Hay trabajadores que dan becas y modifican calificaciones, acusa el director de Arquitectura

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El director de la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Luis Urióstegui Train, realizó una reunión informativa con alumnos y un grupo de maestros que lo apoyan, para aclarar las acusaciones de trabajadores que quieren mantener sus privilegios y fortalecer a un grupo político dentro de la unidad académica.
Explicó que en la UAG los preparativos de las elecciones de directores de unidad comienzan hasta con un año de anticipación, y los maestros inconformes ya se identifican como “movimiento académico por una educación honesta y comprometida”, en las redes sociales.
En la reunión también informó sobre la destitución de la delegada sindical de trabajadores académicos, Patricia Chavelas Reyes, como coordinadora de becas Pronabe, porque maneja este beneficio a título personal para ganar adeptos; así como el docente Hugo Godoy Salazar, ex consejero académico de la unidad, que convoca a reuniones para modificar calificaciones de los alumnos directamente en la dirección de Control Escolar y Certificación de Competencias.
En entrevista, advirtió que no sabe por qué el director Edilberto Gallardo Valente accedió a hacer los cambios de calificaciones de 17 estudiantes, sin la intervención de la dirección de la escuela; aseguró que cuenta con actas avaladas por los responsables de cada asignatura y que no coinciden con los registros del Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE) que lleva su departamento.
Asimismo, señaló que es infundado y peligroso para su persona y su familia que lo acusen por la presunta falta de comprobación de 870 mil pesos, porque las compras de materiales y servicios de la escuela se realizan desde la administración central. Por ejemplo, indicó que la Rectoría le dice que aquí están 250 mil pesos para Arquitectura, pero dime en qué te lo vas a gastar y ellos se encargan de hacer los pagos.
Aclaró que convocó a la reunión de la comunidad escolar a través de las redes sociales, pero los maestros que lo acusan realizaron un paro de labores de 12 horas, el jueves en la escuela, y una protesta el viernes en Rectoría, pero no se presentaron.
Reiteró que las denuncias que señalaron con una lona en la escuela son injustificadas y subjetivas, por ejemplo, sobre las violaciones del contrato colectivo de trabajo porque todos los maestros firmaron la plantilla de trabajo de conformidad en febrero, porque ellos escogen sus materias.
Sobre la imposición de asesores del taller popular (que comprende el último año de carrera), indicó que en todo caso debe ser una exigencia estudiantil, pero con ellos no había un alumno en la protesta.
Insistió en que los inconformes buscan espacios en la escuela, porque entre los manifestantes estaban dos personas del equipo del anterior director, quien fue destituido como consejero de unidad porque no se presenta a las reuniones cuando se le citaba; son dos maestros que tienen tiempo completo en la UAG, pero trabajan como docentes en otros sistemas educativos y quieren que les acomoden sus horarios.
Asimismo, acusó a David Nava de cobrar 15 mil pesos quincenales por dos clases en dos semanas, y a quien ningún alumno escogió como asesor de taller popular, porque no reside en la ciudad y sólo está en la escuela dos o tres días a la semana.
Añadió que las quejas están en proceso en la Comisión Académica, por la manipulación de calificaciones (de lo que también es acusado), y en la comisión de Honor y Justicia presentó una denuncia, porque Godoy Salazar se niega a entregar desde 2008 material de laboratorio que debe estar en la escuela.
Sobre las becas Pronabe que manejaba la delegada sindical desde 2010, denunció que hay grupos que acaparan hasta 40 becas, cuando en total no son más de 100, mientras en los grupos de primer grado no hay una sola y en el turno vespertino tiene entre dos o tres por aula. Aclaró que esta información la obtuvo de las redes sociales, porque no se la proporcionan.
Aclaró que la destitución de los coordinadores tiene el aval del rector, Alberto Salgado Rodríguez, a quien le explicó el fondo político del conflicto escolar.