Aplicar la ley a los maestros, pide el Congreso al gobernador a propuesta del panista Marcos Parra

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Con el voto de 22 diputados del PRD, PRI, PAN y PVEM y dos en contra de la perredista Abelina López Rodríguez y el del PT Jorge Salazar Marchán, los diputados exigieron al gobernador Angel Aguirre Rivero aplicar la ley en contra de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) que se mantienen en paro y bloqueando el Palacio de Gobierno.

Al mediodía, justo cuando negociaban en la residencia oficial Casa Guerrero entre la CETEG y el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, en el Congreso del Estado en su primera sesión despues de doce días de bloqueo al Congreso local, el panista Marcos Efrén Parra Gómez presentaba un punto de acuerdo con el exhorto al gobernador.

Primero se aprobó exhortar al gobernador a que en coordinación con las autoridades municipales “habiliten los espacios necesarios y en las vías de comunicación bajo su mando, para que los manifestantes ejerzan correctamente y en apego a la legalidad, sus derechos a la manifestación de ideas, a la libertad de reunión y de libre tránsito; y las autoridades del estado y municipales implementen todas las medidas administrativas o legales que faciliten el ejercicio de los derechos antes descritos”.

Agrega el acuerdo que “de esa manera, se respetarán los derechos de libertad de expresión, de tránsito y de reunión a las personas que realicen marchas, mítines y todo acto en el que se manifiesten la libre expresión, la libertad para reunirse y cualquier otro derecho; sin que el ejercicio de los derechos fundamentales afecte  derechos de terceros”.

Luego le exigen al gobernador “que instruya a sus autoridades competentes a realizar todo lo necesario para salvaguardar el interés  público, instruyendo a la Procuraduría de Justicia del estado para que se inicien las investigaciones que se formulen por la comisión de los ilícitos que atenten contra la sociedad o la propiedad de bienes de dominio público o privado, realizados bajo el supuesto de la libre expresión de las ideas, de asociación y de reunión, y que en los procedimientos de investigación sean garantizados todos los derechos que la Constitución y las leyes estipulan a favor de los gobernados”.

Y al titular del Poder Judicial del estado, Jesús Martínez Garnelo, lo exhortan para que “instruya a los juzgadores competentes a que apliquen lo dispuesto en los artículos 201 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero y cualquier otra norma legal que proteja a la sociedad de nuestra entidad federativa, en las causas penales iniciadas con motivo de los delitos antes narrados, con la intención de proteger a la sociedad y no sean afectados derechos de terceros, lo que tendría como lógica consecuencia evitar incrementar el alto índice de impunidad que se presenta en la función punitiva que el Estado tiene a su cargo”.

En su exposición, el panista Marcos Efrén Ramos explicó que “el síndrome de las marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos sigue aumentando a lo largo y ancho del país, el estado de Guerrero no es la excepción, de hecho se encuentra dentro de los primeros lugares de incidencia. Si bien estas acciones son empleadas por diversos grupos como táctica para generar presión en la atención y solución a sus demandas e inconformidades, también es cierto que afecta la calidad de vida del grueso de la sociedad”.

Añadió que “atender, regularizar y en su caso sancionar las marchas, manifestaciones y bloqueos en el estado de Guerrero es urgente y necesario ante el hartazgo de la sociedad, que ha visto afectado su derecho de libre tránsito y la oportunidad de desarrollar plenamente sus actividades, a consecuencia del exceso de quienes cierran y bloquean vialidades, accesos a domicilios y lugares públicos”.

Pero acota que “esta problemática se presenta ante la contemplación y ausencia de voluntad de las autoridades para corregir los excesos en que incurren quienes supuestamente ejercen el derecho de manifestación, los cuales, en la mayoría de los casos, favorecen fines o intereses particulares, mermando con esto el bien común”.

En su argumentación, dio a conocer que “las estimaciones realizadas por las Cámaras de Comercio y Servicios estatales señalan que un día de plantón, bloqueo o manifestación, genera pérdidas en los comercios aledaños de un 50 y 70 por ciento de sus ingresos”.

Indicó el panista que “el pulso ciudadano considera  que está mal el bloqueo de avenidas, calles y el acceso a lugares públicos, además, piensan que el gobierno del estado debe actuar ante este tipo de situaciones que afectan el desarrollo óptimo de sus actividades”.

Precisó que “algunos de los perjuicios que se han generado a través del ejercicio sin control y responsabilidad de estas acciones, argumentando los derechos a la libre manifestación y de reunión, sobre todo aquel que se realiza en las vías de comunicación son: pérdida de tiempo y de horas hombre tanto para el sector público, el sector privado y las actividades particulares; importantes pérdidas económicas por retrasos, inasistencias y faltas laborales; pérdida de horas aula por alumno de todos los niveles educativos”.

En su recuento, el panista Marcos Efrén Parra indicó que “estos perjuicios afectan irreparablemente a todos, particularmente a los automovilistas y transportistas a quienes estas manifestaciones les generan un enorme gasto de combustible y la pérdida de pasaje, lo que se traduce en importantes bajas económicas y en un complejo problema ambiental”.

Dijo que “estos retrasos implican altos riesgos para los vehículos de emergencia, como lo son: ambulancias, bomberos, patrullas; accidentes viales y choques violentos, que incluso han cobrado la vida de manifestantes, transeúntes y automovilistas”.

Abelina López y Salazar Marchán, en contra

Luego se sometió a discusión el tema y la perredista Abelina López Rodríguez intervino en la tribuna que fue improvisada en la biblioteca parlamentaria en el edificio del Congreso local, luego de que el recinto legisltivo no lo pudieron ocupar debido a que desprende olor a orines de ratas.

En la tribuna improvisada, la diputada Abelina López le dijo al panista que cada quien, independientemente de su opinión bajo la vivencia y la formación que haya tenido, “finalmente el derecho de manifestación es constitucional, yo pregunto, y lo digo con todo respeto: ¿quién provoca las manifestaciones?”.

“Vean el caso de los jóvenes  de Ayotzinapa, si yo fuera la mamá de esos jóvenes que mataron, voy a hacer manifestación; el gobierno provoca manifestaciones, diputados, hablo en términos generales, no señalo, todos hemos hecho lo mismo, porque nace de una inconformidad”, les recordó sobre todo a sus compañeros perredistas.

Y les reprochó: “Este Poder Legislativo no debe ser como la Santa Inquisición, las cárceles están llenas, no caben, no se resuelven los problemas metiéndolos a la cárcel”.

Dijo que era mejor para evitar las marchas, que el Ejecutivo del estado tienda mecanismos para atender los problemas sociales y evitar las marchas, “no olvidemos, diputadas y diputados, a quién representamos, Guerrero no está como para que sigamos desde el Poder Legislativo sintiendo que tenemos el poder, créanselo, yo creo que tantito hay que darle el beneficio de la duda a un pueblo”.

“Yo dejo a la reflexión y ante la opinión pública, que finalmente quede mi posición clara, porque no me adhiero, no es que esté en contra del orden; estoy a favor del orden, lo que buscamos es el origen de quién provoca el desorden”, expresó.

Siguió Antonio Gaspar, presidente del Congreso local y autor de las demandas contra los maestros por el desalojo de diputados del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, quien le dijo a su compañera Abelina López que “sin duda, dijera el dicho no es lo mismo ver los toros que torearlos, no es lo mismo tener la ley en la mano, conocerla y no aplicarla”.

Y con lágrimas y sollozando, el aguirrista Antonio Gaspar comentó: “Saben, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UAG, ahí me enseñaron el valor de las leyes, me compartía un amigo que los políticos tenemos que hacer política y no aplicar las leyes, que son los acuerdos políticos los que deben prevalecer antes que la aplicación de la ley, y yo pregunto si la sociedad en la que vivimos ha sido favorecida con esos acuerdos políticos, me pregunto entonces cuál es el papel del legislador”.

Luego aún con lágrimas, agregó: “Quienes están acostumbrados a manifestarse y hacer sus desmanes, desorden, bloqueos, todo, ya están acostumbrados a que les levantan denuncias, como también están acostumbrados a que en la mesa de negociación se las levantan, se las retiran, pero quién va a pagar esos daños causados por esas intransigencias”.

Ya de plano tratando de conmover, Antonio Gaspar, llorando, dijo: “Saben, yo soy huérfano de padre desde tres años de edad y mi madre desde los siete años me enseñó a trabajar y a ganarme lo que yo quisiera de manera honrada, por eso cuando veo jóvenes como los de Ayotzinapa, que se aglutinan y manifiestan, se inconforman porque no tienen lo que ellos sienten que deben merecer, yo les debo decir que hay diferentes maneras de ganarse la vida”.

Justifico entonces: “Cuando se la aplicas (la ley) a alguien, te llaman intolerante, soberbio, grotesco, vulgar; cuando se la aplicas te llaman troglodita, exagerado, prepotente, soberbio; pero también hay una sociedad que está demandante de un Estado de derecho al que todos tenemos derecho”.

Luego el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán sostuvo: “Aquí hay una cuestión muy sencilla y le llamamos integralidad, el asunto es por qué hay topes en las calles, pues porque no se respetan los límites de velocidad; por qué hay marchas, porque hay un gobierno que no tiene un basamento ético para aplicar la ley; por qué se manifiestan los productores del campo, sencillo, porque hay políticas sociales con un ejercicio discrecional a modo, o clientelar a modo indistintamente de partidos, ese es el asunto de fondo, no es más limpia una casa que se barre diario sino una casa que no se ensucia, ese es el origen”.

“Parto entonces de que los protocolos en este estado para desalojar manifestaciones, para resguardar peregrinaciones como lo que pasó en Acapulco que a un policía se le fue un tiro, a eso nos referimos. No podemos estar sujetos a la improvisación, a la ocurrencia de las fuerzas públicas para resguardar el orden en un libre ejercicio de la manifestación”, argumentó.

Recordó que al exhorto de Marcos Efrén Parra “le resta, pues, mérito a la obligación del Estado de atender, en el ámbito de sus competencias, a la ciudadanía en general, yo recuerdo Atenco y hoy el señor presidente de la República (Enrique Peña Nieto) después de una represión bárbara justifica que había terceros afectados, aquí habría que hacer cuentas, los transportistas cuando ahogaron Acapulco, cuando el asunto del Acabus, están también en su libre derecho de manifestarse, y bueno, por cierto el origen del estado  actual en esta entidad no es precisamente por el ejercicio de las leyes,  por la violación consuetudinaria que se tiene  de las leyes”.

Criticó que la Secretaría General de Gobierno, “que se encarga de atender la vida interna de este estado, es tan lenta para transitar con los acuerdos de las fuerzas y los actores políticos, sobre las marchas, no es amagando con el uso de las fuerzas públicas, no es cuestionando la libre manifestación como vamos a atender las necesidades de la sociedad”.

“No me sumo al acuerdo parlamentario, porque no es la primera vez que se intenta regular esto, afortunadamente los puntos de acuerdo son llamados a misa”, dijo.

Al final intervino el diputado del PAN, Jorge Camacho, para respaldar a su compañero panista, promotor del punto de acuerdo, también cuestionando que el gobienro del estado no ponga en “orden” a los maestros y se les aplique la ley.

Luego se votó el acuerdo parlamentario, y 22 diputados del PRD, PRI, PAN, MC y PVEM, lo hicieron a favor y sólo votaron en contra Abelina López del PRD y Joge Salazar Marchán, del PT.