Viene la PGR por López Rosas por delitos en el caso Ayotzinapa

Federales contra taxistas en la Costera *** Choferes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero bloquearon ayer la Costera y se confrontaron con patrullas de la Policía Federal, a quienes reclamaron que el pasado jueves una unidad de esa corporación detuvo –argumentando que el vehículo que conducía tenía reporte de robo– a un taxista a quien presuntamente los agentes golpearon y robaron mil 100 pesos * Foto: Jesús Trigo

* Dice el ex procurador que agentes intentaron detenerlo ayer por la mañana en su casa

* Versión de que un juez libró siete órdenes de aprehensión en las que se incluye al actual subprocurador César de los Santos y al ex subprocurador Hernández Paz

* Las acusaciones son por tortura, abuso de autoridad, actuaciones irregulares y ?contra la administración de justicia y evasión de presos

* No obstante, el ex alcalde dice que es una persecución política y que de todos modos se registrará como precandidato del PRD

Emite la PGR una orden de presentación contra López Rosas por el caso Ayotzinapa

Aurora Harrison

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de presentación contra el ex procurador Alberto López Rosas por los sucesos del pasado 12 de diciembre, donde dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados por policías en la Autopista del Sol informó el mismo ex funcionario.
López Rosas dijo a reporteros que se enteró que tenía una orden de presentación de la PGR y consideró el citatorio como una “persecución política”.
Sostuvo que el citatorio no frenará sus aspiraciones políticas, tan es así que, dijo, se registraría como candidato a la alcaldía de Acapulco.
Por la noche en su casa de Acapulco, el ex procurador junto a un grupo de abogados analizaba las acciones que emprendería ante la orden de presentación, y después de las 11 de la noche afirmó que desconocía si sólo era una orden de presentación o de aprehensión porque no tenía ningún documento oficial. Sobre los posibles delitos dijo que lo desconocía pero que sí estaba seguro que no es por los homicidios de los estudiantes porque esa investigación la realiza la Procuraduría de Justicia del Estado.
Dijo que ayer por la mañana salió a realizar ejercicio y al regresar a su casa, unos minutos antes de las 9 de la mañana, se percató de la presencia de agentes de la AFI y se introdujo a su vivienda.
López Rosas consideró que los agentes esperaban que saliera de su casa para detenerlo, pero que no sabían que ya estaba afuera y que entraría a su vivienda. “Sí intentó detenerme, pero creo que no tuvieron oportunidad por alguna cosa, traen la intención de ejecutar esa detención”, dijo.
Algunos trabajadores de confianza del ex procurador dijeron a algunos reporteros que fue a la casa un grupo de unos 16 policías federales, que iban en dos camionetas, así como un automóvil Aveo y un Sentra con placas del Distrito Federal, y que después de unos minutos se retiraron de su casa.
La mañana de ayer allegados al ex Procurador difundieron a los reporteros, que iban llegando a una conferencia de prensa a la que había convocado el ex funcionario para informar que se presentaría como precandidato del PRD a la presidencia municipal de Acapulco, que agentes de la SIEDO estaba afuera de la vivienda de López Rosas. Así que los reporteros se trasladaron al domicilio del ex funcionario en el fraccionamiento Mozimba.
También en las oficinas municipales del PRD después de una conferencia de prensa una persona cercana al también ex alcalde dio a conocer que agentes federales de la Subprocuraduría de Investigación Especializa en Delincuencia Organizada (SIEDO) habían rodeado su vivienda para llevárselo a declarar.
En declaraciones a reporteros dentro de su casa, el ex alcalde sostuvo que no frenarán sus aspiraciones políticas y adelantó que se registraría como precandidato a alcalde de Acapulco.
En la entrevista, el ex procurador declaró que no ha tenido comunicación con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, “voy a afrontar esta situación de manera personal, naturalmente yo lo he hecho de esa manera y va ser invariable mi actitud”.
“Me enteré anticipadamente que se había emitido una orden de presentación en mi contra por los sucesos del 12 de diciembre pasado, y ante ello he percibido que existe esa orden de presentación”, declaró el ex alcalde, al tiempo que afirmó que no se niega a presentarse a declarar.
Cuando se le preguntó que uno de sus ayudantes informó que su casa estaba rodeada por agentes de SIEDO, el ex funcionario dijo que “no, no, ustedes podrán constatar, tampoco quisiera contribuir a la especulación, no creo que pueda corroborar, lo que sí hay es una orden de presentación”.
–¿Efectivos federales rodearon su casa? –preguntó un reportero.
–No siento que esté rodeada mi casa y además no estoy dando motivo para ello, aquí no hay delincuentes, aquí hay un posible perseguido político, probablemente, lo constataré en las próximas horas si así debo considerarme.
Explicó que desde que dio a conocer a los medios de comunicación los videos el 18 de diciembre pasado, donde se muestra que efectivos federales dispararon contra los normalistas, la PGR emprendió varias acciones de “hostigamiento y persecución… hoy se está concretando a través de esta orden de presentación”.
Aseguró que continuará señalando a la corporación federal como la responsable directa, no sólo de los homicidios sino de las acciones represivas en el desalojo violento de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que dejó como saldo tres muertos.
“No confío en las autoridades federales, están encubriendo a los verdaderos autores de estos lamentables hechos y por lo mismo creo que esto va más allá de lo legal, y eso es una persecución política por haber presentado los videos el 18 de diciembre y por mi conducta invariable”, dijo.
–¿Eran agentes de la SIEDO?
–No he tenido contactos con ellos ni comunicación, lo cierto es que a través de mi guardia me han informado que tengo que presentarme, que hay una orden de presentación.
–¿A qué hora le informaron?
–Desde anoche tuve conocimiento, que había algo que pudiera ejecutarse el día de hoy (ayer), me recomendaron que no durmiera en mi casa, que no me dejara ver, desatendí esa recomendación, aquí pasé la noche, me fui a hacer mis ejercicios a las seis de la mañana donde siempre me ejercito; ya de regreso al venir a mi domicilio me percaté de la presencia de elementos desconocidos, finalmente confirmamos que buscaban detenerme.
Abundó que tal vez sea en Chilpancingo o en México que se presentará, que aún no lo tenía claro, pero que lo hará y reveló que le recomendaron que se presentara con un amparo federal, pero que se rehúsa porque “no tengo porqué hacerlo”.
–¿Las personas venían uniformadas?
–Las que yo vi no, venían en una camioneta no oficial tampoco, pero bueno, con lo que había conocido la noche anterior y al verlos obviamente que los vinculé.
–¿Así se defendería usted como perseguido político? –preguntó otro reportero.
–Pues ya a estas alturas, bajo estas circunstancias, saber que de otras corporaciones federales no hay ninguna otra investigación y no hay ningún detenido pues me parece que todo advierte que vamos hacia ese estatus, hacia esa condición.
Subrayó que desde el 18 de diciembre tiene otro cauce, marcó una actitud de persecución, una actitud de hostigamiento por medio de la procuradora General de la República, Marisela Morales; mencionó el intento de arraigo en diciembre.
Afirmó que no va a salir de su casa, y que con su representante legal, quién será un amigo de confianza, se presentará ante la autoridad correspondiente.
Sobre si hay temor de que le fabriquen un delito respondió que “en este plan todo puede ocurrir”, pero que tiene confianza en la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que “ningún atropello puede ser una voluntad política y eso es un atropello, que no va a vencer mi ánimo de seguir en este esfuerzo. Me voy a registrar el día de hoy (ayer), voy a mandar un representante para que lo haga, y voy a seguir con mis aspiraciones políticas y demostrarle a la sociedad que no nos podemos dejar”.
Afuera del domicilio del ex alcalde se encontraron cuatro agentes ministeriales, vestidos de civil y con sus armas de cargo, que están dando seguridad al ex funcionario estatal. López Rosas explicó que de acuerdo con la ley, quienes ocuparon cargos de procurador tienen derecho a vigilancia.

Lo visitan en su casa perredistas y vecinos que lo apoyan

A la vivienda del ex alcalde llegó la secretaria general del PRD municipal, Rosario Merlín García, Juan Calixto López, y el secretario de Derechos Humanos del PRD, Martín Bautista.
Merlín García dijo que ya están cansados de las acciones irregulares que cometen los federales y adelantó que harán reuniones con la militancia para definir las acciones a seguir para detener esta oleada de hostigamiento y represión en contra de los perredistas.
“No queremos más agresiones ni intimidaciones de ese tipo de abuso de autoridad”, declaró la dirigente municipal, quién reiteró que es un acto de intimidación en contra de López Rosas, “no sé de donde venga pero ya párenle, en Guerrero estamos al tope de atropellos”.
Por eso pidió al presidente Felipe Calderón que se lleve a los policías federales, porque no es la primera acción ilegal que denuncian ciudadanos y militantes del PRD, y recordó el caso de la detención de su hermano.
También acudió el regidor añorvista Ramiro Solorio Almazán, el dirigente del Barzón, Javier Taja, y vecinos de diferentes colonias de Acapulco, en varios camiones urbanos, que acudieron a la vivienda del ex alcalde para brindarle su apoyo.

Va la PGR también contra otros seis
ex funcionarios
de la Procuraduría del estado

El Juzgado Séptimo de Distrito habría girado siete órdenes de aprehensión. Están incluidos el actual subprocurador César de los Santos y el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente

Funcionarios del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, indicaron que fueron libradas siete órdenes de aprehensión contra funcionarios y ex autoridades de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) por el caso de la Normal de Ayotzinapa, solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Las mismas fuentes informaron que el Ministerio Público federal no sólo está requiriendo al ex procurador Alberto López Rosas, como lo dio a conocer la mañana de ayer el mismo ex alcalde de Acapulco, sino también ordenó la presentación de 21 funcionarios de la PGJE, en contra de quienes se integró una averiguación previa por diversos delitos, entre ellos tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, actuaciones irregulares y evasión de presos.
La lista de indiciados la encabezan López Rosas y el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente.
Además, en la lista están el actual subprocurador de Justicia, César de los Santos Mendoza, y más de una decena de agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa por el desalojo violento de normalistas, ocurrido el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo y donde fueron asesinados a tiros dos estudiantes, refirieron las mismas fuentes consultadas. (Redacción con información de Agencia Proceso / Chilpancingo)

Acude otro grupo de Ministeriales a comparecer ante la PGJE por el caso Ayotzinapa; faltan 10

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Por tercer día consecutivo, otro grupo de los 40 agentes y comandantes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), acudieron a declarar ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en donde este viernes el clima interno era de caos por una serie de rumores que se iniciaron debido a la orden de presentación que emitió la PGR en contra del ex fiscal, Alberto López Rosas y que más tarde él mismo confirmó como cierta.
Este viernes un grupo de 10 agentes de la PIM, se presentaron en la PGJE por el procedimiento administrativo que se abrió en contra de 40 servidores públicos de esa fiscalía por “actos arbitrarios y limitar indebidamente las manifestaciones de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa”, de acuerdo al expediente CI/DGFR/036/2011-I.
Con los Ministeriales de ayer suman ya 30 los que han declarado de un total de 40, el miércoles lo hizo un primer grupo de 10 y el jueves siguieron10, por lo que, están pendientes por comparecer los últimos 10; el jueves se informó que las comparecencias terminarán el lunes.
Este viernes, uno de los agentes accedió a dar información breve del procedimiento y dieron a conocer que la abogada de la mesa de trámite I de la Contraloría les pide un informe de sus actuaciones que realizaron el pasado 12 de diciembre y les formula entre 4 a 5 preguntas.
Uno de los policías, mencionó que todos tienen desconfianza de estas actuaciones porque “primero nos llamaron a declarar como testigos y después el 3 de febrero ya nos informan que somos indiciados en esta investigación interna, eso no se vale que estén actuando de forma dolosa”.
Explicaron que tienen temor de ser despedidos, “porque con las nuevas reformas ya no hay una liquidación y nuestra carrera de trabajo se va a echar a perder por actos que no cometimos, porque ese día ya rendimos un informe detallado de nuestra actuación, de que acudimos desarmados y sólo a recoger a los estudiantes que en su mayoría detuvo la Policía Federal”, añadió uno de ellos.
Indicaron, que la mayoría de los que han sido citados a declarar no van asesorados jurídicamente y que sólo unos cuantos han solicitado la ayuda de algún abogado que les explique la forma en que habrán de conducirse y de pedir que se les respeten sus derechos laborales.
Pero lo que provocó una reacción de nervios y de un clima de inestabilidad en las oficinas de la PGJE, es la información de que desde la PGR ya liberaron una orden de presentación contra el ex procurador, Alberto López Rosas.
Y es que de acuerdo a denuncias de trabajadores y funcionarios de la PGJE, hay una lista de entre 70 y 80 policías, Ministerios Públicos, mandos superiores entre ellos el subprocurador, César de los Santos Mendoza y el ex subprocurador, Alejandro Paz y Puente, que están indiciados en la PGR y contra los que también ya se habría liberado orden de presentación.
Este viernes, los servidores públicos que han sido citados a declarar a la PGR en la ciudad de México y que todavía laboran en la PGJE, prefirieron irse a sus casas o buscar asesoría jurídica, pues tienen temor de que “en cualquier momento también vengan por nosotros, nadie nos va a ayudar, nadie”, decía visiblemente nervioso un trabajador de la fiscalía.

Envía el Centro Prodh un memorial de análisis a la CNDH sobre el
caso Ayotzinapa

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un memorial sobre el caso Ayotzinapa, con el objetivo de “abonar a que la investigación emprendida por este organismo público cumpla con los más altos estándares en materia de derechos humanos”.
El organismo considera en el documento entregado a la CNDH es para que la investigación “tenga verdaderamente un carácter especial y esté conducida de manera eficiente”, debe contar mínimamente con seis criterios.
Ellos son: esclarecimiento cabal de los hechos, sanción a los responsables, reparación del daño, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, amplia participación en el proceso de investigación de las víctimas y sus representantes, y, finalmente, masiva difusión de los resultados y seguimiento puntual a las recomendaciones.
El Centro Prodh recuerda que en el caso de las “graves violaciones a derechos humanos sufridas por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, es el primero que la CNDH atrae para ejercer una investigación”.
Agrega que antes esta facultad correspondía realizarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y añade: “Dadas las implicaciones de los hechos, el caso Ayotzinapa sin duda, es una oportunidad histórica para sentar precedentes y parámetros de investigación que contribuyan al acceso a la verdad y a la justicia”.
El Centro Prodh manifestó en su documento a la CNDH que para que la investigación de los hechos se realice “desde un panorama amplio y contextualizado”, en el que se valore la legítima causa de la lucha por el derecho a la educación, pide la “no criminalización de la protesta social, dada la relevancia de su ejercicio en contextos democráticos”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).