Rechaza la CRAC el decreto del gobernador sobre la Policía Comunitaria y a los grupos de autodefensa

Mariana Labastida

San Luis Acatlán

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) aprobó en asamblea la defensa de su organización ante el decreto que pretende regular a la Policía Comunitaria promovido por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y planteó la posibilidad de movilizarse a Chilpancingo este jueves para exigir al mandatario que cumpla con el acuerdo de analizar su iniciativa con la organización indígena.
En la asamblea de este domingo se expusieron denuncias de agresiones cometidas por el movimiento de autodefensa contra la Policía Comunitaria de El Paraíso, Ayutla, y contra una comunidad de Tecoanapa. Varias intervenciones insistieron en el deslinde de la Policía Comunitaria del movimiento de autodefensa encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y señalaron que es una política del gobierno confrontar a ésta con la CRAC para buscar debilitar a la Coordinadora e imponer la entrada de las empresas mineras al territorio comunitario.
La asamblea acordó respaldar las acciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en contra de la reforma educativa y reafirmó su rechazo a las mineras.
Algunos comisarios y coordinadores consideraron que el gobierno del estado lo que quiere es dividir a la CRAC y por ello le está dando el apoyo a la UPOEG, de la que urgieron que quede claro el deslinde para evitar acciones como el intento de desarme de a la Policía Comunitaria de Acatempa en Tixtla, el pasado miércoles.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, denunciaron que el viernes por la noche en la gasolinera cerca de la entrada de Tlalapa en Ayutla un grupo como de 80 integrantes del movimiento de autodefensa los detuvieron y desarmaron durante casi tres horas.
El coordinador de dicha casa, Carlos Morales Chávez, relató que iban 14 policías comunitarios con él y llevaban a dos detenidos. Los del movimiento de autodefensa “nos estaban señalando que éramos secuestradores”; por eso los detuvieron, desarmaron y retuvieron, “esto se informa para que todos los policías, comisarios y coordinadores se den cuenta”.
“Yo quiero denunciar esto por cualquier cosa que pueda pasar responsabilizamos a ellos directamente a sus dirigentes –en referencia a Bruno Plácido–, también al gobernador, porque sabemos que tiene una mano metida, no sé si leyeron que el Ejército dijo que hay una mano que mese la cuna, es la mano del gobernador, que ha estado como diez veces desde que inicia la autodefensa y a la CRAC ni siquiera la ha atendido, para que quede claro la actuación del gobernador”, dijo el también coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera.
Agregó que los de la autodefensa están entrando a territorio comunitario pero no se ha dado ningún problema porque los han respetado.
También denunciaron que en Ayutla se han amenazado a promotores de la Policía Comunitaria, “no estamos luchando contra nosotros mismos, Bruno es buena gente pero se le subió la cuita a la cabeza no se vale que tome de muestra nuestro proyecto”, dijo  el consejero Rufino, quien llamó a los integrantes de la CRAC a pelear por la justicia y no por el dinero ante la polémica que hay por el manejo de los recursos entregados a la coordinadora.
El dirigente de cinco pueblos de Tecoanapa, Prócoro Valente Gil, denunció que el 13 de marzo entraron integrantes del movimiento de autodefensa a la comunidad de El Carrizo donde amenazaron a los habitantes, y que lo han hecho en otras comunidades donde “han tratado de engañar a las comunidades”.
La denuncia de los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso se ligó con la aprobación del decreto que propuso el gobernador que está respaldado por la UPOEG, el cual dijeron afectara a todos.
“Tomemos decisiones serias y fuertes porque lo que estamos viviendo es lo que se vivía a un principio cuando se inició la  Policía Comunitaria”, dijo Eliseo Villar refiriéndose a las acciones en contra de la Policía Comunitaria y el intento de hacerlo auxiliar de la preventiva.
“En ese entonces había dos enemigos: los delincuentes y el gobierno, hoy en día son tres, la delincuencia organizada, el propio gobierno y el grupo de autodefensa, vamos viéndolo como enemigos, estoy conciente que somos la misma gente pero hubo intelectuales que nos dividieron utilizando el nombre de la Coordinadora para que en nosotros caigan todos los errores del grupo de autodefensa y eso sí lo repruebo”, enfatizó el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Recordó que trabajó junto a Bruno en los inicios de la Comunitaria, pero que no se vale que sabiendo la historia que tienen esté utilizando a la Policía Comunitaria, “gracias a esos errores y delitos que cometieron hoy viene la represión del gobierno estatal y federal sobre el sistema comunitario, eso es traición, eso es vende Patria”.
Expuso que en el periódico El Faro se publicó que el jueves se aprobará el decreto del gobernador sobre la Policía Comunitaria a la cual ponen como auxiliar de la policía preventiva de los municipios, y propuso que la CRAC se movilice a Chilpancingo ese día a exigir al gobernador que cumpla con los acuerdos que tiene de analizar con esta organización indígena el decreto. “Debemos de tomar serias decisiones hacia la lucha en defensa de nuestro proyecto, viene el decreto”, enfatizó y pidió a la UPOEG llamar a su policía grupo de autodefensa.
En la asamblea, el ex coordinador, Pablo Guzmán Hernández, habló de un punto de acuerdo presentado por la senadora Laura Angélica Rojas del PAN en el cual se exige que se disuelvan las policías comunitarias por considerar que éstas dan ingobernabilidad, resaltó que se debe de poner énfasis en las acciones que las autoridades tomen porque de aprobarse le estarían dando facultades al Ejército para intervenir en el trabajo que están realizando y disolver lo que han hecho en los 17 años que lleva la Policía Comunitaria.
Guzmán Hernández leyó parte del acuerdo en el cual se expone que han “proliferado grupos” violando el artículo 17 constitucional, que representan un peligro por la ingobernabilidad que conciben, en el documento se considera a dichos grupos como policías comunitarias, el cual es el problema con la confusión que se ha dado entre la autodefensa y policía comunitaria, “no hay problema que se hayan levantado, que se organicen pero no se vale que se digan de la CRAC, debe de haber respeto”, enfatizó.
El presidente de la mesa de debates, comisario de Cuanacaxtitlan, Nicasio Castro Agustín, pidió votar aprobando por mayoría la negativa al decreto que propone el gobernador, también votaron en contra de los proyectos de las mineras, por las cuales “el gobierno está confrontando la autodefensa con la CRAC porque vienen a debilitarnos”, y entre los puntos finales manifestarse en apoyo a las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
“De una manera nos viene a afectar a todos como padres de familia, ahí nadie ha hecho un manifiesto para decir que estamos en desacuerdo con la reforma educativa y la reforma laboral”, dijo Castro Agustín.

Analizarán en próxima asamblea la situación de Cirino y Bruno Plácido y del padre Mario Campos

Después de instalada la mesa de debates que coordinaría la asamblea, Cirino Plácido Valerio pidió la palabra para exigir que se lleve a asamblea la acusación en su contra de traidor, hecho por el que exigió pruebas, esto luego de que el pasado 12 de febrero cuando fue uno de los que encabezó la toma de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, “a mí me van a probar esa acusación porque no soy un traidor”.
Cirino Plácido se deslindó de su hermano Bruno, y advirtió que si no se veía su situación en asamblea, demandaría en el Ministerio Público.
Se determinó convocar a una asamblea donde no sólo se vea el caso de Cirino, sino también de Bruno y del padre Mario Campos, “aquí vamos a describir a quienes son enemigos”, dijo un comisario.
“Es mucho desprestigio que se analice, es necesario esclarecer esto, la ropa sucia se lava en casa”, manifestó otro comisario, para que “quien la deba la pegue”, y no seguir “ventilando en los medios, cada vez que se habla de Bruno no está presente y tiene que estar”, intervino otro, quien posteriormente se presentó como integrante de la UPOEG, causando abucheo de los presentes en la asamblea.
La asamblea se convocó principalmente para que los coordinadores de las cuatro casas de justicia entregaran su informe de actividades, principalmente los de San Luis Acatlán que terminaron su periodo para que fueran aclaradas las dudas que tenían los integrantes de la CRAC, “para que haya sanidad debe de haber confianza”, les dijo el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández al momento de las preguntas con respecto al informe.
Para sanear la mala imagen del manejo de los recursos, se determinó que a cada comisario se le daría una copia del resumen de gastos, quien quisiera verlo a detalle tendrá que ir a la Casa de Justicia donde estarán los expedientes; el gasto de los recursos que han sido entregados a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán generó molestia entre los asistentes principalmente porque se dijo que los 500 mil pesos que entregará mensualmente el gobierno del estado será para las cuatro casas, por lo que se pidió que se votara cómo serán repartidos los recursos de acuerdo al trabajo en cada una de ellas.
El coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, pidió que no siguieran siendo como “niño huérfano” pidiendo dinero a los gobiernos, que se debe de exigir lo que debe de ser, siendo que los ayuntamientos reciben un porcentaje de su presupuesto para seguridad, “no es justo seguir pidiendo migajas”.
La entrega de las armas decomisadas causó incertidumbre debido a que faltaba una, por lo que se exigió que se mandará a traer al policía que la portaba, también se informó que la CRAC compró un rifle m2 hace tres años debido a que no tenían armas y entregaron las mismas a los nuevos comandantes de la Policía Comunitaria para determinar que hacer con ellas.
En el informe también iba el número de vehículos, artículos comprados, construcciones y acciones realizadas en los últimos tres años.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de Zitlaltepec no llegaron por lo que se pidió que se difiriera la entrega del informe, ahí, el síndico de Metlatónoc, Guillermo Evaristo Herrera, informó que el Ayuntamiento entrega 100 mil pesos mensuales y reprochó que en diciembre los policías comunitarios hayan detenido por 20 días el trabajo de rastrilleo de caminos que estaba haciendo el gobierno municipal, “no obstaculicemos uno el trabajo del otro” reprochó.
Para aclarar a los asambleistas la información dada por el síndico, la consejera de Zitlaltepec, Beatriz Gálvez Macario, precisó que el dinero es repartido entre los policías de las diferentes comunidades adheridas a la Casa de Justicia de esa área y no llega directamente a la CRAC.
Entre otros de los puntos que se aprobaron, fue la revisión de la lista de consejeros de las casas de justicia y de las policías comunitarias para que sean ratificados y actualizar a los que están dispuestos a trabajar en coordinación.