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Acusan de corrupción y acoso a trabajadores de la PGJE en audiencia con la procuradora, en Tlapa

Sergio Ferrer

 

Tlapa

 

La dilación en investigaciones o sentencias, el acoso de ministeriales al sitio de taxis Señor del Nicho y otras denuncias directas contra personal de los ministerios públicos por corrupción, presentaron ciudadanos a la procuradora del estado, Martha Elva Garzón Bernal, en la primera audiencie pública de Tlapa.

Ayer, luego de que inaugurara la Agencia Especializada en Justicia de Adolescentes y el Archivo Criminalístico, en medio de un amplio operativo militar y policiaco de seguridad, la titular encabezó la audiencia para la ciudadanía, acompañada de algunos alcaldes y jefes del Ejército y el destacamento de la Policía Federal.

Del indígena ta’ savi, Antelmo Regino Rodríguez, cuyo caso presentó su esposa, Zenaida Hilario Martínez, se denunció que el joven fue detenido hace tres años, acusado de violación. La detención fue orquestada por el padre de la esposa, Emilio Hilario Reyes, quien con golpes obligó a una de sus hijas a denunciar al joven.

La joven, que solicitó la intervención de la procuradora en calidad de “desamparada ante la injusticia”, acusó a su padre de haber vendido en 120 mil pesos a su hermana en Sinaloa, a un hombre migrante de El Ciruelo, comunidad de Cochoapa el Grande.

Agregó que su esposo era chofer y fue detenido por policías ministeriales en octubre de 2010, y a tres años no se le ha dictado sentencia.

La joven madre tiene dos niños, actualmente está embarazada y asegura que su esposo es inocente y un funcionario de nombre Felipe Santiago Moreno, le ayudó a su padre a fabricar este delito, por lo que los señaló de ser los responsables de la injusticia.

Otro caso es el del abogado Pavel Villanueva Galván y sus clientes. Él expuso a  Garzón Bernal un documento con cuatro quejas en contra de agentes del ministerio público por dilación, mala integración de averiguación previa e irresponsabilidad.

Una fue contra el agente auxiliar del MP de Tlapa, Saulo Gil Ibáñez, por no consignar correctamente un caso, aunque le pidió al afectado la cantidad de mil pesos para que las cosas salieran bien.

Otra queja fue para Francisco Armando Parra Barrientos, otro agente auxiliar, por dilación en una averiguación previa, además de que al quejoso le han mentado la madre y dado malos tratos.

También acusó a Mireya Olea Galeana, agente adscrita del MP en el Juzgado. A ella le dio 100 pesos para copias, para que una agraviada por violencia familiar y otros delitos pudiera solicitar la documentación de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. La denuncia no se ha concretado porque los agresores han dado dinero a la agencia y a los jueces, y se jactan de poder comprar la justicia, se quejó.

Agregó que aunque se quejaron en la Contraloría de la Procuraduría, la mujer no pudo ratifica la denuncia en Chilpancingo por falta de dinero. También presentó otra queja en contra de la agencia de delitos sexuales.

En el Ministerio Público se supo que el encargado de servicios periciales propina golpes e insultos a su secretaria, con quien guarda un vínculo familiar, y se jacta de tener 15 años de estar allí y que nadie lo cambiará. Fuentes extra oficiales aseguraron que semanas atrás, la procuradora suspendió a una MP por una queja que interpuso contra ella.

Durante el acto de ayer, la procuradora fue pasando la mayoría de los expedientes o quejas a agentes de ministerios públicos y en varias ocasiones los cuestionó por los reclamos que hacían los ciudadanos.

A la audiencia acudieron el comandante del 93 Batallón de Infantería, Luis García Serrano, Vidal Flores Pena de la Policía Federal, el alcalde de Ilianteco, Israel Romero Sierra y Leticia Mosso titular del DIF municipal, posteriormente llegarían los ediles de Alpoyeca, Marco Antonio García Morales, Neftalí Hernández Aguilar de Metlatónoc, Brígido Lorenzo de Jesús de Xalpatláhuac, Aristóteles Tito Arroyo de Malinaltepec y el presidente municipal de Cualac, Leopoldo Sánchez Morales.

En su participación, al inicio de la audiencia, Garzón Bernal dijo que quiere dejar huella en esta administración, mostró en diversas ocasiones su respeto a las autoridades federales e incluso citó a Peña Nieto.

Informó que a partir de ayer, los  síndicos procuradores y comisarios municipales, a quienes calificó de representantes indirectos del MP y que son los encargados de las primeras diligencias en caso de algún hecho delictivo, serían capacitados.  Aseguró que cualquiera puede detener a un “menor” o adulto en flagrancia.

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