Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Gobierno y maestros: montaje para la represión

El súbito envalentonamiento mostrado la noche del jueves pasado por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero frente a los maestros podría tener su explicación en el deseo de quedar bien con el gobierno federal, o en una consulta realizada con el fin de requerir la autorización central para aplicar en Guerrero una versión de la mano dura empleada por el presidente Enrique Peña Nieto contra la profesora Elba Esther Gordillo. El gobierno federal, a su vez, encontraría en la incitación proveniente de Chilpancingo el instrumento oportuno para dar una lección al magisterio disidente que rechaza la mal llamada reforma educativa. Más llanamente, Aguirre Rivero pudo haber ofrecido a Peña Nieto sofocar por la fuerza un movimiento que tiene aquí su manifestación más extendida y más aguerrida, antes de que contagie al resto del país.
Solamente así se le encuentra lógica al hecho de que un día antes, el miércoles, el gobernador Aguirre Rivero se haya reunido en Acapulco con los maestros de la CETEG y acordado con ellos un segundo y decisivo encuentro el viernes, sólo para cancelarlo a las once de la noche del jueves de una forma extraña, a través de una entrevista que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, solicitó a este diario vía telefónica.
Carece de racionalidad el procedimiento empleado por el gobierno para romper el diálogo que un día antes había establecido con los maestros, y suenan a simples pretextos los argumentos expuestos para ello por Salgado Gómez. El principal de esos argumentos es que los maestros no ofrecieron ninguna señal de distensión al mantener el jueves bloqueado el Palacio de Gobierno y el Congreso del estado, lo que no había sido pactado en la reunión del miércoles pero que probablemente habría sido el tema principal de las pláticas del viernes. A lo largo de ese jueves, los bloqueos no parecieron perturbar al gobierno ni intranquilizarlo como para declarar rotas las negociaciones. Sólo a las once de la noche llegó repentinamente a la conclusión de que no podía tolerar unas horas más tales bloqueos (cuando fueron instalados el 25 de febrero, once días atrás), y Salgado Gómez hizo la llamada a la redacción de El Sur para anunciar la cancelación de la reunión del viernes y por consecuencia la ruptura de las pláticas conciliatorias con el magisterio disidente.
Salgado Gómez dijo que además de suspender ese encuentro, el gobierno empezaría a descontar a los maestros en paro los días que no trabajaran, y que se cumplirían las órdenes de aprehensión emitidas contra los dirigentes del movimiento, originadas en demandas interpuestas ante la Procuraduría local por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por Caminos y Puentes Federales y por el Congreso del estado. Para estigmatizar los bloqueos de la CETEG, el funcionario mencionó los casos de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, donde supuestamente las movilizaciones de los maestros contra la reforma educativa se realizan sin tomar instalaciones, sin suspender clases y sin “transgredir la ley”. Eso le permitió decir a continuación: “No es posible que los responsables de aplicar la ley se tengan que hacer para atrás frente a las amenazas, porque se dice que se va a radicalizar, de ninguna manera, la ley se va a aplicar en todos sus términos, los descuentos se van a hacer y las órdenes de aprehensión federales (se van a ejecutar)”. Manifestó que después de la reunión del miércoles, el gobierno esperaba de los maestros “alguna correspondencia que evitara este tipo de hechos, pero no fue así, no hubo ninguna señal de entendimiento, de restaurar el orden, de evitar ese tipo de violaciones a la ley que afectan a todo mundo y los daños que se están causando son graves”. Entre esos daños, relató el inverosímil caso de un presunto asalto contra un empleado público en las cercanías del Palacio de Gobierno, a quien le habrían quitado más de 2 millones de pesos en efectivo. Por lo tanto, concluyó: “Esto ha obligado a que el gobierno del estado cancele la reunión que se tenía pensado llevar a cabo el día de mañana (viernes), no hay condiciones definitivamente ni se acepta ese tipo de respuestas de llevar más allá el movimiento, porque estaríamos simplemente sometiendo todo principio de ley a las arbitrariedades que por parte de ellos se están cometiendo”. Pero lo que Salgado Gómez llama “arbitrariedades” habían cumplido ya once días, y el gobierno reaccionó con un estallido de intolerancia y rompió con los maestros justo cuando se habían abierto las negociaciones y se avizoraba un arreglo. En esas circunstancias, la respuesta a la pregunta de por qué obró de esa manera el gobierno de Aguirre Rivero y por qué rompió las negociaciones, quizás se halle en la hipótesis planteada en la primera frase de estas notas.
La reforma educativa está aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el gobierno de Peña Nieto, y por lo tanto es un asunto legislativa y legalmente cerrado. En el ámbito local, los maestros reprochan que el Congreso –que está bajo el control de la izquierda, recordemos, no del PRI– haya sido el primero, o de los primeros en conceder su aval a las reformas, y que lo hayan hecho de una forma acrítica, sumisa y servil como en efecto ocurrió. Es imposible creer que Aguirre Rivero no haya tenido nada que ver en la rapidez con la que procedieron los diputados locales, pues es conocida su obsequiosidad hacia Peña Nieto, como quedó probado con el respaldo público que dio a la detención de la profesora Gordillo. Pero aún falta la reglamentación de la reforma, y es ahí donde los maestros (de la CETEG y del SNTE) quisieran ver recogidas sus demandas o atenuar el impacto laboral de los cambios hechos a la ley.
Formalmente, ni Aguirre Rivero ni el Congreso local están habilitados para dar a los maestros garantías de que la ley reglamentaria reflejará sus demandas. Es un asunto federal, pero también fácil de encarar. Y en esa perspectiva podría suponerse inútil la movilización magisterial en Guerrero, o desproporcionada la dimensión que ha adquirido el conflicto. Pero lo que los maestros exigen es ser atendidos y escuchados, en primer término por los diputados locales, y acordar lo que se pueda acordar. Pero han sido ignorados. Los diputados locales se han revelado ladinos e insensibles ante ese clamor, y con su indiferencia han ofendido a los maestros. Es imperdonable el episodio en el que un grupo de cetegistas perdió los estribos al irrumpir en una reunión de legisladores, pero es imperdonable para las dos partes involucradas, pues los diputados se empecinaron en no recibirlos, en no hacerles caso, y en los hechos hicieron escarnio de las necesidades de esos que también son sus representados. Más aún, en un acto de absoluta intolerancia, el Congreso, y más precisamente aquellos diputados que comparten y aplauden esta decisión, arrojaron sal a las heridas al demandar penalmente a los maestros con la justificación del “Estado de derecho”, una figura banalizada al utilizarla tan licenciosamente. Con esa decisión el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, y el presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar, convirtieron al Congreso en un indigno instrumento represivo.
La errática personalidad de Ángel Aguirre despertó el miércoles la expectativa de una solución al problema planteado por los maestros, y el jueves la sepultó de forma inexplicable. Inexplicable desde el punto de vista público, pero explicable desde el interior del gobierno. Pues es posible que la cancelación de las pláticas con los maestros obedezca también al temor de Aguirre de estar infringiendo la línea marcada por el gobierno federal. Un acuerdo con los maestros disidentes, cualquier acuerdo por tenue o inofensivo que sea, es un precedente quizás inadmisible para la estrategia dominante de Peña Nieto. En cambio, es más rentable la línea dura. De ahí la premura de Humberto Salgado la noche del jueves pasado por dar marcha atrás a los avances, por estigmatizar el movimiento de los maestros y por sembrar argumentos para la represión.

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