Despiden sin justificación a ocho trabajadores del Consejo Estatal de Seguridad Pública, denuncian

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Cinco trabajadores del Departamento de Investigación Socioeconómica del Consejo Estatal de Seguridad Pública denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada y aseguraron que la directora del Centro Estatal de Control y Confianza, Yuritzia López Gómez y el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, José Luis Padilla Soberanis actúan en complicidad para beneficiar a familiares.
En conferencia de prensa realizada en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, una de las trabajadoras afectadas, Ivonne Bahena Jiménez explicó que han recibido amenazas de los directivos, quienes les dijeron que por órdenes del gobernador no podrán laborar en ninguna institución gubernamental, y fueron despedidos sin recibir alguna notificación, ni sus dos últimas quincenas.
Resaltó que en febrero fueron despedidos ocho trabajadores, pero sólo cinco decidieron dar a conocer las amenazas que recibieron por parte de la directora.
Los trabajadores despedidos son los encargados de realizar las evaluación de los policías estatales de la región Norte y Centro del estado y fueron sometidos al Sistema de Evaluación y Confianza en la ciudad de México, para poder realizar este trabajo fueron certificados.
Por su parte otra de las afectadas, Gladis Hermenegildo Gutiérrez explicó que los despidos se realizaron entre el 19 y el 23 de febrero, pero no fueron notificados, sólo de manera verbal se les informó y los guardias del Instituto Universitario de Ciencias Policiales (IUCP) donde se encuentran las oficinas no les permitieron entrar por sus cosas.
“Los expedientes que dejamos en nuestra área de trabajo pueden ser manipulados  por estas personas, nos amenazaron verbalmente”, resaltó otro de los trabajadores Gustavo Sánchez Valladares.
Dijo que desconoce la situación actual de su trabajo, ya que tampoco se les pagaron sus quincenas atrasadas ni la liquidación.
Comentó que el material que puede ser alterado son los informes que realizaban cada uno de los investigadores, ya que actualmente se realizaba la certificación de agentes estatales y de la procuraduría de la región Norte y Centro del estado.
“Nos quieren quitar las plazas que nos corresponden para dárselas a familiares de la encargada del centro y a las personas  que están trabajando con ella”, reiteró.
Bahena Jiménez resaltó que el secretario del Consejo, la directora del centro, la contadora Katia Urbina González y Julio Cesar Martínez Flores, jefe del departamento del área de Investigación Socioeconómica han conformado una mafia.
Aseguró que actualmente en el Consejo  se está presentando una serie de irregulares. “Nos cobran hasta los uniformes que portamos, nos cuesta 4 mil 500 pesos, y cuando quisimos manifestarnos en contra de esa injusticia nos amenazaron”, explicó.
Los quejosos presentaron ya su denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de presentar cinco denuncias en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), ante las amenazas.
Los trabajadores aseguran que han sido amenazados por la directora, quien les dice “Nos vamos a ver en la calle”, señalaron que han sido amedrentados, se les has tomado fotografías y han sido seguidos a sus casas, temen por su seguridad y la de sus familias, y hacen responsable a  López Gómez de lo que les ocurra.