Intenta el Ejército desarmar a policías comunitarios de Acatempa cuando marchaban hacia Tixtla

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Militares del 41 Batallón de Infantería, al mando del teniente coronel Hernández, pretendieron, en tres ocasiones, desarmar a la Policía Comunitaria de la comunidad nahua de Acatempa, municipio de Tixtla, lo que provocó un ambiente de tensión ante el riesgo de un enfrentamiento, pues el comisario Pastor Coctecón Plateado y el asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Gonzalo Molina González, se negaron en todo momento a entregar las armas.
Extraoficialmente, se supo que al final de una reunión de los manifestantes con el presidente municipal, Gustavo Alcaraz Abarca, se pretendía detener a los policías comunitarios que vinieron del municipio de Ayutla acompañando al coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera. Para eso se montó una operación de unos 300 elementos; unos 200 militares y el resto de policías federales y estatales. Sin embargo, el dirigente indígena y sus policías, de la cabecera municipal salieron por la carretera hacia Mochitlán rumbo a su municipio, con lo que burlaron el retén.
La operación militar en contra de los policías comunitarios, que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ocurrió cuando el grupo de 30 elementos de la Policía Comunitaria de Acatempa y unos 10 de Ayutla, acompañaba a pobladores de la primera comunidad en una marcha rumbo a la cabecera municipal, en busca de una audiencia con el alcalde.
El primer zipizape ocurrió cuando el contingente llegó al entronque con la carretera Chilpancingo-Tlapa, a un costado de la gasolinera.
Ahí, unos 70 militares bajo el mando de quien se presentó como el teniente coronel Hernández cerraron el paso a los policías y a casi un centenar de ciudadanos que marchaban.
El jefe militar les dijo que al transitar armados fuera de su comunidad estaban violando la ley y que no podían entrar a la cabecera municipal con sus armas.
“No vamos a pelear con nadie jefe, vamos a la presidencia municipal porque queremos dialogar con el presidente municipal”, le respondió el comisario, Coctecón Plateado.
El jefe militar le dijo que sí, que no había problema, pero que armados no podían entrar  a la ciudad. “La ley 701 nos ampara, y si usted nos detiene estaría violando la ley”, contestó ésta vez el consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Molina González.
Los ánimos se calentaron cuando los ciudadanos que marchaban se acercaron e increparon al jefe militar, le reclamaron que por qué no mejor va a detener a los delincuentes, “a ellos no les dicen ni les hacen nada”, reprochó una mujer que estaba adelante.
El comisario también encaró al jefe militar y le advirtió, “no vas a desarmar a mis muchachos” y le reclamó que contra la delincuencia no hace nada, “yo ya te di los nombres de a quiénes vas a investigar y no lo has hecho”, le reclamó.
El militar finalmente cedió y el comisario aprovechó para volver a la carga, “yo solamente le pido que guarde su distancia con su gente y a mis muchachos también los van a respetar”, dijo mientras que los comunitarios, armas en ristre, se encontraban dispersos a orillas de la carretera, atentos a todo.
La marcha siguió, pero unos 200 metros adelante, ya cuando caminaban sobre la carretera federal Tlapa-Chilpancingo, rumbo al Palacio Municipal, los militares volvieron a rodear a los comunitarios que caminaban armados al frente del contingente de ciudadanos.
Los comunitarios siguieron caminando, ignoraron la presencia de los soldados, mientras que el teniente coronel Hernández volvió a insistir al comisario Coctecón Plateado y a Gonzalo Molina que no entraran con armas a la población, pero éstos reiteraron que lo hacían amparados en la ley 701 del estado que reconoce los derechos y cultura de los pueblos indígenas, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La marcha continuó con sus policías comunitarios por delante. Caminaron un trayecto de casi un kilómetro de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa y entraron por la avenida principal a la cabecera municipal hasta llegar al Palacio Municipal que que estaba cerrado y era resguardado por unos 10 policías municipales
Los comunitarios tomaron posiciones en los alrededores, frente al edificio, pero no hubo confrontación alguna con los uniformados municipales. Allí se mantuvieron mientras los ciudadanos desarmados entraron a una reunión al auditorio municipal con el alcalde Alcaraz Abarca.
En lo que duró la audiencia, un helicóptero militar sobrevoló por casi media hora la zona  del Zócalo de Tixtla, y desde abajo se pudo observar que los ocupantes de la aeronave filmaban y tomaban fotografías en la zona donde se hallaban los comunitarios.
Durante el encuentro de los pobladores de Acatempa con el alcalde, se corrió la versión de que había la intención de detener al comisario municipal Coctecón Plateado, al consejero de la Casa de Justicia de El Paraiso, Gonzalo Molina y al coordinador Arturo Campos Hernández.
De regreso, al pasar por la gasolinera, en el entronque de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, con la carretera que comunica a Acatempa, Atliaca y Apango, se había instalado un aparatoso retén policiaco militar, de aproximadamente 300 elementos; unos 200 militares y el resto de policías federales y estatales.
Entre los uniformados se encontraba el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, estaba también el notario público que presta sus servicios al gobierno del estado, Emilio Ortiz Uribe y personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), encabezados por el visitador general, Hipólito Lugo Cortés.
Vía celular se escuchó cuando algún informante le avisó a Alcaraz Jiménez que los policías comunitarios y su coordinador de Ayutla Arturo Campos ya no venían en el contingente que regresaba a Acatempa, y que de la cabecera municipal habían tomado, a bordo de dos camionetas, la carretera hacia Mochitlán, para de ahí trasladarse a Ayutla. El funcionario estatal acudió a informar de esto a un jefe militar.
Alcaraz Jiménez fue informado que sí viajaban con el contingente, el comisario Coctecón Plateado y Gonzalo Molina a bordo de camionetas.
El director de Gobernación, rodeado de algunos militares y policías federales y estatales quienes con cámaras de video y fotografía tomaban imágenes del suceso, esperó hasta que pasó la camioneta en que viajaba el comisario. En la caja también iban varios comunitarios, quienes nuevamente descendieron de la unidad y tomaron posiciones a orillas de la carretera a pesar de la superioridad numérica de militares, policías federales y estatales que se encontraban dispersos por el amplia área de la gasolinera.
Alcaraz Jiménez, conminó a los dirigentes, en nombre del gobierno del estado, a que eviten que los policías comunitarios “salgan armados de su comunidad”.
“Vengo a hacerles una atenta, cordial y atenta invitación: nosotros como gobierno respetamos el derecho a sus usos y costumbres que tienen para proporcionarse elementos para su auto seguridad y autodefensa, lo que sí está fuera de la ley es que sale de su comunidad con armas, le pido que por favor guarde las armas que trae, se regrese a su comunidad y se quede en su comunidad haciendo su labor”.
De lo contrario, le advirtió al comisario, “está violando la ley y nosotros estamos obligados a aplicarla, señor Pastor, lo invito a que deponga esa actitud”.
Le dijo que el gobierno está en la disposición de llegar a acuerdos, “sin necesidad de que ustedes salgan armados hacia otros lugares que ya no están dentro de su jurisdicción”.
El comisario le aclaró que los ciudadanos de su pueblo se armaron con base a una Ley que se aprobó en el gobierno de Zeferino Torreblanca (en alusión a la 701) “debido a que ya estamos cansados de la delincuencia” y agregó que si los trasladó armados a la cabecera municipal fue porque el presidente municipal ha venido diciendo que no existe la Policía Comunitaria y nosotros le venimos a demostrar lo contrario”, dijo.
Le aclaró que si acudieron armados es porque son policías,  “dígame ¿qué policía no anda armado? Los policías estatales andan armados, los sicarios andan armados ¿y entonces sólo nosotros no tenemos derecho a andar armados?”, cuestionó el comisario al funcionario estatal.
Agregó que el objetivo de la Policía Comunitaria es detener a los delincuentes, “¿y cómo es posible que detengamos y traslademos a un delincuente o a un sicario desarmados?, entonces no seríamos policías”.
Le advirtió que la Policía Comunitaria así trabaja, armada, “y ni modo, usted no nos puede impedir que trabajemos armados. Deténganos si estamos violando la ley, pero nosotros vamos a seguir armados, si no no seríamos policías”.
Mientras tanto el consejero Molina González, aseguró que la existencia de la Policía Comunitaria es responsabilidad del gobierno, “porque si el gobierno hiciera su trabajo como debe de ser”, no habría necesidad de este cuerpo armado.
El director de Gobernación dijo que entendía sus argumentos, “pero lo único que pido es que se busque un procedimiento para que no realicen detenciones”, por lo que Molina González le reviró, “ya sabemos que por ahí van con el decreto que pretende enviar al Congreso el gobernador”.
Alcaraz Jiménez les insistió que guardaran sus armas, pero la respuesta volvió ser definitiva, “no las vamos a guardar, deténganos si quiere, pero ordénelo usted”, lo retó Molina.
Al término de la discusión se comunicó el senador Sofío Ramírez con Gonzalo Molina y ofreció su intervención, sin embargo el dirigente le respondió que ya sabía que estaba promoviendo el decreto del gobernador para regularizar a la Policía Comunitaria, por lo que le pidió “respeto” para la CRAC que lleva 17 años dando buenos resultados y que, por lo tanto, no requiere de ninguna regularización.
El senador habría insistido en ir a platicar con ellos, pero la respuesta fue negativa, pues Molina González le dijo que su organización ya había tomado una determinación y en un tono enérgico le pidió respeto a esta decisión ya tomada.
El contingente siguió hacia Acatempa. Tras ellos iban los militares, quienes los siguieron hasta donde comienza el territorio de Acatempa. Allí, las fuerzas castrenses desistieron en desarmarlos y regresaron hacia Tixtla.