Fue político el despido de funcionarios por el caso Ayotzinapa, señala abogado

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Acapulco, Alfredo López Zárate, aseguró que los despidos de los siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron una salida política que violó la ley interna de la dependencia.
El 15 de febrero fueron destituidos siete funcionarios de la PGJE, acusados por la misma institución de violación de los derechos humanos de decenas de detenidos a quienes torturaron y a uno de ellos lo quisieron culpar de haber disparado un rifle de asalto AK-47 o cuerno de chivo.
Al respecto el abogado aseguró que la medida “es una salida política del gobernador, se está viviendo un estado de excepción porque haces un lado la ley por tener una salida política. El encargado de despacho (Juan Manuel Herrera Campos), como empleado del gobernador hace lo que le mande, por encima de la ley”.
Dijo “como Colegio de Abogados estamos atentos a los actos de la autoridad que deben estar sustentados en la legalidad y el gobierno del estado no lo está haciendo así, los despidos de los siete funcionarios son un acto arbitrario, son injustificados”.
Presentó un documento en donde se avisa de su despido a uno de los involucrados y apuntó que “es un ejemplo de la arbitrariedad, el subprocurador Herrera Cam-pos cita fundamentos donde determina remover a los funcionarios. Dice ‘he determinado removerlo de manera definitiva del cargo de confianza que ha venido desempeñando como ministerial. Deberá hacer entrega de los documentos y expedientes que estén bajo su cargo’”.
Y citó un artículo que dice los subprocuradores serán removidos por el Procurador General del Estado y en el despido hay dos subprocuradores, el de control de procesos penales y el de víctimas del delito. El procurador los puede nombrar y destituir a su gusto, pero él no es titular de la institución. El que firma este papel es un encargado de despacho, no tiene facultad para hacerlo”.
“Si el gobernador quiere resolver este problema de crisis política que tiene, que aplique la ley, legitime la actuación de su encargado de despacho. Sino es procurador, está incurriendo en un acto de abuso de autoridad y de usurpación de funciones porque no tiene el cargo para poder despedir”.
“Algunos de los despedidos tienen hasta 30 años de servicio y no quieren la indemnización, quieren la reinstalación porque es un despido injustificado, porque ya urge un procurador, porque todos los actos que realice Herrera Campos, son nulos, el señor como encargado de despacho, no puede representar a la Procuraduría, sólo el procurador tiene facultades y son facultades indelegables, no puede participar en el sistema nacional de seguridad pública, no puede dar una comparecencia frente al Congreso, no puede presentar un informe y lo han hecho, violando la ley. Todas las actuaciones de Herrera están viciadas de entrada”.