Tlachinollan

Educación y conflicto social

Desde la generación del 68, cuando las y los estudiantes universitarios fueron reprimidos por el régimen fascista de Gustavo Díaz Ordaz por exigir democracia y libertad, hasta la nueva generación de jóvenes identificados con el movimiento #yosoy132, los ciudadanos y ciudadanas no sabemos lo que es un Estado que salvaguarde los derechos básicos de la población. Todas estas generaciones hemos padecido el despojo, el desamparo y el desmantelamiento de nuestros derechos. La principal característica de las legislaturas que hemos tenido ha sido supeditarse a los intereses del gran capital. Los legisladores se han asumido como emisarios del imperio, como vende patrias y mercaderes de leyes. Son quienes se han encargado de propinar golpes mortales a la clase trabajadora, al aprobar (sin mediar alguna consulta o favorecer la participación ciudadana), reformas regresivas que conculcan derechos y atentan contra la estabilidad social y económica del país.
En una sociedad de abismos sociales y de mundos contrapuestos, lo que predomina es la postura unipolar de los que tienen el dinero y el poder, de quienes se sienten vencedores y dueños de este mundo. Su verdad no tolera la verdad ni la visión de los vencidos y explotados. El paradigma neoliberal de adelgazar al Estado para garantizar el libre flujo de capitales sin restricción alguna, está intrínsecamente peleado con el paradigma de la justicia social, que pugna por la distribución de la riqueza y por un mundo más equitativo, incluyente e igualitario.
Los modelos de sociedad están en pugna: la que nos quieren imponer como si la vida de los seres humanos se redujera a comprar mercancías y a vivir dentro de las cadenas de tiendas  Walmart o Soriana, con la sociedad  del buen vivir, cimentada en la comunalidad, solidaridad, servicio, el sentido de la gratuidad y del intercambio de dones.
Los pueblos campesinos e indígenas de Guerrero, no obstante de que forman parte de una civilización milenaria con raíces primigenias y de que son los verdaderos dueños de estos territorios, han tenido que hacerle la guerra al gobierno  para sobrevivir y mantenerse dentro de los márgenes de una sociedad clasista sometida por los clanes criollos y mestizos del coloniaje. La rudeza caciquil y la barbarie militar y policiaca han hecho de Guerrero un estado sin ley donde se ejerce el poder con el uso de la violencia. La experiencia fundante de las y los guerrerenses sobre lo que es el Estado, no es la institucionalidad del derecho, ni la construcción de un sistema basado en leyes e instituciones, sino en un aparato rudimentario que se impone por la fuerza, con formas locales de dominación como el amedrentamiento, las persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones. La fuerza pública más que combatir el delito sirve para perseguir a quienes se oponen al régimen y a quienes ejercen su derecho a manifestarse públicamente, para denunciar las tropelías de los gobernantes.
La ocupación militar y el control territorial de las bandas del crimen organizado compartiendo un mismo espacio; las acciones delincuenciales consumándose en plena luz del día, sin que se inmuten las autoridades encargadas de investigar los delitos; las ejecuciones cotidianas, los secuestros recurrentes, los plantones, las tomas de edificios y las manifestaciones sociales son parte de las historias aciagas e inevitables que se han arraigado en la cotidianidad guerrerense. Las muertes tempranas causadas por la desnutrición infantil, las muertes maternas o las muertes violentas de mujeres,  de jornaleros, choferes, estudiantes, profesores, comerciantes, indígenas y campesinos, son parte del escenario funesto y atroz que nos desquicia y nos destroza como pueblo.
Ante la inacción de las autoridades y su ausencia del drama familiar y los problemas sociales, la protesta ya dejó de ser el último recurso al que apelaban los familiares de las víctimas, los pueblos y las organizaciones para hacerse escuchar o exigir respeto a sus derechos. Ahora se ha vuelto el medio más recurrente para interpelar a las autoridades y para demandar respeto a la vida, a la seguridad, a la educación y al trabajo.
Las mismas instituciones gubernamentales se han vuelto obesas e inútiles. No fortalecen nada ni a nadie, son más bien un estorbo y una carga onerosa para la ciudadanía. La alta burocracia es un mal endémico, no sólo por su vida parásita y por sus actitudes nefastas y pesadas contra la población, sino por lo que han representado para el país; son un sector improductivo, malinchista, que reniega de la cultura propia y que por su racismo acendrado cree que sus decisiones tomadas desde el escritorio deben de ser acatadas por los que no hablan inglés y por quienes no han salido de su pueblo. Con estas élites arribistas y extranjerizantes, la nueva clase política formada en los centros académicos del primer mundo, quiere ahora dirigir el rumbo del país, aplicando de manera mecánica doctrinas que deifican la acumulación capitalista y fetichizan el saber de los intelectuales orgánicos del neoliberalismo.
En el sur de México, la vida se pulsa de otra manera, tiene otros ritmos y otros derroteros. Permea la cultura comunitaria, la vida en el campo, la sacralidad del territorio, los saberes de los que han vivido muchos años y los secretos de quienes siempre han estado en pie de lucha, resistiendo a los usurpadores y batallando contra los embaucadores y demagogos. En el sur, la lucha es de los pueblos, defendiendo sus territorios, aplicando su sistema de justicia y seguridad comunitaria, enfrentando a los burócratas y los representantes de las empresas mineras para impedir su entrada y no permitir que pisoteen su dignidad.
Ante la indolencia de las autoridades, Guerrero es el escenario de la nota roja y de las protestas habituales. Es la noticia nacional que escandaliza pero que no mueve a las autoridades para revertir esta espiral de violencia  y esta confrontación social. Son las frías estadísticas de la crueldad que en nada conmocionan a los sepultureros de la democracia. Todo se reduce a cálculos políticos, y a que los muertos no pongan en riesgo los puestos, ni los negocios de quienes mal administran la cosa pública.
En Guerrero también crece la protesta por el gran daño que se quiere ocasionar a los sectores combativos y depauperados. El magisterio de nueva cuenta está de pie, plantado en los centros de poder. Saliendo a las calles para encarar a los que han traicionado los ideales del pueblo y se han casado con modelos educativos primermundistas  centrados en la transferencia de responsabilidades del Estado de garantizar una educación gratuita y pública y proteger los derechos de las y los maestros, para dejarlos a los agentes privados. Para romper con este esquema garantista se imponen nuevos candados que colocan a los maestros y maestras fuera del mercado laboral, como un trabajador sin base ni seguridad social, sujeto a una evaluación con parámetros diseñados por tecnócratas de la educación cuyo principal objetivo es adelgazar la planta laboral y someter al nuevo magisterio al régimen de los trabajadores  eventuales, a imagen y semejanza de las tiendas multinacionales de autoservicio, que están en todo el mundo y no tienen a ningún trabajador de base.
Van quince días de lucha del magisterio guerrerense. Avanzan cuesta arriba, con todo el aparato burocrático y represivo encima de ellos. Con una reforma laboral y educativa que los deja inermes y sujetos a fuerzas ajenas a su entorno laboral. Se han apostado en los centros de poder; en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado, para manifestar su malestar y demostrar que no están dispuestos a ser simples marionetas de los grupos políticos, que han firmado un pacto por el México empresarial, contra el México de los trabajadores.
La marcha multitudinaria de Acapulco que concentró a todas las regiones del estado, está mostrando su fuerza y su sentido de unidad. Crece la conciencia de que esta reforma es un atraco, que no está pensada en revertir los rezagos históricos que enfrentan los pueblos pobres de Guerrero. Más bien, dan por hecho que Guerrero está dentro de la media nacional en cuanto a los estándares de la calidad educativa y por lo mismo, creen que el Estado cumplió con creces,  con su papel de garantizar el derecho a la educación, por eso ahora la reforma educativa podrá aplicarse para que los actores privados entren a la disputa de un mercado inexplorado, que en otros países ha generado jugosas ganancias.
En esta disputa por la educación los pueblos sumidos en el atraso tienen mucho que perder, no sólo porque no fueron consultados ni informados, sino porque otros grupos de poder están decidiendo por ellos y les están imponiendo un modelo que no toma en cuenta sus condiciones socioculturales, ni sus formas de organización comunitaria. Los maestros y maestras se han hecho eco de este agravio, están anclados en un sentir profundo de defender la educación de los más olvidados. Hay causas y no caprichos ni intereses mezquinos. La historia nos ha enseñado que en estos procesos de transformación social los que más han aportado a la causa son los maestros y maestras, no los burócratas, tampoco los empresarios, mucho menos los políticos y gobernantes, que siempre han aparecido como un obstáculo para romper las cadenas de la opresión. Por eso preguntamos ¿con qué autoridad estos sectores acomodados, que no son capaces de estar en las comunidades más recónditas viviendo en condiciones sumamente adversas, descalifican y criminalizan la lucha legítima del magisterio guerrerense?
Los intentos de diálogo han quedado truncos porque las autoridades no  han puesto en su justa dimensión los reclamos y las razones de un magisterio combativo que ha sufrido embestidas, represiones y conculcación de derechos desde décadas, arguyendo siempre que son  rijosos, revoltosos y radicales. El paso lunes, mostraron su vocación pacífica y con esa demostración de fuerza convocaron al diálogo. Las autoridades lamentablemente no respondieron de manera positiva. Ojalá y se pueda abonar para que se tiendan los puentes y se busquen las coincidencias. El gran oficio de la política está a prueba y será la primera gran evaluación para las autoridades del estado.