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Rechazan víctimas de tortura sexual en Atenco la “solución amistosa”

Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

Luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se litiga desde el 2008.
Ahí, ante directivos del organismo internacional y representantes del gobierno mexicano Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas de tortura sexual, narró la pesadilla que vivió aquel 4 de mayo de 2006 en San Mateo Atenco.
Refirió que la madrugada de ese día, policías federales irrumpieron en la casa donde se encontraba, en San Mateo Atenco,  después de protestar por la muerte de un menor de edad durante una manifestación celebrada la víspera.
Los policías, dijo, la detuvieron y le cubrieron el rostro con su propia ropa para no identificar a los agentes. Luego, dijo, vinieron los golpes y posteriormente la subieron a un camión, donde se percató que había más personas detenidas.
Ahí mismo, dijo, fue abusada sexualmente.
Sin poder contener el llanto, la activista narró que los abusos continuaron luego en el penal de Santiaguito por parte de policías, médicos y ministerios públicos. Nunca la dejaron, indicó, denunciar a sus torturadores.
Prosiguió su relato: “La persona que era antes de 2006, ya no existe, ya no sirvo para hacer el trabajo que realizaba antes con personas vulnerables, ya no soporto escuchar hablar del dolor de otras  personas, dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, María…ahora somos la violadas de Atenco, el dolor sigue ahí”.
Bárbara hace una pausa y luego subraya que ella y sus compañeras decidieron acudir al organismo para buscar  justicia y que la pesadilla que vivieron no vuelva a ocurrir.
Después de narrar su experiencia como víctima, Bárbara Italia leyó un texto que llevaba escrito, cuyo contenido sorprendió a los presentes.
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para  responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”.
Bárbara Italia Méndez insistió en que el tiempo para reparar el daño dentro del Estado mexicano había pasado, y que ello fue el motivo por el que se recurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
“No nos busquen para buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez al señalar que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban.
La respuesta de Bárbara Italia desconcertó a los representantes del Estado mexicano, entre ellos el actual procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras, encargado de la dependencia que lleva el caso en el país,  aseguró que de los 2 mil policías, entre federales y estatales que participaron en el operativo, fueron sujetos de investigación 29, pero sólo dos de ellos fueron procesados penalmente.
En México, dirigentes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideraron inadmisible la propuesta del gobierno mexicano y aseguraron que los funcionarios responsables materiales e intelectuales de los hechos deben ser castigados y que no basta la detención de dos oficiales.
El siguiente paso será esperar el informe de la Comisión y que éste llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que emita una sentencia vinculatoria que busque la reparación del daño, garantías de no repetición, así como sanción a todos los responsables, expresó Andrés Díaz, coordinador de  defensa integral (Con información de la Agencia Reforma).

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