Humberto Musacchio

Medios: ¿una reforma al
gusto de todos?

Cuando se ponen por delante las artes de la política, la vida pública arroja dividendos para todos. Por lo menos eso parece haber ocurrido en torno a la reforma de los medios de comunicación, en la que cada uno de los actores se declara satisfecho por los resultados, pese a que algunos al parecer –sólo al parecer– saldrán perdiendo.
Para empezar, se sustituye a la Cofetel por un Instituto Federal de Telecomunicaciones, medida de la que sólo conoceremos los resultados una vez que se sepamos quiénes serán sus dirigentes o consejeros, si es que se mantiene esa figura jurídica. Será algo plausible si se encomiendan las decisiones a un conjunto de ciudadanos libres de nexos con las grandes empresas, lo que es improbable por la fuerza de los actores privados que explicablemente tratarán de poner ahí a gente suya. Ya no será el presidente de la República quien otorgue las concesiones, se ha dicho con énfasis. Veremos.
Desaparecen las estaciones permisionadas de radio y televisión y en lo sucesivo todas serán concesionadas, lo que por lo menos en un punto –la autorización para buscar patrocinios– pondría en un plano de igualdad a las emisoras estatales y comunitarias con las que actualmente son negocios de particulares, desde las grandes cadenas hasta las radiodifusoras de pueblo.
El pero es que serán cuatro los tipos de concesión de acuerdo con el uso: comercial, público, privado y social. Dicho de otra manera, todas las emisoras serán iguales, pero habrá unas más iguales que otras, pues de la definición de esos cuatro rubros dependerá el estatus jurídico, el funcionamiento y el financiamiento de cada estación.
Habrá otras dos cadenas de televisión, lo que por supuesto es positivo en tanto que se alienta la competencia y se abre el abanico de opciones para el público. Es también loable que todas las empresas puedan ofrecer TV, radio, telefonía e internet (al menos eso entendimos), pero habrá que esperar la ley respectiva.
Ninguna empresa podrá tener un dominio del mercado mayor a 50 por ciento. Eso significa que se afectarán los intereses de Televisa en emisiones abiertas y por cable, donde tiene 70 y 60 por ciento del mercado, respectivamente. En telefonía fija y celular las empresas que tienen la mayor tajada del mercado son las de Carlos Slim, con 80 y 70 por ciento respectivamente, en tanto que dispone de 74 por ciento de la clientela de internet.
Aquí el problema será establecer los criterios para determinar cuándo y cómo una empresa se coloca por arriba de esa mitad del mercado y saber qué medidas se aplicarán para limitarla.
Todavía falta que el Congreso se ponga a trabajar en la legislación de telecomunicaciones, lo que de ninguna manera será un proceso exprés por la índole técnica, política y financiera del asunto. Un punto que se dejó pasar aparentemente sin mayor debate fue la apertura total del sector a la inversión extranjera, lo que –podemos adelantar– se convertirá en la manzana de la discordia, pues el PRD tendrá que dar explicaciones a su clientela y el PRI afrontará la resistencia de sus corrientes nacionalistas, si es que todavía las tiene.
Abel Hibert, ex comisionado de la Cofetel, declaró a un diario capitalino que “una baja en la concentración o en los precios” puede llevar de tres a cuatro años en los cuales puede pasar cualquier cosa. Para no descarrilar el alegre tren pactista, se requerirá que los partidos, las autoridades y los empresarios del ramo tengan y mantengan una actuación muy responsable. No se ve fácil, pero el primer paso está dado.