Señalan abogados irregularidades en la investigación de la muerte de normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intentó culpar al estudiante Gerardo Torres Pérez del homicidio de uno de los normalistas asesinados en el desalojo policiaco del pasado 12 de diciembre y el gobernador Ángel Aguirre Rivero debió conocer la hipótesis para incriminarlo, informaron abogados de organizaciones de derechos humanos de Guerrero.
Del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aclaró que el joven de 19 años no fue consignado porque la Procuraduría nunca obtuvo una confesión clara y fluida, a pesar de los tratos crueles e inhumanos para sacarle una declaración condenatoria.
Añadió que la prueba que se le practicó a Gerardo Torres para confirmar el uso de arma de fuego resultó positiva, porque en su cautiverio lo obligaron a disparar un rifle AK-47 en un paraje en el municipio de Zumpango; “de haber aceptado, enfrentaría un proceso penal muy fuerte”.
De la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Hegel Mariano Ramírez, señaló que el estudiante de 19 años contestó algunas preguntas periféricas, nada que apuntara una responsabilidad, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en su momento, debió conocer la hipótesis que incriminaba al estudiante.
También mencionaron que en la noche del desalojo, hace 20 días, autoridades de la PGJE decían que los alumnos de la Normal de Ayotzinapa se estaban armando para atacarlos –como grupos de la delincuencia organizada–, cuando la movilización de alumnos, padres de familia y organizaciones solidarias fue para buscar a cientos de jóvenes que continuaban escondidos y temerosos en los cerros.
“Es una acusación muy grave, como inconcebible que el gobierno del estado piense que los estudiantes iban a ir a atacar a los cuerpos policiacos”, cuestionó Vidulfo Rosales.
Los abogados indicaron que el caso de Gerardo Torres ilustra la secuencia de violaciones de los derechos contra los normalistas: a manifestarse, a la integridad física, a una defensa adecuada y a la información. Además de las ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.

La detención de estudiantes

Vidulfo Rosales relató la versión construida con distintos testimonios luego que los normalistas bloquearon la carretera federal hacia Acapulco, en Chilpancingo.
En el lugar se instaló un cerco de policías federales alrededor de los manifestantes; al norte, en los carriles centrales y laterales del bulevar Vicente Guerrero, al este en un cerro y algunos en el sur, hacia la comunidad de Petaquillas.
Los policías ministeriales se colocaron fuera del cerco, en la calle contigua que conduce a la tienda Liverpool.
Luego de unos momentos, comenzó la agresión verbal de policías federales y estudiantes precisamente en la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero, junto a la gasolinería Eva, donde se incendió una bomba expendedora de combustible, y un trabajador, en un intento de sofocar el siniestro resultó con heridas de gravedad.
Los estudiantes corrieron, tomaron los contenedores de aceites y bajaron piedras grandes de un carro de volteó para impedir el paso de los uniformados que lanzaron granadas de gases lacrimógenos y comenzó la persecución.
Los primeros disparos provinieron del cerro al oeste, hacia los manifestantes que se dispersaron.
Muchos corrieron al otro lado de la carretera, hacia la otra gasolinería, donde fueron alcanzados por los policías federales, la mayoría de los estudiantes fueron sometidos, golpeados y maltratados antes de subirlos a un camión del servicio público (en posesión de los manifestantes). De ahí los trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, donde volvieron a ser maltratados y liberados luego de tres horas.
Arriba de ese autobús, testigos vieron el flamazo de la gasolineria Eva del que aseguran también intentan incriminarlos; pero en ese momento los estudiantes se habían dispersado.
En la misma gasolinera, también fueron sometidos los primeros normalistas detenidos por la PGJE y trasladados en un automóvil Tsuru, sin identificación oficial.
En la revuelta, un grupo de manifestantes subió a un camión del servicio público, entre ellos Gerardo Torres, pero su huida fue bloqueada por una camioneta de policías ministeriales en el retorno hacia Chilpancingo.
Antes de subir al autobús, el estudiante levantó un casquillo percutido, en una idea de tener evidencia de que los policías estaban disparando.
En la PGJE por medio de golpes e insultos, se ordenó a los detenidos quitarse la ropa, entregar sus pertenencias, los ministeriales descubrieron el casquillo en posesión de Gerardo Torres, lo separaron del grupo y empezó la tortura severa en su contra para incriminarlo.
Vidulfo Rosales subrayó que la tortura es de las violaciones más graves en los estándares de derecho humanos, junto a la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, existe una lucha internacional por erradicar estas prácticas en el mundo, y lamentablemente en Guerrero acaban de tener lugar, en una violación flagrante.

La defensa

Un número sin determinar de estudiantes y civiles fueron detenidos, llevados a los separos de la PGJE, obligados a mantenerse en posiciones que los cansaban, sin moverse, con la vista al suelo para no ver a los policías que en el momento que querían, pasaban a darles patadas.
Oficialmente, la PGJE reconoció la detención de 24 personas, 15 por error, y nueve normalistas de Ayotzinapa.
Los normalistas detenidos no recibieron agua ni comida hasta que llegó personal de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos del estado (Codehum), y los policías ministeriales se cubrieron el rostro con capuchas.
Gerardo Torres explicó después a los defensores, que cuando llegó la Codehum él ya había sido torturado y obligado a disparar el arma, aunque los actos crueles y degradantes continuaron, se negó a hablar para evitar que lo hicieran declarar algo que no hizo.
Hegel Mariano indicó que los defensores de organizaciones sociales pidieron al director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, asistir a los estudiantes detenidos en su declaración ministerial, pero respondió que el proceso continuaría el siguiente día, y en todo caso, los acompañaría un defensor de oficio. “Siempre negó que los estaban declarando”.
Vidulfo Rosales recordó que padres y abogados salieron unas tres horas de la PGJE y cuando regresaron tres normalistas estaban declarando.
“Ahora sabemos que los chavos pidieron que los asesorara alguien de los organismos de derechos humanos, pero les dijeron que no había ningún abogado de Tlachinollan, si querían ahí estaban los de oficio”; dos aceptaron y realizaron la diligencia, Gerardo Torres no tuvo abogado y los defensores sólo acompañaron a seis detenidos.
El primero que declaró fue Gerardo Torres. Abogados y padres de familia entraron a la Fiscalía de la Zona Centro cuando vieron salir de un cuarto al Fiscal Especial, Esteban Maldonado. El abogado de Tlachinollan también le pidió acompañar a los detenidos en sus declaraciones, el funcionario aceptó y se retiró.
Sin embargo, en el cuarto donde salió el fiscal escucharon un interrogatorio, “intuimos que era Gerardo” y en ese momento se instaló una guardia en la puerta hasta que el joven salió como a las 2 de la madrugada del 13 de diciembre.
Los abogados suponen que en ese momento cesó o disminuyó la tortura para sacarle una declaración condenatoria. Hegel Mariano añadió que contestó algunas preguntas, a pesar de su derecho de no hacerlo.
Por otro lado, reprochó la actitud “pedante” de los agentes del Ministerio Público, responsables de las primeras investigaciones. Dijo que los defensores y los estudiantes detenidos fueron tratados como enemigos, obstaculizaron su defensa, hablaron de manera despectiva de los movimientos sociales y de los normalistas, varios decían “qué chingaos andaban haciendo ahí, porque no se ponen a estudiar”.
Asimismo, indicó que se violentó el derecho a la información de los familiares y a los abogados que ni siquiera sabían quiénes estaban detenidos “por todo este manipuleo de la PGJE para criminalizar a los normalistas y justificar las agresiones de los policías”.
Hegel Mariano aseguró que el gobernador necesariamente conoció la hipótesis de que el estudiante accionó el arma, y con una de esas balas mató a su propio compañero. Pero no funcionó. Gerardo Torres fue liberado, sin una disculpa por parte de las autoridades, la noche del 13 de diciembre, sin responsabilidad en el caso.

El caso de la gasolinera

Los defensores de derechos humanos lamentaron que el trabajador Gonzalo Miguel Rivas resultara herido de gravedad en un intento de sofocar el fuego de la gasolinera, pero consideraron que los responsables del siniestro son los policías federales que cercaron la manifestación estudiantil y, particularmente, aquellos que junto a la gasolinera Eva, comenzaron a agredir y provocar a los normalistas.
Vidulfo Rosales añadió que de acuerdo con los videos difundidos en los medios de comunicación, los infractores que incendiaron la gasolinera con el rostro cubierto igual que los manifestantes, huyeron hacia el río Huacapa en dirección a los grupos policiacos del estado y no fueron detenidos.
Sobre la declaración del encargado de la gasolinera que vio a dos personas rociar y encender la bomba de gasolina, vestidos con una playera que decía Ayotzinapa, “hasta parce absurdo que los alumnos se vistieran así precisamente para cometer esta acción”, dijo Hegel Mariano.