Proponen en foro católico que se adecue a cada municipio la Ley General de Víctimas

Karla Galarce Sosa

Participantes en el foro Derechos de las víctimas de la violencia y construcción de paz, propusieron particularizar la Ley General de Víctimas de la violencia a cada entidad federativa y de ahí, a cada municipio, según sus características.
Señalaron la necesidad de crear órganos locales que brinden atención integral a víctimas de la violencia. El foro, que fue organizado por la Iglesia católica a través de la Arquidiócesis de Acapulco, se desarrolló en el salón Triángulo del Sol del Centro Internacional Acapulco (CIA), a donde acudieron unas 200 personas, entre integrantes de organizaciones sociales, sacerdotes, así como víctimas de violencia.
El nuncio apostólico de México, Christopher Pierre dijo que la iglesia católica no tiene la solución única para resolver los problemas de violencia, sin embargo destacó, que sí está en posibilidad de proponer alternativas de solución.
En su intervención, indicó que no es una fantasía pensar en un mundo que viva en un ambiente de paz, aunque admitió que actualmente “el mundo se encuentra herido por la criminalidad”.
Expresó que “no es una utopía aguardar buenas noticias de vida, de paz; queremos una sociedad a medida del ser humano, el cual no debe habituarse a la violencia”.
El nuncio apostólico señaló que los creyentes tienen una tarea, la de no ser indiferentes ante el dolor de las personas y mencionó que “frente a ello tenemos todos una grande responsabilidad, si somos como debiéramos ser, verdaderamente sensibles a ella (la violencia), nos impulsa a trabajar en todos los modos posibles”.
Resaltó que “somos testigos de cómo la inseguridad y la violencia han ido marcando cada vez más las relaciones entre las personas y los pueblos; cada día surgen nuevas formas criminalidad (…) lamentablemente la violencia sigue seduciendo -no es fácil luchar con esta seducción-, seduciendo a muchos que a través de ella quieren ver realizados sus egoístas proyectos de poder, dinero”.
Antes, el integrante del Movimiento por la paz, justicia y dignidad, Silvano Cantú Martínez presentó la Ley General de Víctimas, de la cual, él es coautor. Propuso municipalizar el conjunto de obligaciones contempladas en el recién aprobado marco normativo y adoptar medidas a nivel más inmediato para su atención.
Cantú Martínez dijo que no se puede dejar, sólo en de las autoridades “el cumplimiento cabal de la ley ni de los órganos creados para ello” y en cambio, los ciudadanos deben participar en dicho cometido.
Criticó el juicio sumario adoptado y ejercido por diversos sectores ante las 100 mil muertes registradas en el sexenio de Felipe Calderón, pues expuso que representa una “falta de respeto a las víctimas calificar la totalidad de sus muertes como ajuste de cuentas, fallecimiento por rivalidad delincuencial”.
Expresó que muchas personas ajenas a estos conflictos han perdido la vida: “nos consta que cientos han desaparecido, el contexto de las violencia en México ha sido constante”, pues consideró que la resignación de las víctimas representaría la derrota de la sociedad.
Destacó que “no nos vamos a resignar frente a la demanda de la reparación integral de ese daño. Necesitamos que esa verdad sea sancionada jurídica y públicamente, y no una verdad no estéril que tenga consecuencias jurídicas”.
Criticó que el Estado optó por un uso indiscriminado de la fuerza pública, y sentenció que “se debe castigar, pero no de la manera en que el señor ex presidente (Felipe Calderón) actuó frente a la amenaza, se violentaron los procesos y la justicia penal”.
Subrayó que el Estado debe asumir la responsabilidad por abusos que se cometen, ya sea por la vía de la indemnización económica, atención médica, sicológica y rehabilitación social.
Mencionó que la Ley General de Víctimas incluyó  una iniciativa de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos para el reconocimiento al más alto rango las obligaciones del Estado mexicano ante las víctimas.
“La constitución prevé que todas las autoridades están obligadas a prevenir, sancionar y a reparar las violaciones a los derechos humanos. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil acompañando al movimiento por la paz, elaboraron un proyecto en el que participaron instituciones y personas que recoge voces de víctimas. Las víctimas son los autores de la Ley de Víctimas, como el centro mexicano de la colaboración cívica, los expertos de ciencias penales”, destacó el activista.
Criticó que las víctimas en México sigan siendo excluidas de la justicia, y celebró la realización de foros como ese. “Hay víctimas que no se  han resignado a quedar en la sombra del desconocimiento de la verdad sobre las violencias que los han atacado y los han dañado (…) No nos vamos a resignar frente a la demanda de una reparación integral, podemos saber la verdad sobre los hechos, pero necesitamos que esa verdad sea sancionada públicamente”, expuso.
Reiteró que los tres grandes derechos que reclaman las víctimas son los del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
“No es una ley que crea medidas asistenciales ni ventanilla de cheques, la Ley General de víctimas busca reformular los términos del pacto de gobernabilidad, es un ‘rito civilizatorio’, desde otra fórmula. El uso de la fuerza debe aplicarse como último recurso y en cambio atacar la desigualdad, un modelo donde la sociedad apueste por la forma de gobernar”, convocó.
En el acto también participó el arzobispo de Acapulco Carlos Garfias Merlos y el sacerdote acapulqueño Jesús Mendoza Zaragoza.

Denuncian levantón

Sin mencionar su nombre, la tía del joven Alberto Arce Flores señaló que su sobrino desapareció al salir de su casa, ubicada en el fraccionamiento Tulipanes, cerca del poblado de Tunzingo.
El hecho ocurrió hace dos semanas afuera de una bodega de la empresa coca cola. “No lo podemos encontrar, lo levantaron el 6 de marzo y no sabemos nada de él, se lo llevaron sobre la carretera de Tunzingo, en Los Tulipanes”, dijo la mujer y mostró una fotografía y un volante en el que se detalla que el joven conducía un Chevy Monza blanco de cuatro puertas, con placas sks-80-23 del estado de Nuevo León.
Explicó que el joven de 29 años trabajaba en Iguala y había salido de su casa rumbo a esa ciudad de la región norte de la entidad. Pidió la ayuda de la población para dar con el paradero de su familiar y, en caso de saber algo comunicarse al número 7442232987 o al número de emergencias 066.