Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

* “Señores, el Rey…”

“Mi responsabilidad es que México despliegue todo su potencial, no hay intereses intocables, el único interés que protegeré es el interés nacional”, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto en la asamblea nacional del PRI. Se refería no solamente a la detención de la ex presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, sino también y sobre todo a la reforma educativa, a la aplicación del IVA en medicinas y alimentos y a la participación de la inversión privada nacional y extranjera en Pemex. Ayer mismo modificó el PRI sus documentos básicos para permitir esas reformas en el Congreso. De acuerdo con Peña Nieto, ahí está alojado el “interés nacional” y el “potencial” del país.
No hay presidente, del PRI o del PAN, que en las cinco décadas recientes no haya invocado el interés nacional para justificar sus decisiones. Esa recurrente y perniciosa práctica de confundir los intereses de la nación con los del grupo en el poder ha generado resultados tan desastrosos como los que históricamente dejó el PRI y que tan entusiastamente profundizó el PAN en los doce años que estuvo en la presidencia. Con la misma enjundia de sus antecesores priístas, Peña Nieto decretó además que el PRI ha comenzado una “nueva era” en la Presidencia de la República y defendió el producto de los 70 años en que ese partido retuvo el poder. Dijo que en ese lapso el PRI hizo posible transitar de un país de caudillos a uno de instituciones, lo cual es cierto, y dejó como herencia políticas públicas de vanguardia, lo cual es esencialmente falso. Eludió, sin embargo, toda alusión al hecho de que el PRI creó un sistema político autoritario y corrupto, en el que “la corrupción no era una plaga del sistema político”, sino que “era el sistema” mismo (Gabriel Zaid). Ese sistema es el que dio a luz a personajes como Elba Esther Gordillo y cuya trágica consecuencia es la desigualdad social, el empobrecimiento de la población y el enriquecimiento de una élite asociada al gobierno y al partido: la verdadera herencia de los setenta años del PRI en el poder.
Quién sabe si la aprehensión de Elba Esther Gordillo signifique el fin de la corrupción en la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la modernización del sistema educativo, pero lo que sí queda confirmado con ese golpe de efecto es la reinstauración del viejo sistema priísta. El engolosinamiento con el que Peña Nieto dio ayer su mensaje en la asamblea priísta, y el contenido mismo del mensaje, no dejan lugar para las dudas sobre el estado de ánimo y los objetivos del PRI en la reasunción del poder. No el quimérico cambio por el que eventualmente votaron los electores, sino la reimplantación de lo viejo hasta con los mismos reflejos discursivos.
Lo prueba la caída de Elba Esther Gordillo, que no es la primera figura corporativa creada por el priísmo y derribada cuando empezó a serle un estorbo. El estrepitoso derrumbe de ese monumento viviente a la corrupción no se produjo para rendir tributo a la justicia, sino como consecuencia de un ajuste de cuentas practicado por el grupo en el poder, que no le toleró el chantaje político que con tanto éxito puso en marcha Elba Esther Gordillo durante las dos presidencias panistas, ahora exhibidas en toda su irresponsabilidad.
Con todo y las espectaculares acusaciones de desvío de recursos por casi 2 mil millones de pesos, la ex dirigente del SNTE no estaría hoy en la cárcel si no hubiera entrado en colisión política con Peña Nieto cuando era candidato del PRI, si hubiera accedido a la reforma educativa en los términos diseñados por el gobierno federal y si hubiera abandonado la actitud arrogante y todo poderosa con que mangoneó a los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, lapsos en los que se acostumbró en demasía a imponer sus intereses. La profesora Gordillo olvidó su origen y su esencia, y encalló en los arrecifes del mismo sistema que la encumbró. Porque finalmente no fue defenestrada por la exacerbada corrupción y la avaricia con que se condujo al frente del SNTE, sino por su oposición a los intereses del peñanietismo.
Elba Esther Gordillo fue impuesta en abril de 1989 a sangre y fuego en la dirección del SNTE por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien decapitó el cacicazgo que Carlos Jonguitud Barrios mantuvo por años en ese sindicato. Como en el presente, aquel movimiento tuvo por origen un reacomodo en las relaciones de poder dentro del PRI, y el resultado fue la configuración de otro cacicazgo, el de la profesora Gordillo, útil a los fines de Salinas de Gortari y severamente lesivo para los intereses y la vida del sindicato de maestros y para la educación. No puede ahora esperarse otra cosa del fin forzoso al que fue orillado el imperio de la maestra Gordillo, más que la construcción de un liderazgo artificial de las complacencias de Peña Nieto.
“Con la detención de Gordillo, el gobierno de Peña Nieto da un aviso a los poderes fácticos cuando está prevista en los próximos días la presentación de la nueva ley de telecomunicaciones, que pretende acotar el poder de los monopolios en televisión y telefonía, y más adelante la reforma energética, que permitirá la apertura de la estatal Pemex a la inversión privada”, escribió el diario El País el 27 de febrero. Otra vez quién sabe, porque a pesar de que está claro que hay un aviso, no hay certeza acerca de quiénes son los destinatarios de tal mensaje. Con más razón si en los últimos días se han hecho públicas las presiones que ejercen los monopolios televisivo y telefónico para atenuar o desaparecer de las reformas todo aquello que suponga una abolladura de sus intereses, presiones a las que estaría respondiendo favorablemente el gobierno federal. En todo caso, la ruta que adopten esas reformas, especialmente la de las telecomunicaciones, demostrarán la autenticidad del compromiso que Peña Nieto dice contraer con la aplicación de la ley y la democracia, después de la abierta alianza que ha sostenido con Televisa y TV Azteca.
Al explicar en cadena de televisión la aprehensión de Elba Esther Gordillo, Peña Nieto dijo que nadie puede estar por encima de la ley, premisa con la que nadie puede estar en desacuerdo. Pero si tal cosa es verdad, entonces deberá ser posible la modernización del país –para que “despliegue todo su potencial”– sin las ataduras que también históricamente le han impuesto los intereses de los grupos económicos dominantes. Y por consiguiente deberán producirse igualmente acciones legales similares a las emprendidas contra Gordillo, ahora contra Carlos Romero Deschamps, el dirigente del sindicato petrolero cuyos excesos y corrupción están tan documentados públicamente como los de Elba Esther. (Como si lo hubiera hecho a propósito para ilustrar justamente en estos días la clase de líder sindical que es, hace dos semanas Romero Deschamps regaló a uno de sus hijos, en su cumpleaños, un automóvil Ferrari cuyo costo es de dos millones de dólares, unos 25 millones de pesos, según informó la agencia informativa de la revista Proceso).
Pero es impensable que Peña Nieto proceda contra el que pudo haber sido el principal contribuyente financiero de su campaña, como lo ha sido siempre de las campañas priístas. Y Romero Deschamps no es el único que podría ser puesto en la mira de la ley. En realidad la lista es muy larga y en ella tendrían que aparecer Arturo Montiel, tío de Peña Nieto; el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier; el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz. Ninguno de ellos será tocado, porque son corruptos, no tontos como para desafiar al nuevo rey.

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