Desdeña Gaspar la opinión de diputados y defiende la demanda contra los maestros

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Esta-do,  Antonio Gaspar Beltrán, di-jo mediante un comunicado que tiene la facultad de decisión y que seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar la integridad del personal y de la institución legislativa.
Respondió así a la petición de los dirigentes de la Coor-dinadora Estatal de Trabaja-dores de la Educación Guerrero (CETEG) de que se retire la denuncia penal que presentó contra maestros en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicitud que también apoyan cinco de los siete diputados que fueron retenidos.
Desde el viernes por la tarde, cuando trascendió que el Poder Legislativo presentaría una denuncia contra los profesores que dos días antes habían irrumpido en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, donde retuvieron por más de dos horas a siete diputados, El Sur buscó tener comunicación con el diputado Gaspar Beltrán.
Todavía ayer se intentó tener comunicación vía telefónica, pero nunca respondió.
Desde temprano circuló un comunicado que el legislador difundió desde su correo electrónico, y que fue retomado por varias estaciones radiofónicas.
En el comunicado de ocho puntos, Gaspar afirma que el Congreso local “ha establecido diálogo y mesas de trabajo con los grupos y sectores sociales que así lo han solicitado”, y afirma que ha fungido como mediador en problemas con el Ejecutivo estatal y federal, que no le corresponde resolver.
Afirma que el Congreso de Guerrero es respetuoso de los derechos humanos y las expresiones de inconformidad.
Sobre el bloqueo de las instalaciones del Poder Legislativo desde el lunes 25 de febrero en oposición a la reforma educativa que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, apuntó en el comunicado que “es un asunto netamente de índole federal y que ya fue promulgado”, pero no mencionó que el Congreso local fue uno de los primeros del país que aprobó  la reforma constitucional en su sesión del 10 de enero.
Explica que la denuncia de hechos que presentó fue “por las agresiones que sufrieron diputados, trabajadores, hombres y mujeres el pasado miércoles 27 de febrero”, ello a pesar de que cinco de los legisladores “agraviados” nunca solicitaron que se iniciara un procedimiento judicial y sólo dos de ellos, Rubén Figueroa Smutny y Evencio Romero Sotelo pidieron “que se tomaran las medidas necesarias para garantizar su trabajo”.
En el comunicado, el ex priista Gaspar sugiere que los manifestantes no eran profesores pues afirma que “la agresión” fue a “a manos de presuntos integrantes de la CETEG”.
En el escrito, que tiene como remitente la cuenta de correo electrónico personal del legislador, se reitera que “la denuncia no es contra la manifestación de la inconformidad magisterial, sino contra un hecho violento e innecesario en el que varias personas resultaron afectadas”.
Y afirma que “hubo daños considerables en instalaciones públicas”.
El lunes el legislador priista Héctor Astudillo Flores había comentado que la denuncia que presentó Antonio Gaspar a nombre del Congreso no ayudaría en nada a la solución del problema ni facilitaría el diálogo con los maestros; también manifestó su inconformidad porque no fueron consultados los demás diputados.
También el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, externó su desacuerdo por la denuncia de hechos presentada por Gaspar Beltrán.
El martes, cinco de los siete diputados que fueron retenidos por los maestros (los legisladores Ricardo Barrientos Ríos, Abelina López, Germán Farías Silvestre, Oliver Quiroz Vélez y Mario Ramos del Carmen) dijeron estar de acuerdo en que se retire la denuncia si eso ayuda a restablecer el diálogo, y coincidieron en que no fueron consultados, ni siquiera notificados de la presentación.
Gaspar Beltrán respondió a sus compañeros que la Mesa Directiva respeta las “opiniones personales de algunos legisladores”, pero afirma que la denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) utilizando la facultad que la ley orgánica del Poder Legislativo le otorga como representante legal.
Y advierte que continuará tomando decisiones “que contribuyan a garantizar la integridad del personal y las instalaciones del mismo Congreso”.
Y finaliza reprobando a nombre del Congreso cualquier “manifestación violenta, venga de donde venga”, y afirmó que el Legislativo “pugna porque las diferencias y los conflictos sean resueltos por la vía del diálogo”, aunque la crítica de sus compañeros es precisamente en el sentido de que las denuncias judiciales complicarán la comunicación con los maestros inconformes que rechazan la reforma educativa.