Carlos Reyes Romero

Las falacias y el cinismo del PRI de Peña Nieto

Les cabe toda la razón al presidente del PRI, César Camacho Quiroz y a Mario Moreno Arcos, presidente municipal de Chilpancingo y representante de los ayuntamientos priistas de Guerrero, cuando afirman que en la reciente XXI Asamblea Nacional los delegados priistas no aprobaron la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.
Pero en honor a la verdad, debieron haber dicho que lo que sí se aprobó fue eliminar del numeral 154 del Programa de Acción del PRI, la única mención al IVA que había en los 438 numerales del documento, la cual rezaba: “El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.
Así, aunque no hayan hecho ninguna declaración directa a favor del mencionado IVA, lo real es que el PRI ya no se opone a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas; lo cual ciertamente no es lo mismo pero es igual.
Para coronar el plato, los participantes en la XXI Asamblea Nacional también repudiaron el numeral 302 de su Programa de Acción, que era lo poco del nacionalismo revolucionario que les quedaba, para apresurarse a poner la renta petrolera a disposición de los grandes consorcios extranjeros y nacionales, quienes realmente mandan en el país.
Sin miramientos, de un solo plumazo y bajo el ojo supervisor del presidente Enrique Peña Nieto, la cúpula priísta borró el mandato que estipulaba: “De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera.”
César Camacho Quiroz, Peña Nieto y los salinistas que ahora dirigen abiertamente al PRI y al gobierno, están felices. Vuelven a tener el poder de malbaratar el país. Pero son tan inútiles que ni siquiera eso podrán lograr.
Afortunadamente, muchos, muchísimos mexicanos, entre ellos muchos priístas, se opondrán a tan sombríos designios.
Lo que no entiendo es por qué el alcalde Mario Moreno Arcos, se empecina en hundirse en semejante estercolero. Allá él; de todas maneras no le van a dar la candidatura del PRI para la próxima gubernatura. Al tiempo; por lo pronto ya tiene en contra a los Figueroa, a Manuel Añorve y a Héctor Astudillo.
¿En qué piensan quienes nos gobiernan? ¿De veras creerán que el país y los mexicanos somos los mismos de hace cinco décadas, cuando se incubaron las negativas reformas hacendarias que todavía nos rigen? Veamos:
Luego de un largo proceso de gestación, en diciembre de 1978 se promulgó por fin la Ley de Coordinación Fiscal, que en los hechos terminó de despojar a los estados y municipios de la potestad de cobrar impuestos y dejó en manos del gobierno federal el 80% de la recaudación federal participable, dejando el 20 por ciento restante a las 32 entidades federativas y a los 2 mil 445 municipios del país. Desde la década de los 90 se le ha arrebatado al gobierno federal, mediante los diversos fondos que integran el ramo 33, no más de un 8 por ciento adicional. Es un verdadero estrangulamiento fiscal.
En 1982, se aprobaron las reformas al Régimen de Consolidación Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las cuales se autorizó a los grupos consolidados de empresas (aquellas donde un solo accionista concentra la mayoría de las acciones) diferir ilimitadamente el pago de impuestos. El resultado fue que durante 30 años los grandes consorcios nacionales y extranjeros prácticamente no pagaron impuestos y cuando Calderón les reclamó, simple y sarcásticamente le respondieron: “La Ley lo permite.”
La Nueva Hacienda Pública Distributiva implementada por Fox, les otorgo más prebendas: en la Ley del ISR, aprobada en enero de 2002, se disminuyó la carga fiscal de las empresas al 30 por ciento; se les quitó el pago del 5% por los dividendos obtenidos en la Bolsa de Valores; se les permitió deducir el total de las inversiones; se les exoneró de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y, de remate, se les autorizó a deducir de impuestos “las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.”
Además de que las mineras se llevan gratis el oro, la plata y el bronce del país, no pagan el ISR y solo se les cobra una mísera cuota por concepto del derecho de minería, la cual es un insulto a la dignidad nacional. En el 2011 la producción minera en México fue de 13 mil 900 millones de dólares, mientras la inversión mundial en minería ni siquiera alcanzó los 9 mil millones de dólares. De ese tamaño es el saqueo de nuestros recursos no renovables.
Una sola empresa nacional, Pemex, genera el 7.7 por ciento del producto interno bruto y aporta el 40 por ciento del gasto público.
Aún así, afirma César Camacho Quiroz que dado que Pemex entrega el 100 por ciento de sus ingresos a Hacienda, hay que abrir esta empresa social a la inversión privada a fin de que de esa manera obtenga recursos frescos para inversión. ¡Qué enorme falacia y cuánto cinismo!
Compartir la renta petrolera, las ganancias de Pemex, con el capital privado no sólo reducirá los ingresos y el gasto público, sino que estrechará más aún las posibilidades de inversión de la empresa. ¿Acaso no saben hacer cuentas?
Urge poner fin al confiscatorio régimen fiscal de Pemex, para que esta empresa pueda reinvertir y consolidar su desarrollo. Lo otro sería traición a la patria.
Por otra parte, la actual recaudación fiscal, lo mismo que hace 50 años, sigue siendo insuficiente porque se recauda mal y se distribuye peor.
Los excesivos privilegios fiscales que se otorgan a las empresas consolidadas y a las mineras, son un innecesario derroche de los recursos que el país necesita para el financiamiento de su desarrollo. Estas empresas facturan el 53 por ciento del producto interno bruto y sólo pagan el 1.78 por ciento de impuestos.
Se continúa cargando el mayor peso de la recaudación fiscal, como siempre, sobre el más de un millón de empresas que no pueden acceder al régimen de consolidación fiscal, las personas físicas y los asalariados, es decir, sobre los casi 38 millones de causantes que en conjunto generan el 39.3 por ciento del PIB y aportan el 58.22 por ciento del gasto público.
En esta mala recaudación hacendaria tiene su origen la creciente desigualdad social que padecemos y que es caldo de cultivo para el fermento de la inconformidad.
Además, los privilegios fiscales que gozan las empresas consolidadas y las mineras, constituyen una enorme sangría para los ingresos de los estados y municipios, porque son recursos que dejan de incluirse en la recaudación federal participable, de donde se distribuyen las participaciones entre el gobierno federal y los de los estados y municipios y de donde también proviene el Ramo 33, lo cual genera graves desequilibrios en el desarrollo regional.
No se debe ni pueden permitir las pretensiones de los salinistas.