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Garantizar en la nueva Constitución derechos indígenas y equidad de género, piden en Tlapa

Carmen González Benicio

Tlapa

Austeridad gubernamental, que los funcionarios públicos no gasten en vehículos de medio millón de pesos y que haya paridad de género en los cargos de elección popular y puestos públicos, fueron algunos de los planteamientos realizados ayer en el foro de consulta regional sobre la Reforma Integral de la Constitución Política, realizado en esta ciudad.
Asimismo, se exigió que el gobierno cumpla con derechos básicos como el del acceso a la educación.
El foro se desarrolló con 11 ponencias y la participación de una sola mujer, porque se convocó un día antes, por lo cual las sillas del auditorio municipal fueron ocupadas por estudiantes uniformados traídos de una escuela particular.
Estaba programado para las 10 de la mañana, pero inició una hora más tarde.
El doctorante en derechos humanos, paz y desarrollo sostenible de la Universidad de Valencia, España, el indígena Joaquín Morales Sánchez, presentó la ponencia “Tópicos urgentes en el constitucionalismo guerrerense”, en la que reclamó la pluralidad social y cultural.
Dijo que el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no debía soslayarse como ocurre en el proyecto de reformas, donde no están incluidos correctamente.
Después centró su participación en la transparencia y el combate a la corrupción, el principio de austeridad y la democratización de la justicia.
En el tema de austeridad planteó que los gobiernos no deben hacer derroche de dinero ni  de comodidades, porque son empleados del pueblo, y ejemplificó con el uso de coches oficiales.
“No puede ser que en un estado pobre como Guerrero, la mayoría de los secretarios de despacho, subsecretarios, directores generales y otros andan en carros de lujo que sobrepasan costos de los 300 mil pesos. Es bochornoso y una burla para los ciudadanos que los alcaldes, incluso en esta región de la Montaña, inmediatamente entrando en funciones compren camionetas carísimas que al final las utilizan para servicio particular, hasta Lincoln existen en esta región y se debe acabar”, dijo.
En  democratizar la justicia y la seguridad pública dijo que se debe constituir la Policía Comunitaria o ciudadana para brindar seguridad, y que los  ciudadanos puedan  ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado.
Asimismo, que los pueblos indígenas u originarios ejerzan funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades tradicionales, con sus principios, valores culturales, normas o derecho consuetudinario y procedimientos propios.
A su vez, el secretario de Indígenas y Campesinos del comité estatal de Morena, Macedonio Mendoza Basurto, mencionó que  en la reforma se debe tener clara la definición de quiénes tienen el carácter de indígenas; el derecho a recibir educación en su idioma o lengua, el derecho de petición en sus lenguas; aplicar sus propios sistemas normativos de justicia indígena en la regulación y solución de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional, llevar a rango constitucional el nombre e identidad de los pueblos indígenas naua o náhuatl, na savi o mixteco, me´ phaa o tlapaneco y ñomdaa o amuzgo, y definir el  concepto de territorio y la libre determinación de éstos sobre sus tierras y comunidades.
El abogado y líder social Arturo Román García habló sobre la libre determinación y derechos de los pueblos indígenas, y mencionó que el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica su independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente, y que debe asignarse un presupuesto, pues si no hay dinero no hay forma de implementar las acciones.
Por parte de la Asociación de Profesionistas de La Montaña, Jorge Dávila León leyó la ponencia “Derechos fundamentales y necesarios en la región de La Montaña”, y planteó la necesidad de brindar seguridad social, vivienda digna, bajar los índices de analfabetismo y deserción escolar y no pedir más reconocimiento de derechos si los fundamentales están pendientes, por lo que pidió programas para estudiantes y  becas.
La ex regidora y representante de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Yuridia Melchor Sánchez, tituló su ponencia “Reforma constitucional para la igualdad sustantiva en la representación política de mujeres y hombres en el estado de Guerrero”.
Presentó un análisis de los puestos o cargos de elección popular en donde la mujeres tienen escasa presencia, por lo que mencionó que los regidores sean elegidos mediante el principio de representación proporcional, garantizando la paridad de género, de igual forma en el órgano de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y en el Tribunal Electoral, entre otras instancias.
Agregó que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular de mayoría relativa y de representación proporcional, y en la integración de los órganos internos de los partidos políticos, así como también se deberá garantizar la representación de las y los jóvenes.
Expresó que  el objetivo es arribar a un reparto equilibrado del poder público y político entre mujeres y hombres, que favorezca la generación de cambios sustantivos en la estructura de los procesos de toma de decisión y con el fin de asegurar la igualdad en la práctica, es decir, de elevar a cifras igualitarias con los hombres la representación política femenina.
Hubo otras participaciones como la del regidor Victorino Rosales, el abogado Santiago Reyes Noriega y al finalizar la diputada Abelina López Rodríguez dijo que defenderá las ponencias para que se incluyan, “lo haré como si fueran mías”, dijo, y clausuró la actividad.
En el foro estuvieron el presidente municipal, Victoriano Wences Real, y su cabildo en pleno, y el diputado na savi Daniel Esteban González, entre otros.

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