Se discute ampliamente en el Congreso Universitario el uso de las evaluaciones para dirigir el voto

Daniel Velázquez

El tema de las calificaciones como medida de presión a los estudiantes en periodos electorales dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fue ampliamente discutido en la mesa donde estuvieron los funcionarios universitarios afines al rector Ascencio Villegas Arrizón, del grupo del Fredeuag.
En el primer día de las actividades del Cuarto Congreso General Universitario se instalaron cinco mesas en las que discutieron por la mañana por separado las propuestas de la reforma a la educación media superior, educación superior, investigación y posgrado, extensión y vinculación y reforma administrativa, y por la tarde las cinco mesas discutieron la reforma al sistema electoral de la UAG.
Los delegados de cada mesa discutieron y aprobaron las reformas que surgieron en los foros regionales.
Hoy será la sesión plenaria donde se votará a favor o en contra de las modificaciones, agregados y propuestas que hicieron a los documentos que se discutieron por separado en las cinco mesas. Son 780 delegados los convocados al Cuatro Congreso General Universitario, pero sólo 300 tiene derecho a voz y voto, el resto sólo pueden opinar.
En la mesa tres, Reforma Administrativa, donde participaron los funcionarios de la UAG, la discusión  transcurrió tranquila, incluso hubo bromas y comentarios irónicos que provocaron la risa de los asistentes.
En la ceremonia de inauguración del Cuarto Congreso General Universitario que se llevó a cabo en el salón Plaza del hotel Crowne Plaza, el rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón, pidió a los universitarios hacer reflexiones, tomar decisiones más inteligentes y discutir sin golpes, gritos, ni sombrerazos para demostrar que los universitarios pueden entenderse y todos tienen lugar.
En su intervención el rector convocó a los asistentes a guardar un minuto de silencio en memoria de “un distinguido guerrerense, un luchador social, un amigo de los universitarios”: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien ante la Cámara de Diputados y Senadores siempre luchó por un mejor subsidio para la UAG.
Les dijo a los asistentes que a los aspirantes a la Presidencia de la República se les debe plantear que destinen más recursos para las universidades, que los subsidios plurinominales sean suficientes para el desarrollo de la educación superior, basados en la planeación a corto, mediano y largo plazo.
Criticó que todos los aspirantes ofrecen un gobierno que priorice la ecuación y desarrollo humano, pero no lo hacen, por lo que se necesita exigir un mayor compromiso de los aspirantes a la Presidencia de la República.
El coordinador general de Reforma Universitaria, Raúl Javier Carmona, dijo que los objetivos de la reforma son mejorar el quehacer educativo de la universidad en el estado, porque no se ha sabido aprovechar el potencial y las capacidades de los estudiantes de preparatoria y en la educación superior se necesita una nueva oferta educativa, y del cuerpo administrativo de la UAG se necesita que sea soporte que ayude a la universidad.
“La Universidad Autónoma de Guerrero no se pude cruzar de brazos ante la realidad lacerante, difícil, complicada para la mayoría de los guerrerenses, afuera esperan más de la Universidad”, dijo.

El poder de las calificaciones

En la sesión de ayer, en la mesa tres, la mayor discusión de los asistentes fue en torno al uso que algunos maestros de la UAG dan a las calificaciones en los procesos electorales universitarios.
En el apartado de “blindaje académico”, donde se propuso la “rescisión laboral” a los profesores que realicen la evaluación a sus estudiantes durante el semestre en que haya elecciones en la UAG, se escucharon voces a favor y en contra, y al final la parte de la “rescisión laboral” fue borrada del planteamiento original.
La discusión inició porque algunos de los presentes plantearon su inconformidad, en que la propuesta enviada al Congreso General Universitario plantee la “rescisión laboral” a quienes utilicen las evaluaciones como medida de presión hacia los estudiantes.
La propuesta que abrió la discusión fue que la parte de “rescisión laboral” debería cambiarse por “sanciones”, después otros de los asistentes intervinieron y dijeron que para que las calificaciones no sean de uso electoral, se deben aplicar sanciones ejemplares que pueda paliar esas prácticas que afectan a los estudiantes.
El abogado de la UAG, Felipe Cuevas Molina, dijo que esa propuesta contraviene el contrato colectivo de trabajo y que para poder aplicar esa reforma sería necesario cambiarlo.
Otro de los asistentes intervino para señalar que en el proceso electoral pasado se vivió, “como nunca”, la presión a los estudiantes con las calificaciones a cambio del voto, por eso es necesario aplicar una sanción ejemplar. Planteó el caso de un estudiante que fue reprobado en el último semestre por un profesor y por esa razón no tiene certificado de preparatoria, aun cuando aprobó el examen para ingresar a la UNAM.
El coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano, intervino para decir que las sanciones por esas irregularidades ya están en el reglamento escolar.
Una de las asistentes afirmó que ese tipo de presiones que se ejercen contra los estudiantes son casos graves, porque esa acción le trunca la vida a un joven, por eso se deben establecer sanciones y no premios para los maestros que incurren en esas prácticas, dijo que no haría alusiones porque saldrían los trapitos al sol y si la reforma como estaba planteada era contraria al contrato colectivo de trabajo, entonces que los casos se turnen a la Comisión de Honor y Justicia para que sean sancionados.
Otro de los asistentes señaló que en tiempos electorales la universidad es una “feria de calificaciones”, en la que no sólo los maestros coaccionan a los alumnos, sino que también se da el caso que los estudiantes presionan a los maestros, a que cambio de su voto dejan de asistir a su clase durante el semestre y el profesor se compromete a poner la calificación.
También se planteó que en una escuela de Derecho de la UAG, hay un maestro que les mienta la madre a los alumnos y otros que acuden los días 15 o 30 de cada mes a decirles a los alumnos cuánto les cuesta la evaluación mensual.
La maestra Felicidad Bonilla agregó que discutir ese tema en la reforma universitaria era una vergüenza, porque si cada profesor hiciera lo que le corresponde y no utilizara las calificaciones como medida de presión, no tendría porqué discutirse ese tema.
Otro de los asistentes pidió que la medida no sea generalizada, porque hay maestros que realizan sus evaluaciones sin criterios políticos y ellos deberían seguir con esa libertad, porque es parte del desarrollo de sus actividades docentes y que en caso de prohibirlo algunos maestros descuidarían la actividad académica.
También se planteó que la reforma no sólo estableciera sanciones para maestros, sino también para los administrativos y directivos, porque también tienen acceso a los sistemas para modificar las calificaciones.
Mientras, en la mesa donde participaron los funcionarios de la UAG se discutió ampliamente el tema del blindaje académico; en la mesa de educación superior, donde estaban los estudiantes de nivel superior, el tema no fue discutido ni hubo señalamientos sobre las presiones que cometen los maestros hacia los alumnos.
Ahí sólo se escucharon dos comentarios críticos hacia esa propuesta, una de las asistentes cuestionó la efectividad de que las academias sean garantes de una evaluación sin criterios políticos, porque las academias son integradas por maestros que no dejarán sus intereses políticos.
Uno de los alumnos, César Morales de la escuela de Filosofía, dijo que lo propuesto parecían actos de fe y cuestionó la prisa con que los coordinadores estaban dirigiendo la sesión de la mesa, donde solo se leía la propuesta y se preguntaba si estaban en contra y si no había votos en contra, se pasaba a la siguiente, lo que no permitía la discusión.
Otro de los temas que se discutieron por la tarde, fue el financiamiento de las campañas de los aspirantes a rector y en esa discusión se planteó que lo que más daño le hace a la UAG es la corrupción, la venta de calificaciones, el soborno, la no entrega de calificaciones, más que las campañas ostentosas en la universidad.
En la discusión del tema se explicó que los candidatos no van a hacer uso de dinero, porque no hay condiciones para que la UAG financie a los candidatos y eso podría ser criticado, pero tampoco se puede permitir que  los candidatos vayan a los partidos a buscar financiamiento.
Otro de los temas que se discutió fue el blindaje de la nómina, para que no haya componendas a cambio de apoyo político a favor de determinado candidatos.
También se discutió la campaña que debe realizarse “estrictamente” al interior de la universidad, donde se programen visitas y que los comités de apoyo se sujetarán al calendario de visitas que se autorice, que se evite la descalificación entre los aspirantes y los actos de presión o corrupción, y se apliquen las sanciones a quienes violenten estas normas.
La comisión electoral elaborará un solo cuadernillo en el que se incluyan las propuestas, planes de trabajo, fotografías de todos los aspirantes y un sólo poster que contenga la imagen y logotipos de todos los candidatos a la Rectoría, este apartado fue cuestionado porque decían que se aprobaría la elaboración de sólo uno para toda la campaña y para toda la universidad, pero no fue modificado.
Otro de los temas a discutir fue sobre la entrega de un vehículo a los aspirantes, la propuesta fue que los candidatos utilicen el autobús de la UAG, porque el patrimonio vehicular de la universidad es limitado y además la campaña de lo que se trata es que los aspirantes discutan y hacer de la elección de rector un proceso civilizado, “y si no, pues que se rompan el hocico”.