Jesús Mendoza Zaragoza

Una receta para desactivar
movimientos de autodefensa

 

Estoy muy de acuerdo con muchos políticos, servidores públicos y comentaristas oficiales que se sienten altamente incómodos con los movimientos de autodefensa como los de la Costa Chica y de otras regiones del estado y del país y reclaman que deben desaparecer o desactivarse porque están al margen de la ley. Y estoy muy de acuerdo en que hay que hacer todo para desactivarlos. Hablando de movimientos de autodefensa, hay que pensar también en todo el sistema de seguridad privada que ha crecido en el país. En los equipos de guardaespaldas, en las policías que resguardan los bancos y las empresas y en los sistemas de control en colonias mediante plumas y guardias privadas. También en estos casos se trata de autodefensa, pero ya institucionalizada y regulada en algunos casos, claro, en beneficio de entes de poder. Estas expresiones de autodefensa tampoco debieran existir porque el Estado tiene la exclusividad de la seguridad.
Bueno, ahora vamos con la receta.
Lo primero que hay que colocar en el país es un proyecto de desarrollo integral de los pueblos en donde todos y todas las personas tengamos oportunidades reales para trabajar, estudiar, descansar, curarnos, alimentarnos y divertirnos. Las instituciones del Estado tienen esta finalidad en cuanto que el bien común es el punto de referencia de cada una y de todas a la vez. El desarrollo integral genera estabilidad y condiciones de paz. Y en estas condiciones a nadie se le ocurre organizar una autodefensa.
Hay que añadir una amplia participación de los ciudadanos en las decisiones que tienen que ver con sus necesidades en su vida cotidiana. La democracia participativa toma en cuenta las opiniones de todos para una toma de decisiones sobre políticas públicas, planes de gobierno, programas sociales y demás. La participación ciudadana es de gran valor a la hora de resolver conflictos y de procurar el bien común. Es un antídoto para los abusos de la autoridad y para orientar adecuadamente las acciones de gobierno. Los ciudadanos vigilan a sus gobernantes y les ayudan a mantenerse en las vías de la legitimidad y la legalidad. Y es una magnífica forma de prevenir cualquier ocurrencia de autodefensa.
Otro ingrediente fundamental es el combate contra la corrupción, sobre todo, en los ámbitos públicos. La corrupción es la madre de tantos desmanes institucionales en el país, que da paso a privilegios, omisiones, complicidades y abusos. La corrupción prostituye el servicio público y lo convierte en una amenaza para la sociedad, favorece a los poderosos y lastima a los débiles. La corrupción rompe con el Estado de derecho y genera arbitrariedades por todas partes. Esta ha sido el caldo de cultivo de la violencia y de la delincuencia organizada. Combatir la corrupción destierra los malos pensamientos relacionados con tomar las armas en las manos para defenderse.
Otro elemento necesario para desactivar los movimientos de autodefensa está en la eficacia de los cuerpos de seguridad que dan cumplimiento cabal a sus obligaciones. El Estado cumple con su responsabilidad de ofrecer seguridad a todos y a cada uno de los ciudadanos. Con cuerpos de seguridad profesionales y confiables, respetuosos de los derechos humanos y de las leyes, nadie se sentiría tentado por la idea de una autodefensa, pues no sería necesaria. A esto hay que añadir que un sistema de seguridad confiable es el que integra a los ciudadanos de manera estructural porque ellos son los primeros beneficiados del mismo.
Un sistema de justicia competente ahuyenta cualquier posibilidad de autodefensa en cuanto que excluye la impunidad ante los delitos. Esto repercute en la disminución de la delincuencia que queda inhibida debido a las penas a las que se expone. Cuando crecen las posibilidades de castigo a los delincuentes, disminuye la frecuencia de los delitos, lo cual repercute en una incidencia menos de la delincuencia, ya sea común u organizada. Con este sistema de justicia se sazona la estrategia para desactivar movimientos de autodefensa.
Estos serían algunos ingredientes básicos para que se puedan cumplir los deseos de los políticos tan celosos del Estado de derecho, tanto que repiten una cantaleta sin parar: “Nadie puede estar sobre la ley”. Con estas condiciones, están en todo el derecho de actuar contra cualquier movimiento de autodefensa, que no tendría ningún sustento ni ético, ni social ni jurídico. Con estas cinco condiciones supuestas, no habría justificación alguna para empuñar las armas con el fin de autodefenderse y abría que aplicar la ley a rajatabla. Pero si no es así, están escupiendo hacia el cielo porque se están poniendo en evidencia a sí mismos. El caso es que no existe un desarrollo integral de los pueblos que brinde oportunidades a todos, no hay condiciones de participación democrática en las decisiones públicas, la corrupción campea por todas partes, los sistemas de seguridad no funcionan y la impunidad favorece a la delincuencia. En estas circunstancias, cualquiera cae en la tentación de defenderse con sus propios medios.
Así que celosos de la ley, a desactivar la autodefensa en todas sus expresiones, si hay condiciones para hacerlo. Y si no las hay, tendrán que generarlas. ¿Cuántos años se llevarán? Porque el canturreo sobre el “imperio de la ley” se ha vuelto un espléndido pretexto de un sistema político incompetente e hipócrita porque sus personeros están fuera de la ley al no cumplir con sus obligaciones públicas.