Walton politiza y desinforma, responde el añorvista José Luis Avila a las acusaciones

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En respuesta a la demanda que el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, interpuso en contra del gobierno de Manuel Añorve, ayer el ex secretario de Administración y Finanzas, José Luis Avila Sánchez, respondió que se trata de una campaña de desinformación y la politización de un tema técnico y que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Auditoría General del Estado (AGE) “escudriñar la correcta aplicación de los recursos”.
José Luis Avila, también ex alcalde sustituto de Acapulco, no quiso responder personalmente a las acusaciones que el ayuntamiento de Acapulco les hizo por irregularidades en el manejo de los recursos públicos en su periodo de gobierno, por 48 millones de pesos del ramo 33 que fueron utilizados para gasto corriente.
Esta vez José Luis Avila lo hizo a través de un comunicado que fue distribuido desde la oficina del diputado federal Manuel Añorve Baños en la Cámara de Diputados federal, donde aduce que la acusación de Luis Walton ante la AGE es una “desinformación”.
Y precisa: “En el lapso que encabezó el gobierno de Acapulco, Manuel Añorve Baños hasta marzo de 2012, jamás se realizaron transferencias que no tuvieran fundamento en la ley, tal como se puede comprobar con los expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados, que obran en poder de la AGE”.
Y recuerda que en ese lapso de gobierno “nunca se dejó de pagar a ningún trabajador y siempre se cumplieron a cabalidad, las responsabilidades propias de un Ayuntamiento”.
Luego asevera: “Cumplimos satisfactoriamente con la entrega de todas las cuentas públicas en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos legales, se ha cumplido con todos los requerimientos de los órganos fiscalizadores; la politización de un tema técnico ya no engaña a nadie, serán los órganos competentes los que realicen el deslinde de responsabilidades”.
Luego, retoma los mismos argumentos que el ex alcalde y actual diputado federal Manuel Añorve, para responder a las mismas acusaciones del alcalde Luis Walton: “La fiscalización no está sujeta a modas o caprichos, ni al servicio de intereses políticos, es una obligación constitucional; corresponderá de igual forma, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría General del Estado, escudriñar la correcta aplicación de los recursos de la actual administración, es una responsabilidad que nadie puede eludir”.
En lo que parece un revire, José Luis Avila le dice al alcalde Luis Walton que para su gobierno “resultaría conveniente encauzar las energías en beneficio de Acapulco, donde se requieren más obras, mejor seguridad, pero sobre todo armonía social y no en andar haciendo acusaciones sin sustento”.
El miércoles, en conferencia de prensa, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de Acapulco, Ricardo Castillo Díaz, dio a conocer que el alcalde Luis Walton Aburto presentó ante la AGE una denuncia por “irregularidades presumiblemente cometidas durante la administración anterior”.
Precisó que la denuncia es fundamentalmente por “transferencias que se hicieron no correctas” y que la “denuncia parcial” es por la falta de documentación, así como por las transferencias de los fondos del Ramo 33 del mes de enero a septiembre del 2012.
Castillo Díaz informó que la denuncia contra la pasada administración fue presentada a las dos de la tarde con 32 minutos el martes pasado en la Oficialía de Partes de la AGE.
Precisó el funcionario municipal que se trata de una “denuncia parcial” y que se ampliará en la medida que vaya fluyendo más información.
Castillo Díaz explicó que los señalamientos contra la administración anterior “es sobre la falta de documentación, debido a que no dejaron los expedientes técnicos de proyectos y programas ejecutados correspondientes al periodo 2009-2012”.
Y que el segundo señalamiento que se hace en la denuncia contra la administración pasada se refiere a las transferencias de los fondos del Ramo 33, donde el municipio recibió de enero a septiembre del año pasado aportaciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por 337 millones 227 mil 599 pesos 76 centavos, correspondientes al Fondo III del Ramo 33, de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Pero que hasta el momento, de los 337 millones 227 mil 599 pesos se “ha podido comprobar, en una primera revisión, que se hicieron distintas transferencias por la suma de 48 millones de pesos para el gasto corriente” y que dichas “transferencias son irregulares, ya que la Ley de Coordinación Fiscal mandata aplicar estos recursos exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.