Incumplen empresas pacto de 2010 para no hacer publicidad engañosa de alimentos chatarra: ONG

Adriana Alatorre / Agencia Reforma

Ciudad de México

Las principales empresas de alimentos han incumplido con el pacto que hace tres años suscribieron con la Secretaría de Salud para no dirigir publicidad engañosa que fomente la epidemia de obesidad infantil en el país, acusaron organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria.
Las ONG recordaron que el 10 de febrero 2010, las empresas ofrecieron “autorregularse”, sin embargo, de las 14 empresas que suscribieron el acuerdo, 13 no han realizado ningún cambio a sus prácticas de publicidad dirigidas a la infancia, lo que ha provocado que se fomenten los malos hábitos alimentarios.
“El 90 por ciento de la publicidad de alimentos se dirige a niños. Es una publicidad que se aprovecha de la credulidad de los niños, que los engaña y los manipula”, reprochó Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.
Según un análisis realizado por la organización sólo dos empresas, Kellogg’s y Bimbo, dan a conocer sus criterios nutricionales dentro de sus sitios en internet.
“Estos compromisos voluntarios son una burla a la autoridad para evitar que haya una regulación por parte del Estado.
“Los acuerdos y compromisos voluntarios y autorregulaciones no funcionan porque sus criterios no son científicos, generan competencias desleales y el único obligado a actuar es el Estado”, llamó Calvillo.
El organismo ha emitido declaraciones proponiendo que los alimentos saludables sean parte de los derechos de la infancia.
Calvillo informó que a la fecha han presentado varias quejas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en materia de publicidad y etiquetado engañoso.
El problema, adujo, es que no hay antecedentes, por lo que se requiere regulación más estricta para que no existan dudas.
De acuerdo con lrma Meneses, del área Jurídica de la Red Por los Derechos de la Infancia (Redim), un niño promedio ve tres horas diarias de televisión y está expuesto al menos a 12 mil anuncios publicitarios, de los cuales el 90 por ciento de los relacionados con la comida, no cumplen con la calidad nutricional.
Meneses explicó que estos productos tienen una publicidad engañosa, desde los colores, imágenes, expectativas. Advirtió que quien decide lo que comen los niños son los padres y a ellos también los influye la publicidad.
“Aquí comienza la violación de los derechos de la infancia, indican que el niño debe tener la suficiente información para formarse un criterio propio”, señaló.
La activista indicó que también se violenta el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los estados deben combatir las enfermedades y la malnutrición utilizando la tecnología disponible, garantizando el suministro de alimentos nutritivos y agua potable.
Además, el Estado está fallando en otorgar un derecho a la salud, sobre cuál es su deber brindar una cultura alimenticia adecuada para preservar la salud.
“Los derechos de las empresas no pueden estar por encima de niños, niñas y adolescentes. Se está ponderando la cuestión económica sobre los derechos de los niños”, denunció.
Katia García, investigadora del Área de Salud Alimentaria de la organización El Poder del Consumidor, presentó algunos resultados de un monitoreo realizado por Ibope que revela que el total de la inversión de 11 empresas de confitería se destina a niños.
El total de publicidad fue para publicitarse en televisión abierta, el mayor porcentaje en Canal 5.
“La inversión de estos 11 productos, el total del dinero destinado de enero a agosto fueron 408 millones 776 mil pesos, sólo tres marcas destinaron más de 50 millones de pesos destinado a  publicidad para niños”, alertó.

Reactivan denuncia

Por considerar que el Estado no garantiza el combate a la cultura obesogénica ni la nutrición de la población, el Poder del Consumidor reactivó la denuncia que hace dos años interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Alejandro Calvillo, dirigente de la ONG, detalló que  en la denuncia presentan evidencia de que el Estado no está  cuidando a la población de un ambiente escolar obesogénico y de publicidad engañosa.
“Se presentaron pruebas de la falta de acceso al agua y por lo tanto la queja era al Estado y en los particular pasaba por Secretaría de Salud y Cofepris. Esperamos que por fin la CNDH emita una recomendación”, dijo.
“Es un gran drama el tema del hambre, pero no es nada frente al crecimiento de sobrepeso y obesidad, y la Ssa no ha mencionado nada al respecto”, criticó.