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Comparten preocupación por que se infiltre el crimen en grupos de autodefensa

El diputado federal del PRD, Jorge Salgado Parra, afirmó que los grupos de autodefensa de la Costa Chica y Coyuca de Benítez buscaron a los legisladores porque temen que el movimienteo sea utilizado por grupos que realizan actividades ilícitas.
Entrevistado tras la reunión con el grupo Cuicalli, confirmó que en la reunión del martes en la Cámara de Diputados con el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizacio-nes del Estado de Guerrero (UPOEG) y líder de la autodefensa en la Costa Chica, Bruno Plá-cido Valerio, y de la Unión de Pueblos de Coyuca de Benítez, Carlos García Jiménez, les solicitaron la mediación con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que también solicitaron que se legisle para que constitucionalmente se reconozca a la policía comunitaria y que “se delimite su existencia en las comunidades y municipios indígenas” y que incluso esa fue su principal solicitud.
“Porque nos explicaron que ya hay otras personas metidas en este asunto, y ellos quieren definir cuál es su movimiento y que se le reconozca el derecho a quien lo tiene”, dijo.
Señaló que la preocupación que los dirigentes les expresaron es que la autodefensa ya no está operando únicamente en comunidades indígenas y que hay mestizos que se están involucrando.
Se le preguntó si existe el riesgo de que esos grupos sean captados por la delincuencia organizada y afirmó que podría darse el caso y es por eso que las comunidades indígenas lo están viendo con preocupación pues podrían involucrarse personas que se dedican a actividades ilícitas.
Comentó que hay “mucha desconfianza de esos grupos” por la integración de comunidades mestizas, y por eso urgieron el reconocimiento de la policía comunitaria y que en la Constitución se especifique que sólo podrán existir con población originaria.
Dijo que el acuerdo es que la propuesta que se presente en el Congreso local, la Cámara de Diputados y el Senado debe ser previamente consultado con las organizaciones indígenas, la policía comunitaria y la autodefensa.
Pero anticipó que las policías comunitarias tendrán la facultad de detener, no de juzgar y sancionar, pues “para eso hay instituciones, porque vivimos en un país democrático, tenemos instituciones que inician averiguaciones previas, jueces”.
Afirmó que eso no se va a modificar “porque está en la Constitución”, cuyo artículo 2 “reconoce que pueden tener su forma de patrullaje y prevención del delito”, pero dijo que cualquier modificación  no podrá trastocar a las instituciones existentes, “quien va juzgar, a ejecutar las acciones jurídicas, será un Ministerio Público”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

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