Tlachinollan

La disputa por la reforma educativa: ¿empresarial o pública?

Las cúpulas políticas y empresariales se desviven en halagos y reconocimientos hacia el presidente de la república Enrique Peña Nieto y sus operadores políticos, Emilio Chuayffet, secretario de Educación y Jesús Murillo Karam, procurador general,  por haber procedido penalmente contra Elba Esther Gordillo,  la líder (ex) vitalicia del SNTE. Este jaque mate a la reina es interpretado como la jugada clave para recuperar el timón de la secretaría general del SNTE y de esta forma, tomar el control del sindicato más grande de América Latina en miras a conformar una nueva clientela política.
Estas elites están convencidas de que con el encarcelamiento de Elba Esther se allana el camino para implantar la reforma educativa recién promulgada y al mismo tiempo, acalambrar a todo el magisterio para desactivar sus protestas. Los políticos de viejo cuño saben que los liderazgos creados bajo el cobijo de un sistema corporativo y corrupto son útiles y necesarios en la medida que fortalecen la figura presidencial y contribuyen a imponer su hegemonía, pero caen de la gracia del Rey cuando lo desafían y cuestionan sus planes.
A nivel internacional, México es percibido como un país que ha tenido grandes avances en el ámbito educativo. Para la OCDE “las decisiones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto durante su primer mensaje a la nación, los compromisos en materia educativa contenidos en el Pacto por México y la iniciativa de reforma constitucional y los cambios administrativos anunciados en relación a la gestión del sistema educativo, son signos muy positivos de que un cambio está por venir en este importante sector”. La posición es que México debe asumir la agenda educativa global, y para ello necesita atraer gente más talentosa al magisterio. Esto exige fortalecer la selección de los docentes, el proceso de asignación de éstos a las escuelas (que no es transparente), las evaluaciones formativas y sumativas o de impacto a las que son sometidos, la calidad de los programas de formación docente, los incentivos para mejorar el desempeño y la calidad de la enseñanza, así como la profesionalización del puesto de director de la escuela.
Estos planteamientos diseñados desde los centros del poder económico y con una visión neoliberal  integran  la educación  al sistema capitalista  como un valor de cambio o un bien de consumo, que necesariamente debe generar ganancias. Por eso la disputa por la educación tiene como telón de fondo el modelo empresarial que han logrado instaurar el Banco Mundial y la OCDE entre los países más ricos del mundo. La educación no es entendida como un bien en sí mismo ni como un derecho de todo individuo, sino como un recurso estratégico para el desarrollo económico de un país. La educación está circunscrita dentro del circuito de valores generadores de riqueza, que califica y profesionaliza la fuerza laboral. Es el instrumento que sirve para acrecentar el capital.
Estos grupos de poder han logrado construir todo un entramado teórico acorde con su modelo económico que les permite armonizar ideológicamente su propuesta educativa con la generación de riquezas, manteniendo un discurso incluyente que supuestamente busca el beneficio de todos y todas. Han acuñado la peregrina idea de la calidad educativa como el nuevo paradigma que está por encima de los derechos laborales de los profesores. En aras de esta calidad, las cúpulas políticas han optado por reformar todo el sistema educativo, sin tomar en cuenta a los maestros y maestras que forman parte de este proceso pedagógico. Una reforma educativa que no consulta y más bien excluye y estigmatiza al magisterio no puede tener una base sólida para su aplicación. Es imprescindible recuperar los saberes, las experiencias, los éxitos y los fracasos de quienes han pasado su vida en las aulas y que han padecido todas las inclemencias y aberraciones de grupos políticos y líderes sindicales que han hecho de la educación un botín político.
Estas reformas solo las asumen como propias, los que no son docentes;  los líderes de los partidos políticos, los senadores, los diputados, los gobernadores y todo el empresariado, que se frotan las manos para entrarle a los jugosos negocios que dejará este nuevo modelo educativo. Son los maestros y maestras los que se sienten ajenos a una reforma que no contempla el sentir ni la visión de los trabajadores de la educación, por el contrario, son los que ahora resisten y se oponen a una reforma educativa de corte empresarial. Paradójicamente es a este sector pudiente al que más le interesa la gestión educativa, los sistemas de información, la evaluación educativa y el servicio profesional docente, porque sabe lo que representan estas reformas desde el ángulo de la privatización educativa, identifican las grandes oportunidades que existen para crear agencias privadas que puedan participar en los procesos de evaluación, en los trabajos de gestión escolar o en los sistemas informáticos.
En el escenario estatal esta lucha se torna sórdida y pendenciera por parte de los políticos que dicen ser los representantes de la sociedad. Hoy se sienten ofendidos por la irrupción de los maestros en una sede alterna donde se encontraban sesionando unos diputados. Para nada recapacitan que fueron ellos quienes no solo ignoraron a los maestros y maestras, cuando de manera subrepticia avalaron la reforma educativa, sino que causaron un agravio a sus derechos como trabajadores. Sin ningún rubor y sin dimensionar lo que representa esta reforma educativa en un estado tan rezagado social y económicamente, los diputados y diputadas se hicieron cómplice de este plan avieso que traen entre sus manos los grandes empresarios de la educación.
En lugar de analizar con objetividad la problemática educativa que priva en el estado, que tiene en total abandono a centenares de niños y niñas de la Montaña, la Sierra, la zona Norte, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero por falta de maestros y por la precaria e insuficiente infraestructura educativa, que nos coloca en el penúltimo lugar nacional de analfabetismo, de forma corporativizada y buscando congraciarse con sus líderes políticos, se plegaron a la postura presidencial. Nada les significa a la clase política de cualquier cuño partidario, la lucha de jóvenes que han perdido la vida para que se garantice la educación entre los sectores más empobrecidos. La misma lucha histórica de maestros que al ver tantas injusticias y tantos abusos y engaños de los gobiernos caciquiles, no tuvieron otra alternativa que levantarse en armas y declararle la guerra a un gobierno que prefiere matar a indígenas, campesinos, estudiantes y luchadores sociales a perder la amistad de sus jefes políticos y de los grandes inversionistas expertos en saquear las riquezas del pueblo de Guerrero. Para estos políticos no existe memoria de las luchas del magisterio guerrerense, de sus líderes emblemáticos, de su fuerza transformadora y de su contribución para la democratización del estado. Han sido los maestros y maestras quienes han sufrido la represión, el encarcelamiento, la muerte y la estigmatización de flojos y revoltosos, los que han hecho del estado un semillero de hombres y mujeres ilustres, valientes, comprometidos con el pueblo, entregados por la causa de la educación y quienes se sacrificaron en todo con tal de estar cerca de los que sufren. Su ideario se cimenta en su lucha por la justicia, contra la explotación, la discriminación y por la construcción de una sociedad igualitaria.
Nada más ajeno a este patrimonio intangible y sagrado del magisterio guerrerense que la reforma educativa de corte empresarial, que de manera autoritaria se ha logrado imponer por una clase política que ha pactado entre sus cúpulas para sacar las reformas estructurales para colocar al país en la órbita de los Estados satélites del capitalismo e incorporarse al sistema imperial que necesita de esta población desempleada para sobre explotar su fuerza de trabajo.
Las jornadas de lucha que vienen por parte del magisterio guerrerense serán determinantes. La convergencia de las fuerzas democráticas es imprescindible, se requiere acuerpar el movimiento social del estado en torno a una causa común, como es la defensa del patrimonio de los mexicanos, condensado en la educación pública. Un bien sagrado por el que las y los guerrerenses han sabido dar la batalla, han demostrado su casta de hombres y mujeres que luchan por ideales y no solo por una plaza laboral. A pesar de las campañas de desprestigio, de la criminalización de su movimiento, de la estigmatización y denigración de su profesión existe la convicción de que este esfuerzo no es por un interés mezquino, ni por obtener una fortuna. Es por el futuro de las nuevas generaciones; para que la educación siga siendo un derecho inalienable de los individuos y de los pueblos. Para que la educación sea un bien público y gratuito que haga germinar la justicia y la igualdad entre los más olvidados y olvidadas. La esperanza es que hay memoria y dignidad en el magisterio, hay camino andado y precursores ejemplares que son emblemas y símbolos que guían e inspiran este modelo de educación popular, democrática incluyente y plural, que a pesar de esto, sigue siendo vilipendiado por una clase política obtusa y atolondrada por el poder y el dinero.