Deficiente, el combate a la tortura en Guerrero, señalan organismos de derechos humanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el informe Situación General de Derechos Humanos en México que entregaron más de 100 organismos civiles de derechos humanos del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el 147 período de sesiones de ese organismo, se incluyeron las deficiencias que existen en Guerrero en materia de combate a la tortura y a la impunidad, la ausencia de un debido proceso legal y la violación a los derechos humanos por la imposición de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De la impunidad por la práctica de la tortura, que según éste informe motiva a la repetición del ilícito y a la violación a los derechos humanos, “es tolerada por el Poder Ejecutivo del estado, debido al conocimiento de la situación en que se encuentran las personas detenidas, víctimas y sobrevivientes de tortura”.
Y agrega que “esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan, encuentren obstrucciones en su integración y, por lo tanto, se queden en la impunidad”.
Los organismos de derechos humanos que presentaron el informe ayer a la Coidh destacan que en el Estado de Guerrero, “ni siquiera está tipificada la tortura en el Código Penal, a pesar de las diversas recomendaciones internacionales en este sentido y a pesar de ser éste el estado en que ocurrieron casos como el de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todos objeto de sentencias de la Corte Interamericana”.
Explican que estos son sólo algunos ejemplos de tortura y de impunidad, puesto que “es una práctica recurrente en la entidad federativa”.
Algunos de los organismos son: Asociadas por lo Justo, JASS; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de Chiapas; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, de Nuevo León); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (Fundar), Centro de Investigación y Análisis, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República.
El informe dice que en estados como Guerrero, uno de los factores que permite que la tortura continúe siendo utilizada de manera rutinaria “es la impunidad casi total por dichos actos”.
El documento, añade que igual que en el resto del país, la tortura ha sido una práctica sistemática, y que “el anterior panorama persiste porque la tortura es la herramienta que durante décadas ha permitido a las autoridades conseguir sentencias condenatorias, muchas veces en contra de personas inocentes”.
Otra de las deficiencias que se destacan en ese informe en materia de la aplicación de justicia en Guerrero, debido a la práctica de la tortura, es la ausencia de un debido proceso legal.
El informe dice que: “en Guerrero, como en otras entidades, la reforma del sistema de justicia penal por virtud de la cual se transitará a un sistema oral de corte acusatorio presenta un rezago considerable”.
Y se añade que de acuerdo a la Fundación para el Debido Proceso, “en Guerrero se advierte una ausencia destacada de información oficial sobre los procesos de reforma en la materia, que se suma a la falta de difusión y de apertura hacia la sociedad civil, lo que no contribuye para que las organizaciones de derechos humanos visualicen su importancia para la defensa, sobre todo, de los derechos de los Pueblos indígenas”.
El documento agrega que datos obtenidos por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, a través de los mecanismos de acceso a la información pública prueban que ni la Ley Federal ni el Acuerdo de Estambul “han sido implementados con diligencia, lo que explica la recurrencia de la tortura y la impunidad de que se benefician los perpetradores”.
En dicho informe se da espacio, asimismo, a la violación a los derechos humanos por la imposición de proyectos por organismos paraestatales como la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Economía del Gobierno federal en los pueblos originarios de estados como Guerrero.
Y al respecto se expone que la CFE hizo pública en 2011 su intención de llevar a cabo en los próximos 12 años 11 proyectos hidroeléctricos, y “en la misma sintonía, la Secretaría de Economía, registró en 757 proyectos de extracción minera sin haber adecuado aún el diseño e implementación de sus políticas al enfoque de derechos humanos y sin incorporar las recomendaciones que ha recibido el país sobre este tema”.