Carlos Pérez Aguirre

La ASF pone el dedo en la llaga

El crecimiento desmedido de la corrupción en los gobiernos estatales es uno más de los males que aquejan a la ciudadanía. De acuerdo con lo que señalan los especialistas, este flagelo creció exponencialmente con la pérdida del poder presidencial, al crearse un vacío en el control regional que fue aprovechado por las mafias caciquiles estatales que actúan de manera inescrupulosa, sentando redes de corrupción, fundadas básicamente en los vínculos familiares (nepotismo) y compadrazgos.

La corrupción en un gobierno se mide mediante diversos parámetros que van desde el desvío de los recursos públicos, hasta la ilegal apropiación de ellos por grupos –gavillas deberían llamarse– de poder y servidores públicos deshonestos, consiguiendo como resultado el incumplimiento de metas y deficientes resultados en la operación gubernamental que disminuye y secuestra los beneficios a la población.

Esta semana que pasó, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, publicó un informe sobre la auditoría 2011 al ejercicio y destino de los fondos en sectores claves como seguridad pública y educación, en lo que va del gobierno de Angel Aguirre.

Al analizar el comportamiento en el rubro educativo, el FAEB (Fondo de Apoyo a la Educación Básica), en Guerrero se transparentan elementos muy importantes respecto al comportamiento administrativo, así como de aplicación de recursos y eficiencia de resultados. El informe reporta que el gobierno estatal acusó graves deficiencias operativas, pero sobre todo evidencia anomalías financieras consideradas graves. Así, en el aspecto de aplicación de recursos financieros, por ejemplo, destaca el adeudo del gobierno estatal al ISR, ISSSTE y Fovissste, que se considera delicado por afectar directamente las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, no obstante que el gobierno estatal a través del subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, de manera confusa, quiso aclarar que ya se habían solventado esas observaciones de auditoría.

Cabe aquí señalar que la SEG carga con un déficit financiero recurrente, mismo que se exponenció en el primer gobierno aguirrista; también el informe de la ASF señala que se detectaron pagos improcedentes a personal con licencia sin goce de sueldo, a personas dadas de baja, a comisionados, etc. todo ello desfalca a la Secretaría de Educación con varios millones de pesos.

Como resultado de estas anomalías, la ASF resume que la SEG falló en dar educación de calidad, no cumplió el gobierno estatal con esas metas –no obstante que el presupuesto asignado rebasa los 12 mil millones de pesos– y en donde la inversión estatal que le corresponde aportar no aparece por ningún lado.

Por otra parte, en lo que corresponde al Fondo de Aportación para Seguridad Pública (FASP), que en 2011 se incrementó hasta llegar a 215 millones 44 mil 300 pesos, los delitos crecieron: en 39.9 por ciento los homicidios, 54.4 puntos las extorsiones y 44.2 los secuestros; 58.3 por ciento el robo a negocios y 57.2 puntos el robo de vehículos, registrando así los índices delictivos un incremento general respecto a 2010 de un 24.7 por ciento.

Todo esos incrementos se hacen elocuentes, al resaltar en las observaciones que la Auditoría realiza al gobierno del estado, respecto del manejo del dinero público etiquetado al FASP: “..se presume un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública”.

Más claro no podría exponerse, puesto que este informe trasparenta y resuelve que el desvío de recursos y la nebulosa aplicación de estos, trae como consecuencia fuertes deficiencias en la aplicación de los programas públicos. Los guerrerenses padecemos, así, un incremento de los círculos dañinos, pues la expropiación indebida de recursos para los programas de Seguridad Pública y Educación –solo dos ejemplos– nos están sumiendo en la total indefensión y pérdida de la actividad productiva y económica, dado que la inseguridad agrede sobre todo a estos sectores.

Titishando: También el primo y ex presidente municipal de Acapulco enfrenta problemas similares, por ello ante la denuncia del presidente Walton, será revisado el ramo 33 por la Auditoría General del Estado. Esperemos que esa instancia cumpla con su obligación de manera imparcial. ¿mucho pedir, no?

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