La auditoría federal pide actuar contra dos secretarios de Zeferino

Murió Cuauhtémoc Sandoval ****El destacado dirigente de la izquierda histórica de Guerrero falleció ayer a los 61 años de un infarto cerebral *Foto: Jesús Trigo / archivo

*Notifica a la Contraloría General del Estado que deben ser sancionados José luis González de la Vega y Antonio Jaimes

* Da un plazo de 30 días para abrir los procedimientos por las irregularidades financieras encontradas el ejercicio de 2010 en las secretarías de Educación y Salud

* Torreblanca conoció de las anomalías en la SEG, revela Arturo Latabán, quien era el contralor de esa dependencia

Pide la Auditoría a la Contraloría actuar
contra González de la Vega y Antonio Jaimes

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer el contralor general del estado, Julio César Hernández Martínez, dio a conocer que el pasado viernes recibió una notificación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie en un plazo de 30 días hábiles “los procedimientos administrativos de responsabilidades” contra el ex secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y del ex secretario de Salud, Antonio Salvador Jaimes Herrera, por las irregularidades detectadas en sus cargos en el 2010.
Respecto a si las irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio de ese año no son suficientes para llegar hasta Zeferino Torreblanca y meterlo a la cárcel, Julio César Hernández dijo cauteloso que primero van a resolver la notificación que recibieron sobre el área educativa y de salud.
Entrevistado luego de la presentación del Plan Estratégico de la Auditoría General del Estado (AGE) 2012-2018 en el Congreso del Estado, Julio César Hernández precisó que en abril comenzará la aplicación de los procedimientos administrativos contra los funcionarios zeferinistas.
Especificó que la ASF sólo les hace las observaciones detectadas y que la Contraloría General del Estado habrá de analizar y determinar quiénes son los responsables, aunque recordó que son los secretarios y subsecretarios los responsables de manejar los recursos públicos, y prácticamente ya están ubicados.
Son los ex titulares de la Secretaría de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y de Salud, Antonio Salvador Jaimes Herrera, así como el secretario de Finanzas y Administración, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, pero no respondió a la pregunta de si esto es suficiente para llegar hasta el ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Adelantó que a más tardar en abril dará a conocer el inicio de procedimientos administrativos por irregularidades en fondos estatales, y que luego de ser notificados los funcionarios responsables, “varios de ellos no han solventado”, como en el Colegio de Bachilleres, el Conalep, Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), Fideicomiso Acapulco, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de Recursos Naturales  y Medio Ambiente.

La notificación de la ASF a la Contraloría del Estado

La notificación de la ASF a la Contraloría General del Estado fue entregada el viernes 17 y está fechada el 15 de febrero por el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, y dirigido al contralor estatal, Julio César Hernández.
La notificación dirigida a la Contraloría General del Estado, establece que “al afecto del informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010 (correspondiente al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo), se promueven las responsabilidades administrativas sancionatorias, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto de las irregularidades que se detallan en las cédulas y anexos a este oficio y comunique a esta ASF sobre la procedencia o improcedencia de iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades respectivos, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente oficio”.
En los anexos, la ASF informa a la Contraloría local que auditó al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y le instruye que investigue y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión administraron los recursos del Fondo en más de una cuenta bancaria, por efectuar préstamos con recursos del Fondo a otras fuentes de financiamiento, por donar bienes muebles, propiedad de los Servicios Estatales de Salud al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 76 y por la autorización de pagos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de obras públicas sin contar con presupuesto autorizado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud”.
También “porque efectuaron préstamos con recursos del Fondo al Seguro Popular, sin reintegrar los intereses respectivos, por pagar el servicio de procesamientos de nómina, sin elaborar el contrato correspondiente, por pagos de gastos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 76, así como de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayudas extraordinarias, para las cuales no se tenía presupuesto asignado; y por comisionar a tres servidores públicos en dependencias externas del organismo de salud”.
Otras irregularidades fue que “efectuaron pagos superiores a lo establecido en los contratos por prestación de servicio por tiempo determinado a ocho personas, por no realizar oportunamente los pagos del impuesto sobre la renta, lo que originó pago de recargos y actualizaciones; por no publicar los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo en los órganos locales oficiales de difusión, ni los divulgaron al público en general a través de la página electrónica de internet del estado u otros medios locales de difusión; y por no realizar las evaluaciones a los resultados del fondo”.
También sancionarán a los funcionarios de Salud “por no reportar con calidad y congruencia en el sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos, debido a que se determinaron diferencias entre las cifras reportadas en el formato único y los reportes financieros generados por el ente ejecutor”.
Igual “por no informar a los órganos de fiscalización federales sobre las cuentas bancarias para recibir, administrar y manejar los recursos del Fondo en el ejercicio fiscal 2010; por adjudicarse pedidos y órdenes de compra en forma directa, los cuales debieron de adquirirse mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o, en su caso, por licitación pública; por no proporcionar para su revisión, 27 expedientes de los pedidos y órdenes de compra; por no integrar adecuadamente los expedientes de las adquisiciones directas; y por permitir que un proveedor utilizara el almacén de la jurisdicción sanitaria 3,como bodega para los medicamentos y materiales de curación de su propiedad, sin establecer dicha situación en el contrato”.
Otras irregularidades detectadas son: “permitir a un proveedor se le entregara medicamentos y material de curación, propiedad de los Servicios de Salud, para su administración, control y distribución a las diferentes áreas médicas, quien no los tiene identificados ni separados en el almacén; además, desconoce la existencia e importe de esos medicamentos y del material de curación que actualmente está bajo su resguardo; por realizar adquisiciones de medicamentos y materiales de curación con precios superiores a los de referencia”.
También por “pagar el servicio de seguridad y vigilancia, durante el periodo del 1 de abril al 14 de noviembre de 2010, sin elaborar el contrato correspondiente; por realizar pagos por el servicio adicional de radios de frecuencia interna, radios de largo alcance, supervisión operativa y patrullaje específico, sin que se haya elaborado el contrato respectivo; por no aplicar penas convencionales por el incumplimiento de los proveedores en los plazos de entrega de los bienes o servicios, pactados en los pedidos correspondientes; y por adurir medicamentos y materiales de curación en 2010, sin que se utilizaran en el ejercicio y que continúan en el almacén central a la fecha de la presente auditoría”.
Asimismo se sancionará a los funcionarios por no aclarar las diferencias de insumos médicos entre las existencias físicas y los registros del sistema electrónico, derivadas del levantamiento del inventario en el almacén central, al cierre del ejercicio de 2010; por permitir en el almacén central de los Servicios Estatales de Salud, la existencia de medicamentos y material de curación caduco; por entregar al proveedor subrogado, al inicio de su contrato, suturas a efecto de que se proporcionaran al área médica para su utilización, las cuales no fueron aceptadas, ya que no contaban  con la calidad requerida, sin embargo tal situación no se comunicó al organismo operador para evitar su caducidad, y por no supervisar que los insumos médicos solicitados al almacén jurisdiccional se entregarán oportunamente y se evitará el desabasto en las unidades médicas.

Más irregularidades del gobierno de Zeferino

La ASF también encontró irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social Estatal, e instruye la Contraloría investigar y sancionar a los funcionarios responsables por ejercer al 31 de diciembre de 2010 el 74 por ciento de los recursos asignados del Fondo; también por no informar a sus habitantes al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados por la aplicación de los recursos del Fondo; y por no publicar la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto a la aplicación de los recursos del fondo; y por no requisitar ni reportar el indicador de desempeño del Fondo.
También por reportar a la Secretaría de Hacienda mediante los documentos Formato Unico y Nivel Fondo del cuarto trimestre de 2010, cifras que no corresponden a las transferencias y pagos realizados por la SEFINA a las instancias operadoras; y por no tramitar ante las instancias correspondientes los estudios de impacto ambiental de 17 obras realizadas con cargo al Fondo que evidenciaran que los trabajos no causaron un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican.
Asimismo por múltiples irregularidades en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (caso Acapulco) y en los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno federal.

Zeferino conoció irregularidades en la SEG,
revela Arturo Latabán, quien era el contralor

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El auditor general del Estado, Arturo Latabán López, dio a conocer que el ex gobernador Zeferino Toreblanca supo de irregularidades en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), a las que se refirió recientemente en su informe de resultados la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo dijo que la AGE analiza la solventación de la administración de Torreblanca Galindo presentada el 25 de febrero –no dijo el monto de recursos observados–, aunque en diciembre pasado los diputados de la actual Legislatura aprobaron la cuenta pública del ex gobernador.
Y recordó que la Auditoría General del Estado (AGE) sigue procedimientos administrativos contra el secretario de Finanzas y Administración, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, así como a sus ex subsecretarios de Ingresos, de Egresos y al tesorero del gobierno zeferinista, para deslindar o fincar responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.
Luego de presentar su Plan Estratégico 2011-2018 de la Auditoría General del Estado (AGE) a diputados y funcionarios estatales y municipales, el auditor Arturo Latabán consideró en entrevista que por su parte seguirá buscando perfeccionar la fiscalización, pero que es respetuoso de las decisiones de los diputados, como el caso de los alcaldes que fueron exonerados hace una semana por el pleno del Congreso local, contra quienes se había solicitado juicio político.
“Todos los esfuerzos valen la pena y por eso la presentación del Plan Estratégico, pero también propusimos un acuerdo de buenas prácticas dentro de los municipios, hoy tenemos 76 municipios que ya nos firmaron este acuerdo y marca la ruta de trabajo, que estamos desarrollando para el fin de estas administraciones, contempla presentar en tiempo y forma sus cuentas cuatrimestrales de la cuenta pública, y la AGE les ayude en la prevención, que les dé los mecanismos de solventar sus problemas”, precisó.
Al reiterarle la pregunta que de todos modos da lo mismo, si los diputados en el Congreso local los exoneran, dio a conocer que “son sólo cuatro municipios quienes no han entregado su cuenta pública, tienen de último plazo hasta el 29 de febrero, y se ha hecho una calendarización para atender a los alcaldes”.
Pero advirtió: “Llega un momento en que hay que aplicar la ley, no podemos ser omisos”.
–¿Pero los diputados sí lo son?
–Bueno, los diputados se han sumado a este trabajo de la AGE, tienen sus propias responsabilidades, lo que determine el Congreso local.
–¿Cómo va a proceder la AGE ante los alcaldes que ya fueron exonerados del juicio político por los diputados, la semana pasada?
–No queda allí el asunto, vamos a actuar hasta sus últimas consecuencias, y si no solventan vamos a proceder legalmente con la inhabilitación, o en su caso presentar las denuncias correspondientes, independientemente de la decisión de los diputados.

El secretario de Educación y Zeferino supieron de irregularidades

Por otro lado, se le preguntó al auditor general del estado su opinión sobre la aprobación de parte de los diputados de la cuenta pública del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está demostrando las serias irregularidades cometidas en ese gobierno en las áreas de educación y de salud.
Latabán respondió que “la AGE revisa el recurso federal, somos coadyuvantes, pero al momento de dar los resultados de la fiscalización de parte de la ASF, son turnadas a la Contraloría General del Estado que depende del Poder Ejecutivo y tiene la facultad de emitir e iniciar procedimientos”.
Añadió respecto a la facultad de la AGE que rindió un informe pormenorizado de la revisión de la cuenta pública de 2010, para efecto de la aprobación o no de la cuenta pública, sin embargo en la aplicación de la ley, la Auditoría General del Estado continúa un procedimiento administrativo contra funcionarios que estuvieron en la administración anterior.
Recordó que la AGE ha determinado llevar a procedimientos administrativos al ex secretario de Finanzas y Administración y  a cuatro funcionaros más, “pero esto conlleva a que se lleva ahí toda la información del Poder Ejecutivo, es decir que se concentre en la Secretaría de Finanzas y Administración y tuvieron hasta el día 25 de febrero para solventar observaciones que se hicieron respecto a operaciones administrativas, financieras o de obras y nosotros estamos en el análisis de esa solventación”.
Sobre su desempeño como contralor interno de la SEG en el periodo observado por la Auditoría Superior de la Federación, dijo que no temer ser sancionado por las irregularidades y explicó: “Estoy en la disposición de cualquier aclaración, primero demos la oportunidad… esto es como… dieron a conocer las observaciones que se encontraron en la fiscalización realizadas, pero falta que se venga la atapa de la solventación, que llamen a procedimientos a funcionarios responsables del manejo de los recursos, yo solamente les recuerdo que como contralor no manejé recursos directamente, de tal suerte que no sería responsable”.
–¿Pero no detectaste esas irregularidades que observó la ASF?
–En los propios informes de la ASF han reconocido el trabajo que hice como contralor interno, sobre controles internos y mecanismos de prevención, para un mejor control sobre los recursos públicos.
–¿El gobernador Zeferino Torreblanca conoció de estas irregularidades que detectó?
–Claro, sí, el secretario de Educación (José Luis González de la Vega) y el gobernador, digo, es parte de los procesos internos. Pero vamos a esperar las conclusiones de la ASF para ver si hay o no responsabilidades y estamos pendientes para que se llegue a sus últimas consecuencias.
–Por este antecedente, ¿crees que Zeferino Torreblanca Galindo sea otra vez alcalde de Acapulco?
–No, ese… no, perdón, pero ahí no, más bien me reservo cualquier opinión al respecto. Cada quien es libre de dar seguimiento a su carrera política.