Reconocen que el crimen organizado dificulta la entrada a comunidades con conflictos agrarios

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Por la presencia del crimen organizado, personal de la Procuraduría Agraria (PA) no puede llegar a algunas comunidades que tienen conflictos agrarios, sobre todo en la parte alta de la Sierra del Filo Mayor y en el municipio de Quechultenango, informó ayer el procurador agrario, Fernando Jaimes Ferrel.
En conferencia de prensa, en la que dio a conocer las acciones que ha realizado esa dependencia en el marco del 20 aniversario de su fundación, –que se cumplirá este 26 de febrero–, el funcionario federal informó que esa dependencia actualmente atiende cinco conflictos agrarios.
Mencionó entre estos el de Coatzoquitengo contra Alacatlalzala, municipio de Malinaltepec. En este caso los campesinos tienen problemas por diferencias en los límites de sus núcleos agrarios.
Explicó que el caso ya ha sido resuelto por la Secretaría de la Reforma Agraria, pero que no ha sido posible ejecutar el convenio en el lugar de los hechos debido a que hay “intereses” de parte de personas de los dos pueblos que impiden que el caso se resuelva, aun cuando aseguró que hay un convenio que ha sido elevado a sentencia “y estamos ahorita buscando con el gobierno del estado que se delimite la superficie porque hay un plano que forma parte del convenio y no ha sido posible ubicar los puntos porque ha habido la oposición de estas personas”, explicó el funcionario.
Otro de los conflictos es el de Jicayán del Tovar con Jicaral, el primero municipio de Tlacoachistlahuaca y el segundo de Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Explicó que en este caso hay personas “con nombre y apellido que están en posesión de las tierras que pertenecen a los del núcleo agrario de Jicayán y que son estos los que deben demandar ante las autoridades la restitución de sus tierras que pertenecen a Jicayán del Tovar.
Informó que solamente están en espera del nombramiento de las nuevas autoridades agrarias de Jicayán para que sean éstos los que soliciten formalmente la restitución de las tierras.
Un tercer conflicto es el de Campamento General Enrique Rodríguez Cruz y la Asociación Plan de Ayala, municipio de Marquelia, que se generó cuando el ejido de Marquelia había solicitado una ampliación de su superficie y en primera instancia el gobierno del estado les negó la ampliación, pero después fueron ocupadas por gente de fuera, por lo que la Secretaría de la Reforma Agraria se las entregó, generándose un problema interno, pues los campesinos de General Enrique Rodríguez formaron su propio ejido, con más de 200 hectáreas, dejando para la Asociación Plan de Ayala solamente 400 hectáreas.
También citó el caso de San Miguel del Terrero, municipio de Zirándaro, cuyos ejidatarios se quedaron con más de 8 mil hectáreas de pequeños propietarios y ganaderos, dijo que es muy difícil resolverlo porque los funcionarios y personal de la dependencia no pueden entrar por la presencia del crimen organizado en la zona.
“El conflicto está latente y los pequeños propietarios han tocado puertas por todos lados, se han acercado a la Procuraduría Agraria y a la Reforma Agraria, para darle una salida negociada al conflicto”, sin embargo dijo que a pesar de que ya se elaboró el diagnóstico y las fichas técnicas, no se puede ejecutar la resolución porque no puede entrar el personal a la zona.
El funcionario federal informó que personal de esa dependencia tiene “algunos problemas” para entrar a algunos núcleos agrarios, sobre todo en la parte de la Sierra del Filo Mayor en los limites con la región de Tierra Caliente, en donde dijo que un funcionario de la PA incluso fue secuestrado por varios días, “a pesar de que el personal de la dependencia no anda haciendo mal a nadie, lo que hace es orientar a los campesinos para que los conflictos se resuelvan y no se afecten los derechos de ningún ejidatario o comunero”.
Agregó que también tienen problemas para entrar en algunas comunidades de Quechultenango, en donde hacen bajar a los campesinos al módulo o a la delegación, porque el personal de la dependencia no puede acudir por la falta de garantías de seguridad.
El quinto conflicto es el de San Pedro y Garzas con Puerto Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Informó que este conflicto se originó porque los del segundo pueblo han ido invadiendo las más de 2 mil 500 hectáreas del primer núcleo agrario. Informó que en este caso, ya se firmó un convenio, pero que San Pedro  y Garza quieren la devolución de sus tierras o en su caso el pago de la contraprestación correspondiente, lo que ha dificultado la solución del caso.