Amplían el arraigo para 10 detenidos por la autodefensa; otro es consignado a Ayutla por homicido

Al vencerse ayer el arraigo de 30 días que autorizó la jueza tercera penal de esta ciudad, Rosalinda Sáenz Rodríguez, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para los 11 primeros detenidos del movimiento de autodefensa que fueron entregados a las autoridades estatales el 8 de febrero, ayer la misma jueza resolvió la ampliación del arraigo por otros 30 días para 10 de ellos.
Mientras, otro detenido, fue consignado al juez mixto de primera instancia de Ayutla, por el delito de homicidio.
Fuentes de la PGJE informaron que la ampliación del arraigo para las diez personas, fue solicitada por la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia, Guadalupe Rendón. La ampliación del arraigo comenzó  el lunes 11 y concluye el 11 de abril.
Se informó que la funcionaria de la Procuraduría argumenta que falta recabar más pruebas que enriquezcan la averiguación previa y de esa manera consignar a los once presuntos delincuentes.
Los diez sometidos a la ampliación del arraigo son Wendy Pérez Ávila, Nahum Rodríguez Contreras, Javier Torreblanca Rodríguez, Mario Carpio Mayo, Cecilia Matildes Andraca, Apolinar Nava Torres, Ulises Enriquez Álvarez, Jaime Nava Reynoso, Miguel Ángel González Epitacio y Gradez Villanueva Mora. Ocho son acusados de asociación delictuosa y dos de homicidio calificado y delincuencia organizada.
Otro de los arraigados, Isauro González de Jesús, fue trasladado al penal de Ayutla donde fue puesto a disposición del juez mixto acusado de homicidio en agravio de Germán Cortés Alejandro a quien habría matado a puñaladas en una riña.
Los 11 detenidos por el movimiento de autodefensa, fueron los primeros presuntos delincuentes que entregó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, el 8 de febrero en Ayutla.
Otros 20 detenidos, que también están bajo arraigo, fueron entregados a las autoridades el 19 de febrero y siguen en poder de la Procuraduría sin que se conozca su situación jurídica. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).