Héctor Manuel Popoca Boone

Sí a una reforma educativa popular

(Cuarta parte)

Otro de los aspectos sensibles que afecta a los maestros es la aplicación de exámenes de evaluación “estandarizados”. Tienen razón cuando afirman que no son aplicables del todo en México por su rasgo distintivo de heterogeneidad y desigualdad. Existen diferentes circunstancias regionales donde sería injusto aplicar un mismo rasero de evaluación, tanto para maestros como para alumnos.

Hay que tener en cuenta las complejidades geográficas y sociales en las que el profesor lleva a cabo el cumplimiento de sus responsabilidades. Dar trato igual a desiguales es profundizar la desigualdad, decía el maestro y licenciado don Alejandro Cervantes Delgado.

No es lo mismo un maestro o un alumno ubicado en el alejado pueblo rural de Chilixtlahuaca a los que residen en la ciudad de Chilpancingo, por ejemplo. O educandos con capacidades disminuidas. Las oportunidades de nutrición y desarrollo cognitivo para el infante que reside en la comunidad rural son mucho menores que para el que vive en la capital del estado.

Lo mismo puede decirse del personal docente rural y urbano en cuanto a posibilidades de acceso a mayor capacitación y actualización magisterial. Hacer exámenes estandarizados es ilógico ahí donde prevalecen fuertes brechas de desigualdad en el acceso a medios y procedimientos didácticos y pedagógicos.

Temen los maestros que la reforma educativa se alinee a los mandatos de los organismos internacionales que presionan por una educación no de mejor calidad, sino de mayores destrezas utilitarias para los mercados laborales. Regidos por paradigmas de lucro económico voraz, cuya condicionante es la no criticidad y la aceptación de un “status quo” inmodificable.

Fundamentan tal preocupación al señalar la poca importancia que otorgan, en dichos exámenes estandarizados, a la valoración del conocimiento de las humanidades, cultura, civismo y de las convivencias sociales armónicas y pacíficas.

Quedó coja la reforma educativa constitucional al no establecer con claridad en su mandato qué tipo de educación pública nacional se intenta establecer y por ende qué tipo de educando se pretende formar para que todos comulguemos con el ciudadano requerido por nuestro país para alcanzar mayor progreso y prosperidad social.

La reforma educativa aprobada no es integral. Si bien es importante el magisterio y la infraestructura escolar como componentes importantes de la misma, tocará tratar en la reglamentación de la Ley General de Educación y otras secundarias, aspectos no abordados relativos a los educandos, padres de familia, planes de estudio, programas académicos, estructuras de administración, métodos y procedimientos de enseñanza, textos básicos, etc.

Por último, el Estado no puede abdicar de su obligación de construir, mantener y rehabilitar la infraestructura y el equipamiento escolar. Riesgo grave se corre de no reglamentarse bien ese aspecto de la reforma constitucional donde se estipula que el director de un centro escolar y los padres de familia tienen autonomía de gestión para la obtención de recursos económicos privados para tales fines.

Si se deja abierta tal facultad, cualquier persona física o moral (ya sean políticos, empresarios, religiosos, caciques, narcos, fundaciones, sectas, etc.) tendrá la posibilidad de controlar y subordinar a sus intereses particulares el o los centros escolares en donde hagan aportaciones económicas significativas.

A mi juicio, en la ley reglamentaria debe quedar establecido que el financiamiento de la infraestructura pública escolar es obligatorio para el Estado y las aportaciones privadas adicionales no rebasaran, por ningún motivo, un 30 por ciento del presupuesto total anual del centro escolar.

PD1. Pretender dialogar bajo presión de fuerza ilegal e ilegítima es un imposible para una autoridad pública. Es buscar una confrontación insensata; máxime si lo pretendido escapa a la competencia estatal.

PD2. Expreso mi solidaridad al amigo Hilario Mesino y a sus hijas, sobre todo a Rocío, por los momentos difíciles que están pasando. Familia emblemática de la lucha social de muchos años atrás en los municipios de Atoyac y Coyuca de Benítez. Hago votos porque todo se esclarezca lo más pronto posible.