Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Policías comunitarias: fin del debate

“Cuando se constata, y además es público en los medios de comunicación,  que frente a la incapacidad del Estado por proteger a ciudadanos, especialmente en áreas rurales, estos ciudadanos empiezan a armarse en autodefensas campesinas para remplazar el Estado, uno podría afirmar que se está iniciando una carrera que conduce al abismo”, dijo hace 15 días el general colombiano Óscar Naranjo, asesor de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Antes que él, el lunes 18 de febrero los jefes de las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados y en el Senado habían manifestado su oposición a los grupos de autodefensa creados en los primeros días del año en Guerrero y en otros estados,  pues ven en ellos un síntoma de ingobernabilidad y ruptura del Estado de derecho. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados federales del PRI, llevó unos centímetros más allá su cuestionamiento e insinuó que debían renunciar los gobernadores que no pudieran con la obligación de brindar seguridad a la población, donde está el origen de los grupos ciudadanos de autodefensa. Si los mandatarios estatales son incapaces de garantizar seguridad, entonces deben “replantear el funcionamiento de sus gobiernos y de ellos mismos”, dijo, frase que no pudo soportar la delicada piel de Ángel Aguirre Rivero, quien en respuesta enarboló la bandera soberanista y lapidó verbalmente al diputado sonorense.
La “carrera al abismo” contra la que advierte el general Naranjo es una frase inspirada en el recuerdo de la descomposición institucional ocurrida en Colombia en los años 70 y 80, con especial virulencia a lo largo del río Magdalena. Pero el militar colombiano incurre en una reducción extremista de aquel caso y ofrece una comparación falsa, porque al contrario de lo que sucede en las comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, o de lo que sucedió en Cherán (Michoacán), en Colombia fueron los ganaderos y caciques regionales los que armaron a esos grupos “de autodefensa” para hacer frente al acoso de las FARC, la guerrilla que terminó desfigurando su cometido. Y lo hicieron con el conocimiento y consentimiento del gobierno. Aquellos grupos fueron cuerpos paramilitares desde el principio sin género de duda, y se volvieron en contra de sus patrones porque sus integrantes eran sicarios, algunos llevados del extranjero. Después todo se complicó todavía más con la intervención del narcotráfico, a cuyos capos los caciques y ganaderos buscaron para tratar de corregir el desastre que por su iniciativa se había creado. Lo que ocurre en Guerrero y en otros sitios del país  –salvo las farsas desarticuladas en Michoacán y las que puedan presentarse en el futuro– es un fenómeno lógico, más simple y menos alarmante de lo que parece desde los escritorios y desde los recintos legislativos: la gente trata de defenderse hasta con los dientes de aquellas amenazas de las que el gobierno no lo protege. Pero si el general Naranjo de verdad desea encontrar grupos paramilitares, puede localizarlos en ese vasto territorio que va de la Costa Grande hasta Tierra Caliente, dominado por grupos armados no con escopetas, rifles o pistolas calibre 22 como las que usan los pobladores en autodefensa, sino con arsenales serios. Es la sierra, donde no hay ley y las cosas son como en Colombia hace 30 años. Contra la opinión del asesor de Peña Nieto, permitir las policías ciudadanas no es emprender una carrera al abismo, sino frenar tal carrera como lo demuestra el caso de la Policía Comunitaria que ha estado activa durante 18 años sin que sus objetivos se hayan alterado.
El criterio que al respecto habían manifestado un mes antes los coordinadores parlamentarios, y que el gobierno federal hizo saber a través del general Óscar Naranjo, se transformó antier en un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados en el que solicita al gobierno federal y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa, es decir, desarmarlos y extinguirlos. La única voz disonante en el coro que respaldó ese exhorto fue la del diputado Ricardo Monreal, quien planteó que “hoy se intenta culpar a estos grupos de la inseguridad y de violación a la ley. (…) Más que anatematizarlos hay que explicarlos y más que criminalizarlos hay que entenderlos”, pues “después de todo, la irrupción de estos grupos atiende directa o indirectamente a las deficiencias políticas estatales en materia de seguridad”.
El martes, el recién designado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, había replicado también la postura oficial de rechazo total a la legalización de los grupos ciudadanos de autodefensa y recordado que el monopolio del uso de la fuerza pertenece al Estado. Esa posición había sido expresada con anterioridad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero aunque Rubido García dijo que “los grupos de autodefensa no pueden ser reglamentados bajo ninguna circunstancia”, tuvo el cuidado de explicar que “el Estado es el que tiene que combatir y tiene que enfrentar retos, amenazas y problemas particulares en materia de seguridad”. También contextualizó, con mucha pertinencia y buen juicio, que “lo que existe es reglamentación, en algunas entidades, de las policías comunitarias, que se rigen por usos y costumbres” (Milenio, 20 de marzo de 2013).
La opinión de Rubido García, que está por encima de la del general Óscar Naranjo, dirime el conflicto legal y regresa a su punto de partida el debate en torno a los grupos ciudadanos de autodefensa y las policías comunitarias. La solución debe hallarse en la legislación ya existente sobre la Policía Comunitaria, como casi unánimemente se dijo en Guerrero. A la luz de estos elementos, no se explica que el gobernador Ángel Aguirre haya anunciado que esta misma semana –suponemos que hoy— enviará al Congreso local su iniciativa de ley para reglamentar las policías ciudadanas, y que haya precisado que estará dirigida exclusivamente a los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pues su gobierno reconoce que la Policía Comunitaria de la CRAC y su sistema de justicia es un derecho ya reconocido a través de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, la cual respetará en todos sus términos (El Sur, 21 de marzo de 2013). Si la Ley 701 ampara a la CRAC y a su Policía Comunitaria, ¿para qué otra ley?, ¿por qué no habría de amparar de la misma manera a la policía comunitaria de la UPOEG u otras?
[email protected]