Retira el gobernador la seguridad a Rosalinda Vargas y a su hija que fue secuestrada, denuncia

Yee Trujillo

El gobernador, Ángel Aguirre Rivero, retiró el resguardo de policías acreditables con que contaba la esposa del ex procurador de justicia del estado, José Rubén Robles Catalán, Rosalinda Vargas Barrera y su hija, Elizabeth Olguín Vargas, quien fue secuestrada, después de que participaron en la marcha en contra de la reforma educativa que se realizó el lunes en Acapulco.

La profesora Olguín Vargas responsabilizó de lo que le pueda pasar a ella y a su hija al gobernador, y calificó de “autoritaria” la decisión de dejarlas sin resguardo, luego de que ella ha sido víctima de atentados y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que, denunció, no ha cumplido el gobierno del estado.

Dijo que daba la información para “deslindar la responsabilidad, para que no vaya a pasar como le sucedió a la señora Juventina (la líder de La Laguna asesinada a finales de noviembre), que vayan a decir que nosotros nos salimos del perímetro de seguridad; que quede bien claro que fue el gobierno del estado el que nos retiró la seguridad y lo hacemos responsable, porque es un gobierno que ha demostrado intolerancia ante las denuncias”.

Olguín Vargas recordó que el abogado Norberto Flores Baños fue asesinado por las denuncias contra los “grupos de poder” que la hostigan desde 1984 cuando Vargas Barrera presentó una demanda de pensión alimenticia para su hija Johana Robles Vargas contra el fallecido ex secretario de gobierno y ex procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán.

Su intención es, “hacer responsable directamente al gobernador del estado de que lo que nos pueda suceder porque al rato no vayan a decir que nos atropelló o que nos levantaron, porque nos consta, yo fui testigo de cuando la señora Juventina acudió a los Derechos Humanos con el compañero Olivares y otros compañeros y la escuché de viva voz de cómo la estaba agrediendo el gobierno del estado, y de a quién querían que se aliara, con la delincuencia”, recalcó Vargas Barrera.

En conferencia de prensa, en un restaurante de la Costera, reprochó que Aguirre Rivero tenga una actitud de “simulación” para atender a víctimas y ser respetuoso de los derechos humanos porque “es totalmente falso”, y dijo que el hostigamiento a su hijo, Alejandro Olguín Vargas, ocurrido en octubre también será informado a la CIDH en los próximos días para que los tres niveles de gobierno asuman sus responsabilidades.

Vargas Barrera afirmó que tras la reunión que sostuvo el 30 de octubre con el gobernador para hablar del cumplimiento de estas medidas cautelares para remover los factores de riesgo y acceder a la justicia, acordaron que a nivel estatal se proveería de “lo necesario” para que pudieran presentarse a declarar en el Ministerio Público por el secuestro de su hija, contra empleados del gobierno del estado y policías ministeriales que manipularon la averiguación previa, pero esto no ha ocurrido.

Aseguró que “ante la indiferencia del gobierno federal”, desde el 24 de diciembre Aguirre Rivero les brindó acompañamiento personalizado de la Policía Acreditable, pero que este les fue retirado después de que interpusieron su amparo contra la reforma educativa y participaron en la marcha mencionada.

Explicó que el lunes, ella y su hija llegaron a las instalaciones del ex Ineban en Acapulco con los policías pero “órdenes superiores” les indicaron que no se quedaran en el lugar para evitar un incidente con los maestros, pues iban armados. A sus guardias los trasladaron al cuartel del Centro de Readaptación Social (Cereso) mientras sucedía la marcha, pero al tratar de comunicarse con ellos para que regresaran a acompañarlas “se vino la represión del gobierno” y le informaron que ya no se les daría la seguridad.

“Llamé al comandante encargado de la seguridad y me dijo que, efectivamente, ya no se me iba a proporcionar porque yo había andado con los elementos armados y que las cámaras me habían observado y que por ese motivo se había dado la orden del licenciado Ernesto Aguirre, quien es el que autoriza”, explicó, y dijo que a pesar de que él era uno de los encargados de darle seguimiento a su caso, el funcionario ya no les contesta las llamadas, “por proteger esos grupos de poder”.

Vargas Barrera relató que aunque el gobernador le dijo que “por dinero no iba a haber ningún problema” esta seguridad no se les otorgó de manera integral porque el subsecretario de Prevención y Operación Policial Leonardo Octavio Vázquez Pérez “se resistía” a darle seguridad a su hija. Primero les enviaron una patrulla con cuatro policías para resguardar a ambas después dos policías vestidos de civiles que tenían que utilizar el vehículo de la familia, y finalmente otra patrulla con cuatro policías pero con “limitantes” porque solo se les otorgaban 35 litros de gasolina y si debían ir a Chilpancingo ellas tenían que aportar 300 pesos para el combustible y pagar los viáticos de los policías, lo que ocurrió por lo menos en dos ocasiones.

Agregó que el resto de los puntos acordados con el gobernador no se han cumplido, como la colocación de cámaras de vigilancia en su domicilio, que dejen de ser reprimidas laboralmente quitándoles horas de clase y la eliminación de factores de riesgo por empleados del gobierno del estado que participaron en la manipulación de averiguaciones previas y la desaparición de elementos de las mismas, como América Beatriz Román Iturbide a quien el gobernador se comprometió de cesar al día siguiente de la reunión, por violentar sus derechos humanos y fabricarles delitos,.

Consideró que tanto el gobernador como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, están protegiendo a esa funcionaria porque continúa sin ser despedida.

Vargas Barrera dijo que también hay una queja contra Salvador Robles Chávez, doctor y sobrino de su ex pareja porque elaboró un dictamen médico que no coincide con la declaración de Román Iturbide y otra contra Martínez Garnelo.

Criticó que aunque desaparecen y reponen documentación, la procuradora de justicia Martha Elva Garzón Bernal insiste en exponerlas a la delincuencia organizada “que están coludidos con los de la Procuraduría” porque las obligan a presentarse a declarar, cuando los que denuncian son delitos que se siguen de oficio porque cuando su hija fue liberada luego de su secuestro entregaron todas las pruebas, se indicó dónde estaba la casa de seguridad e inclusive se entregó “el pasamontañas que el secuestrador tuvo diez días”, y consideró que no ha habido avances substanciales en el caso porque “el gobernador dice una cosa públicamente y en los hechos hace otra”.