Denuncian parcialidad de autoridades para apoyar a afectados por la marina Majahua

Karla Galarce Sosa

El representante de prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués que son afectados por la construcción de la Marina Majahua, Tomás Román Guzmán, señaló que las autoridades estatales y federales sólo favorecen a los restauranteros y comerciantes vinculados a su hermano, el secretario en Guerrero de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), Eduardo Román Guzmán.
En declaraciones telefónicas, Tomás Román informó que se sumarán a la lucha que libra el Frente Opositor al Muelle Icacos (FOMI), que la semana entrante cumplirá dos años de rechazar la construcción del muelle en esa zona de playa.
“Nos vamos a sumar porque la falta de atención de parte de la autoridad competente propiciará el endurecimiento de la posición de los grupos que somos afectados, va a llegar el momento y creo que en lo que se debe de estar en contra es en la depredación del medio ambiente y de que a la gente humilde no se le dé oportunidad de sumarse a las fuentes de empleo y al desarrollo”, reclamó.
Desde el 27 de enero pasado, prestadores de servicios turísticos y restauranteros instalaron un plantón y desde entonces impiden que la obra continúe, debido a que con ella se redujo la extensión de playa y resultaron afectados 25 restaurantes en su infraestructura.
El también habitante de Puerto Marqués agregó que el problema debe de ser resuelto directamente con los afectados y no sólo con un grupo allegado al líder de la CTC.
“El gobierno estatal le apuesta a atender al grupo que encabeza Eduardo Román, pero tenemos que sentarnos con ellos para destrabar el conflicto”, expuso.
Tomás Román señaló que su hermano entregó montos de 8 mil a 30 mil pesos a algunos restauranteros afectados para que desistan del plantón. “Ellos les apuestan a otorgar dádivas y no comprenden que la situación ambiental debe de ser resuelta. El gobierno estatal efectivamente nos otorgó 5 minutos y ofreció empleos temporales y apoyo económico y nada más, nunca especificaron en qué consistían; eso sí, tardaron más de hora y media en reunión con los integrantes del grupo de Eduardo Román y representantes del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), representantes de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)”.
Acusó que el manejo de información ante las autoridades estatales y ante la opinión pública es imprecisa pues “los impactos ambientales se han modificado a conveniencia de la empresa porque quien se encargó de elaborar el proyecto fue el hijo de Abel Domínguez”.
Agregó que “Eduardo Román, Carmen Ramos, Adrián Deloya y Carlos Godoy son quienes han disfrutado de las canonjías del gobierno durante muchos años, pero aquí tarde o temprano deberá resolverse esa situación y resarcir los daños a los verdaderamente afectados”.
Tomás Román agregó que “entendemos que tal vez el gobierno estatal no tiene responsabilidad en esta situación y que es la empresa la que tiene que responder por los daños, pero no estamos de acuerdo en que los funcionarios quieran engañar al gobernador Angel Aguirre porque no le dicen lo que realmente ocurre, sólo se ocupan de resolver las quejas de un grupo y el problema no lo van a resolver Eduardo Román, Abel Domínguez, Carmen Ramos o Adrián Deloya porque ya los conocen y afortunadamente la gente de Puerto Marqués ya abrió los ojos”.