Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Comunitarios y maestros: las trampas de Aguirre

El miércoles pudo haberse producido una matazón en los caminos de Tixtla, cuando el gobierno del estado y un batallón del Ejército pretendieron desarmar o arrestar a la policía comunitaria de la comunidad de Acatempa. Esa matazón también pudo haber ocurrido, el mismo día, en cualquiera de las tres casetas de cobro de la Autopista de Sol intervenidas por los maestros de la CETEG. O ayer, durante las acciones extremistas e imprudentes de los mismos maestros contra varias tiendas y supermercados de Chilpancingo.
Más vale hablar sin rodeos de la posibilidad de que una nueva tragedia ocurra en el envenenado ambiente público, social y político del estado, pues los acontecimientos recientes han creado las condiciones para que una minúscula chispa encienda la lumbre.
Como ave de mal agüero, en Tixtla fue comisionado para hablar con la policía comunitaria el director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Moisés Alcaraz, el mismo incompetente funcionario que aquel infausto 12 de diciembre tuvo a su cargo “hablar” con los estudiantes normalistas que bloqueaban la autopista, gestión que terminó en el asesinato de dos de ellos. Como se puede confirmar en la crónica del reportero Zacarías Cervantes publicada aquí ayer, los militares y el representante del gobierno del estado dieron a los policías comunitarios un trato de bandoleros, y sólo la reciedumbre y claridad del comisario Pastor Coctecón Plateado y del asesor jurídico Gonzalo Molina González frenó al teniente coronel Hernández, al mando del batallón. El duro intercambio de palabras entre el comisario Coctecón Plateado y el jefe militar refleja las inquietantes paradojas que encierra la crisis de inseguridad y violencia que se desarrolla en el estado, pues los militares (y el ave de mal agüero) aducían la aplicación de la ley en su intento de desarmar a los policías ciudadanos, que son los únicos que hacen algo práctico y efectivo contra la delincuencia organizada en esa zona.
En el entronque de la carretera Chilpancingo-Tlapa donde los militares interceptaron a los comunitarios, el jefe del batallón dijo al comisario Coctecón Plateado que “al transitar armados fuera de su comunidad estaban violando la ley y que no podían entrar a la cabecera municipal con sus armas”, escribió el reportero. “No vamos a pelear con nadie jefe, vamos a la presidencia municipal porque queremos dialogar con el presidente municipal”, le respondió Coctecón Plateado. El jefe militar le dijo que sí, que no había problema, pero que armados no podían entrar  a la ciudad. “La ley 701 nos ampara, y si usted nos detiene estaría violando la ley”, intervino el consejero jurídico Molina González. La actitud del teniente coronel indignó al centenar de pobladores de Acatempa que acompañaba a los comunitarios, y le reclamaron por qué no mejor se iba a detener a los delincuentes, pues “a ellos no les dicen ni les hacen nada”. La determinación del comisario quedó expresada a continuación en una frase dirigida al jefe militar: “no vas a desarmar a mis muchachos”, le dijo Coctecón Plateado, y también le reclamó que no haga nada contra la delincuencia, “yo ya te di los nombres de a quiénes vas a investigar y no lo has hecho”.
Si nada sucedió en ese momento, pudo haber sucedido después, porque doscientos metros más adelante los militares volvieron a detener la marcha de los policías comunitarios, y más tarde, para el regreso del grupo, montaron en la carretera Acatempa-Atliaca-Apango un retén con la participación de 200 militares y cien policías federales y estatales, con el fin de realizar detenciones, con particular interés en Molina González, que pertenece a una comunidad de Ayutla. No ocurrió nada porque el consejero se apartó del contingente y utilizó otra ruta. El funcionario de Gobernación había llevado a ese sitio a un notario público y a un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quizá para que dieran fe de la legalidad de la operación.
Es notorio que el gobierno del estado está empeñado en perseguir a las policías comunitarias que “salgan de su jurisdicción”, aun cuando ello suponga el choque de las autoridades con la población, agobiada por la delincuencia y por la negligencia gubernamental. Lo alarmante es que parece decidido a imponer esa visión legalista respecto a las policías comunitarias a pesar del riesgo de generar un enfrentamiento armado como estuvo a punto de suceder en Acatempa, donde las hostilidades habrían dejado un saldo sangriento. ¿En qué momento la persecución de los delincuentes pasó a segundo plano y la persecución del movimiento de autodefensa se convirtió en la prioridad para el gobierno estatal? ¿O en qué cabeza cabe que es buena idea mandar soldados contra ciudadanos armados?
En el conflicto magisterial no parece realizar funciones el director de Gobernación, pero no hace falta su presencia para echar a perder las cosas. Ahí el que las está echando a perder es el gobernador mismo, quien teme más a quedar mal con el gobierno federal que a quedar mal con los maestros.
Todo sugiere que a Ángel Aguirre Rivero lo último que le interesa ahora es llegar a un acuerdo con la CETEG, pues mientras más hace saber su disposición al diálogo con ellos, menos lo concreta y, en cambio, dispone todo de manera que parezca que cuenta con el apoyo del PRD, de los alcaldes del PRD y de los diputados locales y federales del PRD. Y lo tiene, sin duda. Un apoyo incondicional, sumiso y servil como el que solían manifestar los priístas para rodear a los gobernadores en problemas. Lejos de aplanar el terreno para facilitar el diálogo con los maestros inconformes con la reforma educativa, Aguirre Rivero lo que hace es pertrecharse para lo que viene, que muy bien podría ser una operación represiva de grandes dimensiones para desarticular las protestas magisteriales y recuperar el acceso al Palacio de Gobierno y al Congreso del estado. Por esa razón, extrañamente las gestiones del Centro Tlachinollan y Serapaz no han prosperado para destrabar el diálogo, y los diputados federales perredistas, que anunciaron que mediarían en el conflicto, en dos días no han hecho absolutamente nada. Es visible que mueve a Aguirre Rivero la línea dura trazada por el gobierno federal, donde obviamente tiene apoyo, y por eso el primer paso que dio fue cancelar hace ocho días todo contacto oficial con la CETEG. El secretario de Educación federal, Emilio Chuayffet, reiteró antier la advertencia de que se deben aplicar sanciones a todos los maestros de todos los estados que suspendan labores en protesta por la reforma educativa, y que eso le correspondía hacerlo a los gobiernos estatales. Y aquí lo hizo ayer la titular de la SEG, Silvia Romero, quien amagó con despedir a seis mil maestros y personal administrativo de 438 escuelas que participan en las protestas, más o menos lo mismo que dijo el gobernador en un acto público, en el que lanzó puyas de baja estofa contra los profesores paristas.
Ahogado el diálogo, con el PRD y los diputados locales y federales del PRD alineados con el gobernador y dispuestos a defender las acciones que Aguirre adopte sin cuestionar su insensatez, y con el evidente respaldo del gobierno federal, y dado que no existe en el gobierno y sus aliados una mente que modere y frene la conducta del gobernador, lo único que se vislumbra en el horizonte es esa acción represiva de gran magnitud y de consecuencias impredecibles. La ocupación de las casetas de la autopista antier, y la agresión por parte de maestros contra negocios y las oficinas del SNTE ayer en Chilpancingo, son los pretextos que usará Aguirre. Es exactamente lo que quería que hicieran para justificarse. Conoce los efectos de la desesperación cuando un grupo social es sometido a la indiferencia y la cerrazón gubernamental. Así proceden los gobiernos tramposos y autoritarios.
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