La autodefensa de la UPOEG tortura a sus detenidos y tiene asesoría paramilitar, acusa la CRAC de El Paraíso

Redacción

Chilpancingo

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), emitió un boletín en el que acusa a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) de torturar a sus detenidos y señala que es asesorada por el general colombiano Oscar Naranjo Trujillo  para constituirse en un grupo paramilitar al servicio del gobierno.
Además, propone a todos los pueblos adoptar el sistema de la CRAC. “Ante la crisis de seguridad provocada por el mismo gobierno, donde los cuerpos militares y policiacos se encuentran involucrados con las bandas de delincuentes que asolan nuestra patria, estamos invitando a todos los pueblos de Guerrero y de México a adoptar nuestro sistema de seguridad y justicia y nuestro pensamiento”, se lee.
Reitera su rechazo al decreto del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que pretende regular a las policías comunitarias y hacerlas auxiliares de las policías municipales y la estatal porque “es una agresión que nos desconoce como institución de los pueblos”.
“A nosotros nos ataca el gobernador y en cambio apadrina a los paramilitares de la UPOEG cuando éstos han cometido de enero a la fecha siete crímenes, infligiendo tortura a los detenidos: colgando con cuerdas por las manos a algunos hasta por 72 horas, desnudos y vendados, sin permitirles ver la luz por varios días, torturados en público, además de que negociaron la libertad con algunos delincuentes por cantidades millonarias”, acusa.
Denuncia que estos hechos fueron del conocimiento del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y señala que  esta organización no gubernamental “sigue acompañando” al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, en esta campaña contra la CRAC-PC.
En el comunicado titulado “En defensa de nuestro sistema comunitario”, está firmado por la Comisión de Prensa de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, enviado para su publicación, se afirma que  “la UPOEG está siendo apoyada por el gobierno federal y estatal como parte de un plan asesorado por el general Oscar Naranjo (ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, violador de derechos humanos y vinculado a grupos narco-paramilitares), para la institucionalización de un organismo paramilitar, trasladando la experiencia del gobierno de Colombia a nuestro país, en una guerra de exterminio contra millones de indígenas dueños de tierras ricas en oro, plata, agua y bosques”.
Compara a la UPOEG con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Guatemala, con Máscara Roja y Paz y Justicia de Chiapas.
Por otra parte, habla de la intención de la UPOEG de elevar a la comunidad a ser el “cuarto orden de gobierno”, y dice esto es “parte de un plan de la Secretaría de Gobernación Federal, de donde provienen sus ideólogos Raúl Olmedo Carranza y Rafael Aguilar Talamantes, de crear juntas auxiliares del poder a nivel comunidad”.
Así, la Casa de Justicia de El Paraíso desconoce como integrantes de su sistema de justicia a Bruno Plácido, Cirino Plácido y al sacerdote Mario Campos porque “han sido el instrumento para golpearnos”.
En el documento distribuido a los medios de comunicación se menciona “la agresión” que sufrieron policías comunitarios de la comunidad nahua de Acatempa, del municipio de Tixtla, el miércoles 13 de marzo, cuando elementos del Ejército intentaron desarmarlos porque acudieron a la cabecera municipal a pedir servicios y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De ese hecho, destaca que, “solamente la prudencia, la disciplina y la responsabilidad de nuestros cuerpos de policía comunitaria ha evitado que esos incidentes pasen a mayores”.
Agrega que bajo su sistema de justicia son las comunidades las que dan el permiso a los policías comunitarias para andar armados y patrullar, y que sólo portan armas de calibres pequeños, permitidos por la Ley Federal de Armas de Fuego.
En el documento se lee que la CRAC-PC está amparada por “la Constitución, tratados internacionales y la ley 701 (del estado)”, esta última creada expresamente para esa organización. Aunado a la legislación, dice, “nunca hemos agredido a nadie en pueblos que no pertenecen a nuestro sistema”.
Por eso, “vamos a seguir trabajando como hasta hoy, con las visitas a los pueblos y ciudades, donde nos solicitan para dar información o donde los pueblos piden su incorporación a nuestro sistema comunitario”.
En el boletín de prensa de la Casa de Justicia de El Paraíso, se menciona que la lucha de la CRAC “se hermana con la que actualmente llevan a cabo los maestros del Frente de Defensa de la Educación Pública y los Derechos de la Clase Trabajadora contra la reforma educativa y laboral, a quienes expresamos nuestro apoyo”.
Finalmente, plantea que en el territorio comunitario de sus cuatro casas de justicia, la CRAC realizará una campaña permanente de trabajo de 10 puntos:
La erradicación de cultivos ilícitos, la eliminación paulatina del consumo de bebidas alcohólicas, la prohibición de la venta de mujeres para el matrimonio.
También, organizar la producción, abasto y alimentación para disminuir el problema de la desnutrición, mejorar el nivel educativo “retomando la sabiduría de nuestros abuelos”, mejorar el acceso a la salud, recuperar y proteger los mantos freáticos, manantiales, ríos y lagunas.
El octavo punto es proteger los bosques, prohibiendo la tala y definiendo áreas de reserva bajo la vigilancia de la CRAC-PC. Buscarán “persuadir, concientizar y mediar entre los pueblos para evitar y solucionar conflictos por tierras, agua, bosques, religión, política y costumbres” y por último, dice que vigilarán la aplicación de los recursos públicos y las obras que se realicen en su zona de influencia.
La Casa de Justicia de El Paraíso dice que sus integrantes seguirán defendiendo  su sistema comunitario, y seguirá trabajando como hasta hoy, y agrega:   “tenemos legitimidad, respetamos al Ejército y policías del gobierno, pero igual les exigimos respeto, trabajaremos para el desarrollo de nuestros pueblos, procurando el respeto de los derechos humanos y defendiendo el derecho de nuestro pueblo a decidir sobre su destino”.