Niegan el ex alcalde Armando Bello y Solís Nava nexos con la detención de Rocío Mesino

Francisco Magaña

Atoyac

El ex alcalde Armando Bello y su ex secretario de gobierno Pablo César Solís Nava negaron estar vinculados a las acusaciones contra la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, detenida el miércoles acusada de homicidio.
Vía telefónica, el alcalde del PRD Bello Gómez dijo que la relación con la OCSS es buena, que la apoyó desde su gobierno aun cuando hubo diferencias políticas cuando abandonó el PRD para apoyar a otro candidato.
Dijo que no tiene necesidad de andar afectando gente, “no trabajo en el ministerio público ni soy de la Procuraduría, me he dedicado a trabajar en mi huerta de café y sigo en Atoyac”.
Y planteó que se aplique la ley y la justicia, ya que toda persona es inocente mientras no se le compruebe nada.
Subrayó que no tiene problemas con Ranferi Hernández Ace-vedo ni con los Mesino, y que por eso los hace responsables de cualquier situación que dañe a su familia y a él de manera personal.
Agregó que está dispuesto a cooperar con las autoridades en caso de que se requiera su declaración, y pidió a la familia Mesino  que si tiene pruebas en su contra las presente.
Por su parte, el abogado Pablo César Solís Nava dijo que es ajeno a la detención y  se dijo dispuesto a declarar ante las autoridades competentes en cualquier momento que se le solicite.
Solís Nava dijo que desconocía la detención de la dirigente campesina, “me informé hasta en la noche, cuando mi familia me llamó preocupada de que había una entrevista en la televisora local donde me implicaban en el hecho de la detención, no tengo nada que ver”.
Dijo que ante lo declarado por familiares de la líder de la OCSS, “me permito señalar enfáticamente que soy ajeno a su detención, que no me mueve ningún interés personal y mucho menos hacer mal uso de mis conocimientos jurídicos en perjuicio de su persona en el proceso que enfrenta actualmente ante la justicia”.
Destacó que como abogado ha otorgado sus servicios y asesorías profesionales en un sinnúmero de casos, “sin embargo, en este que me ocupo en desmentir, mi intervención obedeció a que el día 3 de junio del año 2011, a mi prima Leonor Bello Ríos le fue robada una camioneta de su propiedad en Coyuca de Benítez, cuando se encontraba en tránsito hacia la ciudad de Atoyac de Álvarez, por varios sujetos armados, solicitándome en ese entonces el apoyo para que presentáramos la denuncia por robo, la cual, hicimos ante la agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tabares, radicándose la averiguación previa TAB/COY/01/0109/2011”.
Abundó que como resultado de la recuperación de la camioneta, varios días después le avisaron a su prima Leonor Bello que acudiera a acreditar la propiedad de su camioneta y como consecuencia le fue devuelta.
Dijo que por ese robo, con fecha 19 de agosto del 2011 le fue notificado el auto de formal prisión dictado en contra de Ricardo Jiménez Zapata y Francisco Javier Guzmán Robles.
Asimismo precisó que la señora Anedeli Asencio Nario acudió a su despacho de abogados “porque habían detenido a su esposo de nombre Eriván Riva Ortiz Serafín y/o Ricardo Jiménez Zapata, y que supuestamente estaba siendo torturado por la Policía Federal, a lo que me negué a otorgar mis servicios profesionales, recomendándole a otro abogado, promoviendo un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito bajo el número de expediente 897/2011 mismo que se declaró improcedente”.
Dijo que entregó dicho expediente a Rocío Mesino de su propia mano, en una plática que sostuvo con ella.
Dijo que “quiero dejar claro, una vez más, que he vivido de mi profesión como abogado, me gusta la política, pero no vivo de ella, me resulta incómodo andar desmintiendo declaraciones in-fundadas, por lo que exhorto a la familia Mesino Mesino que no haga imputaciones a la ligera, y que estoy dispuesto a declarar ante una autoridad competente si soy requerido, en virtud de que los hechos ocurrieron en el 2011, cuando ni siquiera estábamos en campaña y no se habían definido las alianzas políticas, solicitando a las autoridades que hagan las investigaciones para que no se juzgue a personas inocentes, que debe de existir el principio de presunción de inocencia, en beneficio de los inculpados y de las víctimas”.