Libera el juez a Rocío Mesino por falta de pruebas para inculparla de homicidio

Carlos Moreno A.

El juez primero de lo penal, Marco Antonio Ordorica Ortega, dictó ayer auto de formal libertad a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra de Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, quien fue aprehendida el miércoles pasado acusada del delito de homicidio.
A las tres de la tarde, la secretaria de acuerdos del juzgado, Carla Díaz, le dictó auto de libertad absoluta por “por falta de elementos para procesar a favor de Rocío Mesino Mesino, por el delito de homicidio calificado en agravio de Victorino Luengas”.
Se supo que el juez Ordorica Ortega adelantó la resolución, que vencía a las 7 de la noche, hora a la que había citado, con la justificación de que no quería que estuvieran presentes los reporteros.
Consultada al salir del penal de Las Cruces, poco después de las cuatro de la tarde, Rocío Mesino externó tener miedo y ejemplificó que ya le había pasado un caso similar con su hermano Miguel Ángel Mesino, “estuvo preso por un delito que no cometió, se demostró su inocencia, salió libre y al año lo mataron”.
Dijo que exigirá al gobierno del estado resguardo policiaco: “exigiré mi seguridad personal, porque ellos me pusieron en una situación difícil, porque hemos demostrado la inocencia, ponen en riesgo mi integridad física, por lo que le pido al gobierno seguridad, yo ya la tenía pero quiero que se reactive”.
Sobre si confía en las autoridades a pesar de su detención, indicó que el resguardo policiaco será “a mi manera, yo no voy a pedir elementos de la Procuraduría, en Atoyac hay elementos de la policía municipal que son de mi confianza”.
Advirtió que seguirá “luchando por su pueblo” y manifestó sentirse segura, pero que “lamentablemente la consigna del gobierno para poder callar al movimiento social, es fabricando delitos, cuando hay muchos delincuentes afuera”.
Contó que fue una experiencia amarga, “pero Rocío Mesino no salió con temor, salió con más convicción de lucha, con más coraje y decisión”.
“Esto es una muestra de que en Guerrero sí se fabrican delitos, en Guerrero hay gente que por tener dinero, como lo hizo el ex presidente municipal de Atoyac, compró a los ministerios públicos”, expresó en referencia al ex alcalde perredista Armando Bello Gómez.
Informó que pedirá al gobierno del estado cinco abogados penalistas para que revisen cada caso de las mujeres internas en penales del estado, que “son inocentes”.
Por su parte, el abogado defensor Ricardo Meza explicó que lo que prosigue “es que se abre la segunda instancia, porque el Ministerio Público lo que hace es interponer la apelación, y este expediente se va a la sala penal en el Palacio de Justicia y verán si el juez que se pronunció en libertad de Rocío fue correcto o no. Tiene que revisar qué lo motivó a dejar en libertad, pero ellos van a dar las pruebas que se ofrecieron en la defensa”.

Su detención, sin orden de aprehensión

Una hora después, Rocío Mesino ofreció una conferencia de prensa en el restaurant Toks de la avenida Cuauhtémoc; ahí llegaron en un autobús unas 50 personas entre familiares y amigos del municipio de Atoyac, a manifestarle su apoyo tras la liberación.
Afuera del restaurante, los familiares y amigos, quienes días antes habían realizado distintas movilizaciones para pedir su liberación, colocaron cuatro bocinas y gritaban consignas: “Se ve, se siente, Rocío está presente”, “El pueblo unido jamás será vencido”.
Originalmente venían al Asta Bandera para manifestarse por la liberación de Mesino. En el lugar había unos 10 motociclistas de la Policía Federal resguardando la zona, y se realizaron patrullajes sobre la avenida Costera.
Al Toks llegaron el padre de Rocío, Hilario Mesino Acosta y su madre Alicia Mesino, quienes la abrazaron, de igual manera su hermana Norma con lágrimas en los ojos, le dio un beso y abrazo.
En la conferencia, Rocío Mesino contó que su detención fue “arbitraria” y que en un principio habían acudido el 19 de febrero a las 4 de la tarde, a su domicilio, seis trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR) de Derechos Humanos, quienes le pidieron que acudiera a declarar a la subdelegación sobre unas declaraciones que hizo sobre el caso de las seis españolas agredidas, “que dije hacen grande un caso de españolas agredidas, si hay dos indígenas violadas por el Ejército y nadie hace nada”.
Relató que le dijeron que si no acudía a declarar, volverían al día siguiente por la mañana, “y jamás regresaron”; dijo que los trabajadores habían acudido a su casa en una camioneta Chevrolet negra con las placas 210-XHM.
Narró que al ser detenida, también se encontraba su sobrino de unos 6 años, a quien los policías ministeriales encañonaron, y a su hermana Jenny la golpearon y a todos los tiraron al suelo.
“El 13 de marzo de 2013 violentaron los derechos humanos, hubo una detención arbitraria con lujo de violencia, por parte de efectivos ministeriales, donde no me presentaron ninguna orden de aprehensión, aun teniendo un amparo federal, y con todo el abuso de poder”, dijo.
Dijo que los  efectivos se justificaron diciendo que las personas que se encontraban con ella en el momento de la detención se encontraban armados.
Después denunció que habían informado de la detención a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “pero nunca vino a visitarme, y lo quiero hacer público”.
“Me tuvieron hasta las 12 de la noche parada, tomándome los datos, los trámites de rutina, tomándome las huellas, todas mis manos están huelladas, pero lo malo es que hay manos manchadas de sangre como lo es Rubén Figueroa Alcocer, que mató a 17 campesinos y no esta ningún dedo ni la mano en la Procuraduría”, se quejó.
Contó que su estancia en el penal fue “humillante, fui victima de alguien que me quería tener encarcelada y hoy queda demostrado que el gobierno puede encarcelar a un inocente, porque le afectan sus intereses políticos y mezquinos”.
Detalló que fue trasladada en un aparatoso operativo policiaco y militar, porque en el municipio de Coyuca de Benítez “cuando pasé estaban como 70 patrullas de la municipal y estatal, siete carros del Ejército, porque según ellos en Coyuca iban a tomar la carretera”, a lo que externó que eso demostró “el miedo que le tienen a Rocío Mesino  y a la OCSS”.
Recordó una palabra que le dijo “el que yo siento que está detrás de todo eso, Carlos Armando Bello Gómez (ex presidente municipal, de Atoyac), que yo no iba a ser competencia para él, dentro de tres años, y está claro, me pensaban dejar a mí por unos 30 o 40 años me la iba a pasar en la cárcel”.

La procuradora sabía de las acusaciones contra Rocío Mesino

La dirigente de la OCSS reveló que en noviembre del año pasado se reunió con la procuradora Martha Elva Garzón Bernal, y dijo que le externó que estaba dispuesta a aclarar las acusaciones que le imputaban, y “el gobierno sí sabia de mi orden de aprehensión”.
“Ellos me dijeron que tenía que ver la cuestión jurídica, pero me dijeron que era la PGR la que me estaba acusando de esto y quien iba a levantar la averiguación previa, me lo dijo Martha Elva (procuradora), por nosotros no hay ningún problema, aquí el problema lo tienes con la PGR”, relató.
Y acusó que “aquí hubo mano negra, me querían tener encerrada”, y afirmó que pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la destitución de los trabajadores de los ministerios públicos de los municipios de Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.
“El de Atoyac, porque hasta el día de ayer (lunes) el expediente de mi hermano Miguel Mesino, que fue ejecutado por Heriban Ortiz, el ministerio público lo ocultó y tuvo que ser el juez quien mandó a Chilpancingo a exigir ese expediente. Lo cual sabemos que está vendido y corrupto ese ministerio público”, sostuvo.
Recordó que su padre Hilario Mesino Acosta también estuvo detenido durante un año, en el anterior gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
La dirigente aseguró no tener confianza en el gobierno del estado, “yo no confío en el gobierno y voy a seguir mi lucha gestionando, a pesar de que le hayamos alzado la mano a Ángel Aguirre Rivero, esto me queda de experiencia para no confiar en el gobierno”.
Externó que esta experiencia la fortaleció y agradeció a quienes la apoyaron, a los dirigentes “que se unieron a las movilizaciones y a una persona que omito su nombre, pero desde aquí, haber confiado en mí y haberme ayudado con mi defensa, a esa persona yo le digo que muchas gracias, porque confió en mi inocencia”.
En su intervención, David Molina, militante del PRD y que fue a apoyar a la dirigente, criticó que la detención, “representa un retroceso a la transición democrática en Guerrero, varios pensábamos que los fantasmas del pasado se habían retirado”.
Sin embargo, recordó que en el gobierno de Zeferino Torreblanca “fueron asesinados los dirigentes mixtecos, fueron privados de la libertad y se desconoce el paradero de los dirigentes ecologistas, de la Costa Grande, fue asesinado Armando Chavarría, no entendemos la razón y el motivo por que el gobernador permite que las fuerzas más oscuras de la PGJE sigan intimidando a los luchadores sociales”.
Sentenció que esto es un claro “mensaje de intimidación y hostigamiento para todos los que tienen el atrevimiento de cuestionar la violación  de los derechos que se ven en el país”.
“Y sólo sigue preguntar a la Procuraduría quién sigue ahora, señor gobernador”, agregó.
Rocío Mesino fue aprehendida el 13 de marzo por elementos de la Policía Ministerial en seguimiento a la averiguación previa TAB/COY/01/01109/2011, por el delito de homicidio calificado en agravio de Victorino Luengas García, empresario secuestrado el 23 de junio de 2011.
El pasado jueves, la dirigente de la OCCS aseguró ser inocente y  señaló que estas acusaciones son una “acción política” y  que “este delito me lo están fabricando y estas rejas no me van a doblegar”, durante las declaraciones que hizo en el juzgado primero de lo penal.