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Trasladan a los desplazados de La Laguna sin las condiciones de seguridad que necesitan: Redgro

Las 36 personas desplazadas por la violencia de la Laguna hacia Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, que el domingo salieron de esta comunidad hacia otro lugar en donde el gobierno del estado les consiguió un terreno, fueron cambiados sin las garantías de que se aplique con ellos un plan integral que garantice sus derechos a la vivienda, la salud, la educación y, sobre todo, a la seguridad, denunció ayer el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández.
El defensor de derechos humanos confirmó ayer lo que informó el domingo el gobierno del estado mediante un boletín, en el sentido de que 36 personas de las más de 100 que se encontraban refugiadas en Puerto de las Ollas abandonaron  esa localidad para trasladarse a un lugar más seguro.
En el escueto comunicado oficial se informa que “un contingente de treinta y seis personas que permanecían en Puerto las Ollas el día de ayer (domingo) decidieron ser trasladadas a otra región de la entidad en donde habrán de establecerse con sus familias en mejores condiciones de seguridad, servicios básicos y los apoyos necesarios para poder fincar una nueva vida”.
En declaraciones que se acreditan a la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, se señala que  “las familias que decidieron trasladarse de Puerto las Ollas a otro punto geográfico de la entidad, fue una decisión personal y por voluntad propia, en donde el gobierno del estado otorgó todo el apoyo de movilidad, traslado, resguardo y seguridad, alimentación; acompañados en todo momento por un representante de Derechos Humanos”.
Según el boletín, el gobierno, “continuará atendiendo las necesidades básicas y de seguridad de las familias desplazadas de Puerto las Ollas, en cumplimiento a los compromisos contraídos mediante el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad) de la sierra de Coyuca de Catalán”.
Se menciona que la misma funcionaria “confirmó” que durante la travesía iniciada el domingo “mantuvieron estrecha y permanente comunicación con las familias desplazadas hasta asegurar su llegada sin ningún contratiempo”.
Una vez establecidos, “se continuarán los apoyos para que en lo general puedan iniciar una nueva etapa en sus vidas”, agrega.
El secretario técnico de la Redgro, organismo que ha dado seguimiento al caso de los desplazados, dijo que efectivamente esas 36 personas salieron el domingo de Puerto de las Ollas hacia otra localidad del estado, y que el organismo no participó como observador del traslado porque confirmaron que se estableció un operativo que garantizó la seguridad de las personas.
Las 36 personas que salieron de Puerto de las Ollas, todas pertenecen al grupo conocido como la familia de los Díaz, y en la localidad solo quedan entre 45 y 60 personas, entre adultos y niños, que son de la familia Ochoa Segura, mientras que el tercer grupo que lo integran los hijos de doña Juventina Villa y Rubén Santana, asesinados la primera a finales del año pasado y el segundo en febrero del 2010 en La Laguna, abandonaron Puerto de las Ollas desde los primeros días de enero.
Olivares Hernández informó que el grupo de la familia Ochoa Segura, aún  no ha determinado a qué lugar se trasladará, pues lo está haciendo con mucho más cuidado porque son los que más riesgos corren por ser el grupo más numeroso, y porque son a los que más familiares les han asesinado.
“Por eso quieren tomar con mucha reserva el lugar al que deben ser trasladados”, agregó.
Dijo que organismos como la Red han servido de enlace interinstitucional, pero que al final ellos son los que toman la iniciativa.
En cuanto a la familia de los Díaz que salieron el domingo, dijo que el gobierno ya los ubicó en algún otro lugar del estado, pero que no se consideró para ellos un plan emergente que cumpla con lo que establece el protocolo internacional sobre desplazados, “porque aunque sean desplazados internos, corren el mismo riesgo”, dijo.
Pidió garantías de sobrevivencia, pues explicó que todos ellos son campesinos y lo único que saben hacer es trabajar la tierra, “entonces también debe garantizarles el gobierno que tendrán tierras para trabajar”, dijo Olivares. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

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