Carlos Pérez Aguirre

Siguen la simulación y, sobre todo, los negocios

La construcción de puentes elevados ha resultado un negocio sumamente rentable para las compañías constructoras y para quienes los contratan. Habrá que preguntarle al ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, cuál es su experiencia en este sentido en la construcción del famoso puente Bicentenario que endeudó por varios años al gobierno municipal y a los acapulqueños.

Siguiendo esta ruta el gobernador Aguirre se ha empeñado en tratar de justificar la necesidad de construir tres puentes en La Diana, el CICI e Icacos, contra la sensata opinión de diversas organizaciones de ingenieros y arquitectos así como de prestadores de servicios turísticos y comerciantes. Resulta por demás inadecuada la construcción de esas vialidades en zonas totalmente turísticas; esas construcciones de ninguna manera solucionarían los problemas de vialidad –evidentemente los aforos vehiculares sobre todo en temporada, trasladarían el problema a unos metros delante–, lo que sí provocarían sería la contaminación del paisaje, focos delincuenciales y basura. Adicionalmente cancelaría la ya de por sí lánguida actividad comercial en esa zona.

Pero… ¿por qué la terquedad del gobernante? ¿de verdad está sumamente preocupado por que se resuelva la vialidad en la Costera? ¿O sólo es una forma de realizar extraordinarios negocios? Recordemos que en el caso del Acabús el manejo de la administración de este sistema de transporte genera millonarios recursos, ¿acaso será un pariente cercano el que lo realice? Hasta ahora no se ha transparentado a los transportistas cómo se realizará ese manejo.

La pregunta está en el aire, ¿por qué? no obstante lo inadecuado de esos proyectos ante los cuales han argumentado desde el punto de vista técnico, ecológico y de ingeniería de tránsito su oposición diversos profesionales de la construcción. Creemos que el empecinamiento tiene otras motivaciones. Más valdría al gobernante realizar un verdadero esfuerzo para que los cuantiosos recursos que se le han autorizado para seguridad pública se apliquen adecuadamente, sin desvíos, para combatir  la delincuencia que controla pueblos y ciudades en Guerrero y que incrementó su influencia a partir de la llegada de Ángel Aguirre al gobierno Estatal.

En tanto a los maestros que exigen respeto al artículo tercero constitucional, en cuanto a la gratuidad de la educación –que por cierto beneficia a toda la población– se les trata como delincuentes, negándoles incluso la posibilidad del diálogo.

Los maestros dieron muestras de flexibilidad y entregaron varios inmuebles que habían tomado ante la cerrazón del gobierno estatal, como es el caso del Congreso del estado y las oficinas de la SEG en Acapulco, pero ante esto el gobernador y sus empleados lo han interpretado como debilidad y han incrementado sus amenazas vía las ordenes de aprehensión, mediante la vocería de un diputado “perredista”.

Titishando. El pacto firmado entre el PRI, PRD Y PAN funciona en una de sus vertientes como agencia de empleo; al parecer el compromiso de autorizar reformas al vapor, como la educativa, energética y de telecomunicaciones, –en gran parte contraria al interés de la ciudadanía–, pasa para el priperredismo por colocar a sus cuadros. Un ejemplo de ello es el nombramiento del hermano incómodo de Ángel Aguirre, llamado Carlos Aguirre, en una delegación federal en Morelos y nombrar un personaje femenino de confianza del gobernador de aquella entidad en la Sedesol en Guerrero. Era de esperarse pues realmente no hay priista guerrerenses que tenga la capacidad para ocupar este importante puesto.

En tanto la cúpula perredista sigue bailando al son de la zumba.

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