Asesinatos, secuestros y policías al servicio del crimen, denuncia autodefensa ante la CNDH

Zacarías Cervantes

Ahuacachahue, Ayutla

En medio de una lluvia de reclamos por la impunidad, la colusión de las autoridades con los criminales, el atraso y el abandono en que los tiene el gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se reunió aquí con los integrantes del movimiento de autodefensa, en donde recibió un informe de las causas que originaron el movimiento y las actividades que ha realizado en contra de la delincuencia en esta zona de la Costa Chica del estado.
Los pobladores relataron cómo han sido asesinados sus familiares, cómo han sufrido los secuestros e incluso que los policías municipales y ministeriales están al servicio de los criminales.
Mientras tanto, el ombudsman nacional, quien vino a esta comunidad presionado por los integrantes del movimiento, puesto que sólo tenía previsto acudir a la cabecera municipal, reconoció que el atraso en que están provocó los levantamientos de autodefensa armada y justificó su surgimiento.
El presidente de la CNDH fue recibido con mantas y pancartas que portaban algunos de los aproximadamente 800 asistentes en la cancha techada de este poblado ñu saavi.
En una de las pancartas se leía, “Dónde ha estado todo este tiempo que hemos sido víctimas de la delincuencia”, en otra, “Basta de tanta violencia, ningún desaparecido más, tenemos derecho a vivir en paz” y en una más, “Hasta cuándo regresará la paz”.
En una manta que fue colocada arriba del presidium escribieron, “Ya basta de tanta violencia, ya no queremos más desaparecidos. ¡Exigimos a la CNDH una investigación verdadera y profunda para localizar a nuestros familiares!”.
A la reunión asistieron autodefensas y ciudadanos de los municipios de Tecoanapa, San Marcos, Copala, Cruz Grande, Azoyú, Juchitán y Cuautepec, entre los que había víctimas de secuestros, familiares de levantados o asesinados, víctimas de robos y asaltos.
Según la dirigencia son más de 100 cuyos casos se encuentran documentados y fueron entregados al presidente de la CNDH, a fin de que intervenga ante las autoridades correspondientes para que sean investigados.
Algunos de los asistentes hicieron uso de la palabra para denunciar públicamente sus casos que permanecen en la impunidad.
En su intervención, Plascencia Villanueva salió al paso de los señalamientos de que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos protegen a los delincuentes, y reconoció que el surgimiento de los grupos de autodefensa se debe a varios factores “además del abandono, de la falta de caminos, de la falta de desarrollo, hay una pobreza acentuada durante décadas y tal vez durante siglos”.
En el presidium, además de los dirigentes del movimiento Bruno Plácido Valerio, Gonzalo Torres Valencia y Manuel Vázquez Quintero, estuvo el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández y el visitador general de la misma, Hipólito Lugo Cortés.

No defendemos delincuentes: CNDH

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva dijo que el organismo está con los ciudadanos para apoyarlos y que no haya más impunidad, “para que haya una justicia adecuada, nosotros no somos defensores de los delincuentes, que quede eso bien claro, nosotros defendemos a las víctimas, a quien es víctima del delito o a quien es víctima del abuso del poder o de la indolencia del poder”.
Criticó que habiendo presupuesto, recursos públicos, habiendo planes y programas, éstos no se cumplen y no se llevan a la práctica por las autoridades.
Plascencia Villanueva agregó que asume todas las propuestas y planteamientos que le hicieron en esta reunión, “aquí no somos de esos servidores públicos que se esconden, que no dan la cara o que rehuyen a los problemas” y anunció que un equipo de la CNDH va a estar esta zona, pendiente de lo que está sucediendo.
Dijo que hará una petición a los funcionarios federales y estatales para que visiten estas comunidades y constaten la realidad que se vive y atiendan personalmente todos los reclamos que recibió.
“En todo el camino desde antes de Ayutla encontré una buena cantidad de guerrerenses, desesperados por la injusticia y por la impunidad, que decidieron armarse para cumplir una función que no les corresponde, pero que la autoridad no la lleva a cabo y la única medida fue desesperadamente tomar las armas”, expresó.
Después dijo que no hay justificación para que un gobierno incumpla con su función de brindar seguridad pública y dijo que si no está en condiciones de hacerlo, “que nos lo digan a todos, para que entonces sí, veamos quién se hace cargo de esos temas”, exigió.

Secuestros y asesinatos en la impunidad

En una cancha techada, frente al centro escolar Ndog Yotium Tichi, que en mixteco significa Ahuacachahue, una a una, las víctimas o familiares de éstas contaron sus historias al presidente de la CNDH.
Por ejemplo, Ramiro Ramírez Campos de Tecoanapa denunció que su hermano Brígido, que era taxista, fue asesinado en San José la Hacienda del municipio de donde son originarios.
Relató que le pidieron un servicio, le dispararon y luego le incendiaron su taxi, el 8 de julio del 2010. Dijo que aunque su papá, Pedro Ramírez interpuso una denuncia, bajo la averiguación previa Alle/SC/1652010, sigue sin avanzar, por lo que demandó la intervención de Plascencia Villanueva para que se agilice la investigación.
Otra víctima de la delincuencia es Armando Vega Navarrete, originario de Ayutla, denunció que fue secuestrado en el 2010 y que hasta la fecha no se le ha hecho justicia.
Sabás Onofre Matías, vecino de la comunidad de Azozuca denunció que le secuestraron a su hijo y que a pesar de que pagó el rescate lo asesinaron, tampoco ha logrado que avancen las investigaciones y le dijo al presidente de la CNDH que más que palabras y discursos quiere ver hechos.
Natividad Susana Castro Basilio dijo que el 29 de agosto del 2012, su hija de 15 años que iba en la preparatoria Ricardo Flores Magón de Ayutla desapareció, estudiaba el primer semestre cuando se relacionó con sujetos extraños.
Agregó que fue hasta hasta noviembre de ese mismo año que pudieron denunciar el caso ante el Ministerio Público porque recibían muchas amenazas. Sin embargo, todavía no tiene ningún indicio de su paradero.
Un profesor de Ayutla recordó que desde el 30 de septiembre del 2007 se llevaron a su hijo, “fui a presentar la denuncia ante el MP y por la tarde llegó a mi casa uno de los secuestradores y con un encendedor prendió la denuncia que extrañamente él llevaba y me dijo que si seguía insistiendo en la denuncia iba a matar a mis hijos y a mis nietos”. Dijo que cuando fue amenazarlos llegó a bordo de una patrulla de la Policía Ministerial y dos de la Municipal de Ayutla.
Urbano Solano Gallardo, del poblado de Tlachimala, municipio de Ayutla denunció que su hijo desapareció el 11 de enero, “y dos días después lo encontré desecho”.
María Luisa Gutiérrez, también de Ayutla narró, “me mataron a mi hermano, y a mí me secuestraron”.
Un padre de familia expuso “me mataron a mi hija y me quedé al cuidado de sus dos niños”.
En total pasaron una veintena de víctimas o familiares, aunque el informe que se entregó al presidente de la CNDH fue de 110 casos, informó la dirigencia del movimiento.
Casi al final de la reunión, el profesor Pedro Morales Melo solicitó al presidente de la CNDH que intervenga para que las autoridades federales y estatales constituyan un fideicomiso para que mediante esta figura se ayude a las víctimas y a sus familiares. Dijo que los huérfanos de los asesinados o hijos de desaparecidos deben contar con una beca para poder continuar con sus estudios.
Agregó que las viudas necesitan de proyectos productivos para que se puedan sostener, por lo que pidió a los asistentes que aprobarán su propuesta levantando la mano y luego demandó al presidente de la CNDH que intervenga ante las autoridades para que se cree este fideicomiso, “porque hasta ahora lo que nos han propuesto son sicólogos, pero no estamos locos, lo que queremos es ayuda para las víctimas que apenas sobreviven  porque ya no está el sostén de su familia”.
Por su parte, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio explicó que el movimiento ha rebasado su primera etapa y que ya pasó a la segunda que es la del establecimiento de un sistema de seguridad y justicia. Informó que terminando ésta, la tercera etapa será la de lograr el desarrollo integral de estos pueblos.
Añadió que el movimiento va a tener que revisar lo que se va a hacer con los presidentes municipales y los ministerios públicos que no hacen su trabajo “y algunos de ellos hasta son cómplices de los chicos malos”, acusó.
El dirigente le dijo al presidente de la CNDH que el movimiento no es ilegal, puesto que tiene su sustento en la Ley 701 del estado y que en asambleas de los pueblos se está definiendo un sistema de seguridad y justicia.
“El nuestro no es un movimiento para crear problemas, sino para dar soluciones”, dijo,  y pidió la intervención de Plascencia Villanueva para gestionar los servicios básicos para estas comunidades y lograr el desarrollo.
Plácido Valerio informó que el próximo domingo se van a reunir en la comunidad de Buena Vista con el fin de deliberar allí el caso del Sistema de Seguridad y Justicia y la nueva ruta que deberá seguir el movimiento.