Definen hoy si Elba Esther Gordillo permanece en prisión o sale libre

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

El juez federal Alejandro Castillo Vértiz determinará hoy si Elba Esther Gordillo y sus coacusados permanecen en prisión o salen libres, con base en la causa penal 11/2013.
A las 10:50 de la noche de hoy se cumplirá el plazo establecido por el juez quien, a solicitud de Gordillo, duplicó el término constitucional de 72 a 144 horas para definir su situación jurídica.
Para los coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores el plazo se agota también el día de hoy a las 11:58 de la noche; en el caso de Nora Guadalupe Ugarte, asegurada un día después, el término concluye mañana martes.
Antes de cumplirse el tiempo, el juez Sexto de Distrito de Procesos Federales en el Distrito Federal deberá dictar el auto formal prisión para sujetarlos a un proceso penal, u ordenar su libertad por falta de elementos.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, los cuatro son señalados como responsables de los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación se fundamenta en el presunto desvío de mil 978 millones de pesos provenientes de cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Para tomar su determinación, el juez estudiará las pruebas periciales de seis anexos presentadas, entre el jueves y el domingo, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cooperación con la PGR.
Por parte de la defensa, Castillo Vertiz analizará el dictamen pericial en materia contable presentado durante la diligencia de ayer, realizado por un perito elegido por los abogados de Gordillo, y donde se comprobaría que los recursos tuvieron un origen y uso lícito.
También se tomarán en cuenta las comparecencias ante el juez federal en el Reclusorio Norte, en las que Gordillo, Gallardo Chávez y Díaz Flores se reservaron su derecho a declarar.
Por su parte, Ugarte rindió su declaración preparatoria ante el juez Castillo Vertiz y el secretario de juzgado, Jorge Alberto Bernal, desde el Hospital Central Militar, donde convalece por una crisis de hipertensión ocurrida al momento de su aseguramiento.
De acuerdo con los abogados de la lideresa sindical, en el expediente de la denuncia no se incluyeron los resultados de los cateos realizados en las propiedades de Gordillo ubicadas en Polanco, ni se añadió alguna otra acusación por parte de la PGR.
Hasta el momento, no se ha anunciado la hora ni el lugar en el que se dará a conocer la determinación del juez.

Defienden licitud de fondos

Abogados defensores de Elba Esther Gordillo aseguraron ayer que la operaciones financieras y los recursos por los cuales la PGR acusa a la lideresa magisterial de delincuencia organizada y lavado de dinero, son lícitos.
Rigoberto González, abogado de Gordillo Morales, insistió en que los recursos provinieron de cuentas lícitas y que fueron utilizados de manera legal, por lo que no hay razón para que el juez federal dicte auto de formal prisión a los acusados.
“En mi experiencia, no veo elementos para que se les imputen esos delitos. El dinero es lícito; a ver de dónde van a sacar que el dinero proviene de fuentes ilícitas”, expresó ayer al salir de las diligencias sobre el caso en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales del Distrito Federal.
De acuerdo con la PGR, la denuncia contra Gordillo se hizo en torno al análisis de las cuentas bancarias 5637017000001663 y 5637017000003616 de Santander, pertenecientes al SNTE, y en las que se descubrió un desvío de mil 978 millones de pesos, que fueron utilizados en tiendas departamentales de lujo, galerías de arte, compra de aviones y cirugías estéticas.
En declaraciones a la prensa, el abogado González afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incurrió en irregularidades en el dictamen contable presentado como prueba contra la lideresa de SNTE y sus coacusados.
El litigante confirmó que la principal defensa a favor de Gordillo consistirá en echar abajo la validez de las pruebas periciales realizadas por la PGR y la Secretaría de Hacienda.
“(Hay) falta de fundamentación de los que certificaron esos documentos (en los que se sustenta la acusación contra Gordillo), porque no aparece ahí su autorización como lo señala la Ley, ni tampoco aparece el cargo con el que hicieron esas certificaciones”, dijo.
Dichas irregularidades -dijo el litigante- fueron evidenciadas en el dictamen pericial en materia contable presentado por la defensa, el cual se realizó con base en el estudio de seis anexos elaborado por la SHCP.
El desahogo de pruebas a favor de Gordillo y sus presuntos cómplices concluyó ayer, tras cuatro diligencias ante el juez Sexto de Distrito, Alejandro Castillo Vertiz.
En las audiencias, que comenzaron a las 11 de la mañana, se tenían programadas las ampliaciones de declaración de dos representantes legales de las empresas Ademex y Comercializadora TTS de México, señaladas en la acusación, así como del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, y el director general del departamento.
No obstante, las audiencias fueron canceladas, por segunda vez, debido a que ninguno de los personajes acudió el encuentro, a pesar de haber sido citados por el juez federal, dijo González.
“La audiencia de hoy tampoco se celebró porque no vinieron ni los representantes legales de las empresas, ni de la Secretaría de Hacienda. Lo único que se llevó a cabo fue la presentación y ratificación del dictamen del contador que nosotros ofrecimos”, señaló.
La ausencia de los funcionarios de la SHCP perjudicará el caso contra los acusados, agregó, puesto que se pretendían derribar los argumentos presentados por las autoridades.
Por incurrir en una falta, el juez federal les prevendrá para hacer efectiva una multa de 20 salarios mínimos, señaló.
A petición de Gordillo, autoridades del Sistema Penitenciario del DF la trasladaron en ambulancia del Centro de Readaptación Femenil de Tepepan al Reclusorio Oriente, a fin de presenciar la ampliación de las declaraciones.
La ex líder del SNTE, cuyo estado de salud es estable, permaneció tranquila durante el último día de desahogo de pruebas a su favor, dijo el litigante.
“(Ella) insiste en que se aclare la situación, porque con todo lo que cuenta el expediente, si se analiza con lógica jurídica, deberá quedar en libertad”, afirmó.
En tanto, se conoce que Francisco Arriola, padre de la senadora Mónica Arriola, es el hombre que maneja los recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) teniendo o no cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, desde que Elba Esther Gordillo tomó las riendas del sindicato hace 24 años.
En la última reunión, citada para el 27 y 28 de febrero en Guadalajara, el informe de finanzas quedó sin aprobarse.
Arriola Urbina llegó el martes a medio día a Guadalajara al hotel sede de la reunión de la 36 sesión extraordinaria del Consejo Nacional, según reportes de los consejeros, pero desde el anuncio de la detención de Elba Esther Gordillo a las 19 horas de ese día no se le volvió a ver.