero de intrigas, Benedicto XVI optó primero por la vía diplomática, minimizando lo ocurrido, y luego por la mano dura. Gotti Tedeschi fue removido de su cargo y se ordenó la formación de tres investigaciones paralelas a cargo de un equipo de Cardenales, encargadas de descubrir al culpable de la filtración y aclarar si había corrupción en El Vaticano.
El Papa ha decidió que el informe de la investigación sea entregado exclusivamente al próximo Pontífice.