Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Cosas del tercer mundo
* Rocío Mesino en la cárcel, Willy Reyes libre

Los caminos de la ley en Guerrero son tan inescrutables y veleidosos que a partir de premisas y procedimientos similares hacen posible que una persona sea aprehendida y otra exonerada. Rocío Mesino Mesino sufre en el primer caso, y Willy Reyes Ramos goza en el segundo. Ambos están acusados de homicidio, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de una manera tan vaga, dudosa e inverosímil, que es sorprendente que ahora se encuentre recluida en el penal de Las Cruces; y el ex alcalde priísta de Tlapa, de una manera tan sólida, firme y documentada que resulta inexplicable que disfrute a plenitud de su libertad mientras el grueso expediente que lo incrimina duerme en los archivos del gobierno.
Rocío Mesino –una dirigente social de aguerrida presencia en el estado y conocida en el país– fue detenida el miércoles de la semana pasada en Atoyac mediante un aparatoso despliegue y con la característica arbitrariedad de la Policía Ministerial, acusada de asesinato por un delincuente que se encuentra preso por secuestro y que en su carrera criminal utilizaba dos nombres, Ricardo Jiménez Zapata y Heribán Ortiz Serafín. Este sujeto está además vinculado a través de un hermano con el ex alcalde perredista de Atoyac, Armando Bello Gómez, y con el ex candidato del PRD a esa alcaldía, políticos con los que Rocío Mesino antagonizó fuerte y públicamente en sus funciones de regidora en el anterior periodo y como dirigente de la OCSS. Además, Ricardo Jiménez Zapata o Heribán Ortiz Serafín fue acusado ministerialmente por Rocío Mesino y su familia de ser el homicida de Miguel Ángel Mesino, ejecutado en el 2005. Pese al señalamiento directo de la familia Mesino, no se ha sabido que la Procuraduría General de Justicia del Estado le haya imputado a Jiménez Zapata / Ortiz Serafín el asesinato de Miguel Ángel Mesino. Pero sí se sabe que en su declaración de ley, este secuestrador involucró a Rocío Mesino en el plagio y asesinato del señor Victorino Luengas García, hechos ocurridos en el 2011 en Coyuca de Benítez. Y que ese solo dato, proveniente de un individuo sin credibilidad, le bastó a la Procuraduría –dirá que en tributo al Estado de derecho– para inculpar a Rocío Mesino y solicitar una orden de aprehensión, que no le fue mostrada durante su captura. Y para acreditar su fama, la Policía Ministerial consumó la detención a pesar de que Rocío Mesino contaba con un amparo, pecadillo menor en el mundo del abuso y la arbitrariedad.
En el extremo opuesto, Willy Reyes, ex alcalde de Tlapa, está señalado por sus subalternos y presuntos cómplices, con toda clase de detalles y explicaciones que no han sido rebatidos, de haber ordenado y pagado el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su asistente Eric Estrada Vázquez. Las diferencias que es posible encontrar entre uno y otro caso, consisten en que mientras es ostensible la debilidad de la acusación fabricada contra la dirigente de la OCSS, los testimonios obtenidos por la Procuraduría hunden a Willy Reyes. Son los testimonios de los asesinos materiales del diputado Villanueva de la Luz, y el del ex comandante de la policía municipal de Tlapa a quien Willy Reyes habría encargado organizar la doble ejecución. Como consecuencia de ello, la Procuraduría solicitó en noviembre de 2011 el desafuero del entonces alcalde ante el Congreso local, con la intención de aprehenderlo y someterlo a proceso, pero en septiembre pasado la legislatura saliente dejó inconcluso el procedimiento legislativo aun cuando tuvo casi un año para terminarlo. En una maniobra que hasta la fecha no ha sido explicada, los diputados responsables de procesar el desafuero –con el priísta Marco Antonio Leyva Mena a la cabeza de la Comisión Instructora– filtraron una versión de las conclusiones en las que se genera la apariencia de que Willy Reyes es exonerado de los cargos. La finalidad de la maniobra era implantar en la opinión pública la idea de la inocencia del ex alcalde a partir de un documento carente de validez legal, en primer lugar porque el Congreso está imposibilitado para emitir juicios sobre la culpabilidad o inocencia de cualquier acusado, pero también porque el juicio de desafuero quedó truncó, abandonado por los diputados que debieron dictaminar si procedía o no quitarle al alcalde la protección que el cargo le otorgaba para ser sometido a proceso por la Procuraduría. Es conocida la historia posterior: pese a que Willy Reyes perdió el fuero al término de su gestión en septiembre del año pasado, sin ofrecer explicación alguna la Procuraduría olvidó todo y entró en una especie de condición comatosa al respecto, porque no lo detuvo como era su obligación, ni se desiste de sus acusaciones. Entre tanto, los otros acusados del asesinato de Villanueva de la Luz y Estrada Vázquez continúan presos y Willy Reyes realiza actividades políticas para ser candidato otra vez a la alcaldía de su pueblo.
Para un observador externo, debe ser incomprensible que la justicia y el gobierno de Guerrero sostengan conductas tan dispares en casos similares. No puede ofrecer ningún consuelo el hecho de que esta sea una historia cotidiana, ni resignación la conciencia de que así son las cosas en el tercer mundo. Alguien lanzó a la prisión a Rocío Mesino por motivos desconocidos, que muy bien podrían ser políticos como han señalado ella misma y su familia, y alguien brinda protección a Willy Reyes para que no pise la cárcel. ¿Quién? Quizás lo sepa el gobernador Ángel Aguirre.

Manotazo a Aguirre

El gobernador Ángel Aguirre quiso ser más papista que el Papa al asumir como suya la línea dura del gobierno federal frente a las protestas de los maestros, y recibió un manotazo. Es posible que el gobierno del estado tuviera preparado para el fin de semana un golpe espectacular contra la dirigencia de la CETEG o contra los contingentes que marchaban por la autopista y las calles en demanda de ser escuchados, y que haya sido frenado por el gobierno federal por el simple razonamiento de que tal actitud abriría un nuevo frente que le resultaría contraproducente. Es decir, que pretendiendo ayudarle, Aguirre Rivero habría afectado el interés federal, y por eso el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, un funcionario de las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto, vino y desplazó al gobernador en las pláticas con los maestros, con quienes acordó una tregua prácticamente sin tomar en cuenta el parecer del anfitrión de la Casa Guerrero.

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