Subejercicio, contratos sin licitar, pagos sin contratos en el Seguro Popular durante 2011

Daniel Velázquez

Subejercicios del 42 por ciento del presupuesto, contratos sin licitación, pagos sin contrato, entrega inoportuna de medicamentos y recetas que no se surten; pago a médicos sin cédula profesional, gastos sufragados con recursos no autorizados, son algunas de las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Seguro Popular que depende de la Secretaría de Salud estatal, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
En total tiene 32 observaciones, de las cuales se solventaron 28 y la Contraloría del estado empezó 27 procedimientos administrativos, “para determinar posibles responsabilidades” de funcionarios públicos.
El informe disponible en la página de internet de la ASF, reporta la revisión al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que incluye los recursos por Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) –la f minúscula es para distinguir la siglas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Seguro Popular tuvo un presupuesto para 2012, de mil 903 millones 669 mil 700 pesos.
El Seguro Popular “busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia, y que por lo tanto no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
“Las personas afiliadas al Seguro Popular tienen acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral sus necesidades de salud. Actualmente, el Seguro Popular ofrece una cobertura médica de 284 intervenciones y más de mil 500 enfermedades, descritas en su Catalogo Universal de Servicios de Salud (Causes)”, de acuerdo con su página de internet.
La responsable del Seguro Popular en el estado es la arquitecta Alejandra Sánchez Cortez, quien asumió el cargo a mediados de 2012, en reemplazo de Romel García Martínez.
En el caso del Seguro Popular, en marzo de 2012 el ex presidente de la República, Felipe Calderón, durante la inauguración del hospital general Raymundo Abarca Alarcón declaró que existía “cobertura universal de salud en Guerrero”, e informó que el Seguro Popular atendía a 2 millones 379 mil ciudadanos en la entidad.
En el informe la ASF declaró que en el caso del Seguro Popular, su dictamen en el expediente GF 515 es “negativo”, porque “el gobierno del estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables” y en el documento lo denomina “con salvedad”.
“El gobierno del estado de Guerrero no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada desarrollan el gobierno federal y los gobiernos estatales, a fin de atender una de las necesidades prioritarias de los mexicanos, que es el cuidado de la salud, ya que, al 31 de diciembre de 2011, no se habían devengado 799 millones 363 mil 200 pesos, que representaron el 42 por ciento del total de los recursos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, y el 20.9 por ciento de las quejas recibidas por los servicios de salud de Guerrero fue porque no se proporcionó completo el medicamento prescrito, con lo que se limitó de manera sustancial la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social en salud, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran de mayor calidad”, se lee en el expediente GF-515.
Otras de las irregularidades que encontró la ASF en el Seguro Popular, señaladas en el expediente GF-515, es que 227 millones 552 mil 800 pesos se emplearon para “el pago de anticipos a proveedores, que correspondía pagar con otras fuentes de financiamiento”; 64 millones 541 mil 300 pesos para “el pago a terceros por servicios de salud (subrogación) por concepto de dispensación de medicamento, concepto no pactado para su pago con recursos del Seguro Popular”, y 35 millones 739 mil 400 pesos, “por pago de aportaciones patronales e intereses y recargos no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular”.
La ASF sugiere al “Servicio de Administración Tributaria (SAT) que instruya a quien corresponda con el propósito de que audite al gobierno del estado de Guerrero, con domicilio fiscal en bulevar René Juárez Cisneros número 62, Edificio Centro, segundo piso, colonia Ciudad de los Servicios, CP 39075, Chilpancingo, Guerrero, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que el estado no ha enterado al SAT 3 millones 247 mil 100 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por salarios pagados y no identificó haber enterado 16 millones 943 mil 200 pesos”.
Los Servicios Estatales de Salud de Guerrero ejercieron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Seguro Popular en 2011 por 35 millones 739 mil 400 pesos, en conceptos no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular 2011, de los cuales, 35 millones 726 mil 575 pesos se aplicaron para el pago de aportaciones patronales en los conceptos del ISSSTE, FOVISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo; y 12 mil 800 pesos por recargos y actualizaciones.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 35 millones 726 mil 575 pesos 90 centavos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro, por el pago de aportaciones patronales en los conceptos del ISSSTE, FOVISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro solidario y seguro colectivo, conceptos no pactados para su pago con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular 2011)”.
El expediente GF-516

En el expediente GF-516 se señala que las observaciones de la ASF señalan que 8 millones 281 mil 300 pesos se emplearon “para pagos a terceros por servicios de salud (subrogados), de los cuales, no se presentó evidencia de que se dispuso de los convenios y/o contratos o acuerdos correspondientes”; 7 millones 255 mil 600 pesos “por la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia y de medicamentos no incorporados en el Causes”; un millón 369 mil 700 pesos “pagados a 17 servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada”; 666 mil pesos “pagados en exceso al consignarse el Impuesto al Valor Agregados en las facturas con las que se adquirieron medicamentos asociados con el Causes”; 510 mil pesos “pagados a cuatro médicos que desempeñan funciones distintas a las del Catálogo Sectorial de Puestos”, y 26 mil pesos “pagados a una persona, posteriores a la fecha de su baja”.
En el expediente GF-516 se detalla que los Servicios Estatales de Salud de Guerrero pagaron un  millón 369 mil 700 pesos a 17 servidores públicos del personal eventual, a quienes se les pagó como médicos especialistas y “sólo acreditan el nivel académico de médico general”.
“En el Hospital General de Tlapa de Comonfort se detectó que una persona adscrita a dicha clínica, con la categoría de médico general, dejó de presentarse a laborar desde el 31 de octubre de 2011; sin embargo, se le efectuaron pagos durante el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2011 por 26 mil pesos, sin que la Secretaría de Salud del estado presentara el documento que justifique su ausencia”.
Otra de las observaciones que hizo la ASF es que “en los pagos por concepto de adquisición y servicios, destinados a servicios públicos y la operación de los programas, se detectó que se realizaron pagos de servicios de vigilancia por 15 millones 407 mil 100 pesos, servicios de lavandería, limpieza e higiene por 19 millones 570 mil 300 pesos y adquisición de vehículos y equipo terrestres por 9 millones 214 mil 200 pesos, sin los contratos correspondientes”.
Los Servicios Estatales de Salud de Guerrero “destinaron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal para la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia, por 101 mil 700 pesos; además, adquirieron medicamentos que no se encuentran incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), por 7 millones 153 mil 900 pesos”.
“En los almacenes de medicamentos de las jurisdicciones sanitarias número 04 Montaña y 07 Acapulco, y en los centros de salud de Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Tlatlauquitepec, Coyuca de Benítez, El Embarcadero y del Progreso, se constató que no llevan a cabo inventarios rotativos, ni disponen de procedimientos para detectar los medicamentos de lento o nulo movimiento, que permitan, en su caso, promover su desplazamiento a otras unidades médicas que los requieran y prevenir su eventual caducidad”.
“En los centros de salud de los municipios de Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Tlatlauquitepec, Coyuca de Benítez, El Embarcadero y de Acapulco de Juárez, se observó que los medicamentos adquiridos con recursos de la CS y la ASf no están clasificados por fuente de financiamiento, de tal forma que asegure el servicio de abasto a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud”.
“En el centro de salud de Tlapa de Comonfort, se detectó la falta de recetarios médicos, por lo cual prescriben los medicamentos en copias fotostáticas de las recetas que se utilizan; además, se observó el manejo de copias de recetas de otros servicios de salud”.

El impacto en los ciudadanos

Para conocer el sentir de los ciudadanos respecto al Seguro Popular como parte de la auditoría aplicada por la ASF, al uso del dinero público ejercido durante 2011, se aplicaron 351 cuestionarios.
Entre los resultados del cuestionario aplicado se encontró que los beneficiarios del Seguro Popular esperan en promedio una hora con 38 minutos para ser atendidos, quienes requirieron servicios de urgencia esperaron en promedio 36 minutos para ser atendidos.
Los beneficiarios que requirieron cirugía esperaron en promedio siete días para recibir la cirugía desde que la solicitaron.
El 9.1 por ciento de los beneficiarios encuestados que requirió cirugía tuvo que pagar por ella, y se pagó en promedio 5 mil 821 pesos.
El 45 por ciento de los beneficiarios encuestados ha tenido que recurrir a médicos privados desde que está afiliado al Seguro Popular y, en promedio, han pagado 725 pesos.
El 71.2 por ciento de los beneficiarios encuestados ha tenido que comprar el medicamento que no le surtieron, y en promedio pagaron 494 pesos.
El 10.6 por ciento de los beneficiarios encuestados ha tenido que recurrir a servicios de hospitalización privada desde que está afiliado al Seguro Popular y, en promedio, han pagado 10 mil 406 pesos.
El 50.7 por ciento de los beneficiarios encuestados recibió atención médica en un hospital general; 1.2 por ciento en un hospital regional; 46.4 por ciento en un centro de salud, y el 1.7 por ciento en otro tipo de unidad médica.
El 5.1 por ciento de los beneficiarios encuestados calificó como excelente el proceso de solicitar consulta; 75.8 por ciento lo calificó como bueno; 16 por ciento lo calificó como deficiente, y 3.1 por ciento lo calificó como inaceptable.
El 10.5 por ciento de los beneficiarios encuestados calificó como excelente la atención recibida por los médicos en las consultas; 77.2 por ciento la calificó como buena; 10.5 por ciento la calificó como deficiente, y 1.8 por ciento la calificó como inaceptable.
El 4 por ciento de los beneficiarios encuestados tuvo que pagar por la consulta recibida, y en promedio pagaron 168 pesos.
Al cuestionarles a los beneficiarios del Seguro Popular, qué tan frecuentemente recibían completo el medicamento de sus recetas, se obtuvieron los siguientes resultados: 24.2 por ciento dijo que siempre; 22.8 por ciento que la mayoría de las veces; 42.2 por ciento que a veces, y 10.8 por ciento que nunca. El promedio de medicamento surtido a los beneficiarios fue de 63.2 por ciento. Las causas que señalaron los beneficiarios para no recibir medicamento completo en sus recetas fueron: 24.9 por ciento porque no lo cubría el Seguro Popular; 73.3 por ciento porque no se tenía en existencia el medicamento, y 1.8 por ciento por algún otro.
El 3.4 por ciento de los beneficiarios encuestados ha tenido que pagar por el medicamento que le surtieron, y en promedio pagaron 441 pesos.
El 91.7 por ciento de los beneficiarios encuestados considera que sus gastos en salud y los de su familia se han reducido con los servicios del Seguro Popular.
El 92.6 por ciento de los beneficiarios encuestados considera que su salud y la de su familia ha mejorado con los servicios del Seguro Popular.

Las quejas

El 54.4 por ciento de los beneficiarios encuestados tiene al menos una queja por los servicios del Seguro Popular, y de este conjunto sólo el 6.8 por ciento la presentó por escrito. Las quejas más recurrentes de los beneficiarios encuestados es la falta de medicamentos, el tiempo excesivo para poder ser consultados y el maltrato del personal médico y enfermería.
Las cinco quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2011 a partir de la muestra de auditoría fueron: 1) Estudios de laboratorio pagados por los beneficiarios (31.1 por ciento); 2) Cobro de la consulta médica (21.5 por ciento); 3) No se surtió completo el medicamento (20.9 por ciento); 4) Cobro por operación quirúrgica (19.7 por ciento), y 5) Falta de equipamiento o material médico (5.5 por ciento).
En 2010 las principales quejas de los beneficiarios fueron: 1) Estudios de laboratorio pagados por los beneficiarios (66 por ciento); 2) Atención médica insuficiente o deficiente (19.3 por ciento); 3) No se surtió completo el medicamento (14.7 por ciento).
La ASF señala que derivado de esa revisión se observó un cambio “que dos quejas fueron recurrentes y modificaron su incidencia en las siguientes proporciones: 1) No se surtió completo el medicamento se incrementó en 6.2 puntos porcentuales y 2) Estudios de laboratorio pagados por los beneficiarios, que disminuyó en 34.9 puntos”.