Objetan diputados la Cruzada contra el hambre; niega Robles uso político

Itxaro Arteta / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, enfrentó ayer críticas de diputados sobre los criterios para operar la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Críticas por la falta de indicadores de medición y seguimiento de resultados, la incongruencia por pretender reducir la pobreza y al mismo tiempo aplicar IVA a alimentos, el intento por realinear programas antipobreza que impulsaron las administraciones panistas y hasta el posible uso electoral del programa, enmarcaron la comparecencia de la titular de Sedesol ante las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas de San Lázaro.
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Romero, reclamó que el PRI haya eliminado de sus estatutos el rechazo a la aplicación de impuestos a alimentos, que han registrado un aumento constante y, con ello, agudizado la pobreza.
“Pretenden gravar alimentos con un 19 por ciento de IVA; lo bueno es que están terriblemente preocupados por la pobreza extrema y la carencia alimentaria. Con esta reforma van a asegurarse de que el porcentaje, que en lugar de disminuir, aumente considerablemente. Esto es una gran incongruencia. Van a cobrar más impuestos a quien menos tiene”, acusó.
Pero la Secretaria de Desarrollo Social no respondió a este señalamiento; con quien sí intercambió comentarios y precisiones fue con la panista y ex titular de la dependencia, Beatriz Zavala.
Robles había criticado primero que el programa contra la pobreza extrema del gobierno anterior sólo atendió a 100 municipios, a lo que Zavala reviró que al menos sí eran los más pobres.
“¿Qué es verdaderamente la Cruzada contra el Hambre?, ¿es simplemente una nueva e incluso tendenciosa alineación de los programas existentes en el sexenio pasado? Estos mismos programas sociales sí atendían a los más pobres de nuestra sociedad; sin embargo, hoy parece ser que se busca redirigirlos a las grandes ciudades urbanas donde desde luego, por el volumen, la rentabilidad política se maximiza”, dijo la diputada.
Además consideró que hay una contradicción con otros programas, como Oportunidades, que se dirige a familias de localidades con mayor rezago social, mientras que la Cruzada incluye a otros con poco rezago y no está claro si entonces se le va a quitar el apoyo a quien ya lo tiene para dárselo a nuevas familias, ya que no se destinaron recursos extras.
Robles defendió que bastaba con la revisión que están haciendo de esquemas como Procampo, que seguía dando dinero a tierras que ya no son de cultivo, a Oportunidades que dejó de atender 400 mil familias, o al Programa de Apoyo Alimentario y Liconsa que tenían presencia en colonias no pobres del Distrito Federal.
Las panistas Eufrosina Cruz y Margarita Licea así como el petista Héctor Hugo Roblero Gordillo coincidieron en señalar los riesgos de que el programa se utilice como botín político ante las elecciones de julio próximo en 14 estados.
“El acento que ponemos es en la operación, es en la aplicación, en el seguimiento, en la vigilancia y en la transparencia del programa”, dijo por su parte el perredista Uriel Flores.

Justifica la inclusión de zonas urbanas

Ante las críticas por haber incluido en la Cruzada a municipios urbanos que no tienen alto rezago social, Rosario Robles defendió que es una cuestión de derechos.
Asimismo, rechazó que el programa dirigido a 7.4 millones de personas, tenga fines políticos.
“Igual derecho tienen esas comunidades aisladas y dispersas, porque son mexicanos, que los que viven en las zonas de pobreza extrema en las ciudades y que también son mexicanos”, expresó.
Afirmó que sólo irán al porcentaje de población de esas ciudades que está en pobreza extrema, por lo que visitarán a 2 millones de familias para comprobar quiénes son los que realmente necesitan la ayuda.
Aún así, dijo que los estados más importantes de la Cruzada son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se ubica el 60 por ciento de municipios seleccionados, y que los indígenas son prioritarios, de manera que conforman el 21.6 por ciento de su población objetivo.
Sobre los mecanismos específicos para aplicar la estrategia, indicó a los diputados que están definidos en los acuerdos integrales que están firmando con los gobernadores de cada estado, aunque no dio detalles y dichos acuerdos no han sido dados a conocer.
La veda electoral, dijo, se seguirá aplicando como se ha venido haciendo de no entregar apoyos durante épocas electorales; además consideró que siempre estarán sujetos a la contraloría social, a la supervisión de los gobiernos locales, que son de todos los partidos.