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Denuncia el Congreso ante la PGJE a cetegistas por el choque del miércoles

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Gaspar Beltrán, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) contra quien resulte responsable por los delitos de daños materiales en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y retención ilegal de siete diputados locales, hechos que se dieron el miércoles cuando profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) irrumpieron en el edifico alterno del Poder Legislativo en busca de una audiencia.
Antonio Gaspar, como representante jurídico del Congreso local y a solicitud de algunos legisladores que se sintieron vulnerados en sus derechos, presentó el viernes la denuncia contra los profesores que mantienen un paro indefinido de labores desde el lunes a partir de la promulgación de la reforma educativa por el presidente Enrique Peña Nieto.
El miércoles los legisladores Ricardo Barrientos Ríos, Germán Farías Silvestre y Abelina López Rodríguez del PRD, Mario Ramos del Carmen, Oliver Quiroz Vélez y Evencio Romero Sotelo de Movimiento Ciudadano (MC), y Rubén Figueroa Smutny del PRI, fueron retenidos en el Instituto Eduardo Neri por más de dos horas por profesores de la CETEG, tiempo durante el cual aceptaron y firmaron el compromiso de asistir a debatir públicamente la reforma educativa el viernes en el zócalo de Chilpancingo.
Pero los legisladores no asistieron al debate (únicamente Abelina López), por el contrario, ese día el Poder Legislativo presentó una denuncia por los hechos del miércoles, denuncia que en el caso de la acusación de retención tendrá que ser ratificada por cada uno de los diputados.
Se buscó comunicación vía telefónica con el diputado Antonio Gaspar, pero no contestó las llamadas de la redacción de El Sur, por lo que fueron consultados algunos legisladores que fueron retenidos por los profesores.
Mario Ramos del Carmen dijo que desconocía si se había interpuesto la denuncia, a pesar de que el jueves fue el único que dijo que valorarían la acción legal, y ayer comentó que no fue consultado sobre esa decisión.
También de MC, Romero Sotelo dijo que solicitó al presidente de la Mesa Directiva que “como Congreso” se ejerciera acción penal contra los profesores, “porque fue una agresión al Poder Legislativo”.
Durante el encuentro obligado que tuvieron los diputados con los maestros el miércoles, Evencio Romero en ningún momento intervino para buscar acuerdos con los maestros, a pesar de que era el único legislador integrante de la Comisión de Educación del Congreso local que estaba en el Instituto Eduardo Neri.
Ayer, Romero Sotelo dijo retar “al autor intelectual de la agresión Gonzalo (Juárez Ocampo dirigente de la CETEG) a debatir la reforma ante los padres de familia”.
Vía telefónica llamó a los profesores “burros porque desconocen el dictamen”, y dijo que la denuncia fue para que “se aplique la ley” sin temor a las reacciones, porque advirtió que no podrán los maestros pasar por encima de las instituciones.
En ese mismo tenor el diputado priista Figueroa Smutny dijo que fue de los solicitantes de que se “hiciera lo necesario para garantizar el trabajo de los diputados”, y comentó que es penoso que los diputados se escondan “como delincuentes, por temor a que nos busquen y nos hagan lo mismo”.
Afirmó que la denuncia se realizó “para que quede el antecedente de que nosotros no vamos a ser rehenes de ningún grupo por fuerte o agresivo que sea”.
Dijo también que saben que la denuncia puede provocar “consecuencias graves”, pero que sería más grave dejarlos que “hagan lo que quieran”.
“Hay leyes, y si no las respetan, el poder del Estado debe hacer que las respeten”, dijo, y añadió que la medida que tomó la mesa directiva es para que “la fuerza pública tenga el antecedente de que ya agredieron al Poder Legislativo”.
El hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer dijo que el mensaje que pretenden dejar con la denuncia es que “no hay intocables, si se viola la ley van a tener castigo”.
Por su parte, el perredista Ricardo Barrientos dijo que “recomendamos que se dejara un antecedente de la situación”.
Se le preguntó si contemplaron la “radicalización de las acciones” que los profesores advirtieron el miércoles pasado, a lo que respondió con otra pregunta: “¿tenemos que estar de acuerdo en todos los disturbios que cualquier grupo organizado haga?, si tenemos que pagar algún costo político pues lo asumimos”, dijo.
La perredista Abelina López afirmó que no fue consultada por el presidente de la mesa directiva, ni siquiera notificada de la presentación de la denuncia que Antonio Gaspar realizara a nombre del Poder Legislativo.
Dijo estar en desacuerdo con la denuncia contra los integrantes de la CETEG, “me parecen de piel blandita (los diputados)”, porque dijo que fueron los legisladores quienes no resolvieron la demanda del magisterio, y afirmó que a sus compañeros les hace falta la capacidad de buscar el diálogo.
Consideró que lo único que están provocando es “alentar más movimiento y poner en caos al estado”, pues denunciar penalmente no es el camino para restablecer la vida político-social, “porque los maestros no le tienen miedo al garrote”.

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