Amenazan marinos y militares con levantar y asesinar a un comisario de Cualac de la Policía Ciudadana, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que funciona en los municipios de Huamuxtitlan, Tlapa, Cualac, Olinalá, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilapa, denunció nuevas acciones de represión en su contra, pues efectivos militares y de la Marina detuvieron a un comisario que pertenece a este sistema y le dieron de plazo este martes para que entregue al resto de los miembros.
Sin embargo, en su comunicado que circuló ayer celebran que el gobernador haya revirado y diga que no se propone reglamentar a las policías comunitarias, por lo que piden que a las policías ciudadanas se les incluya también en esta decisión, para que se sigan haciendo cargo de la seguridad de sus comunidades.
En su documento, expresan que es razonable la propuesta del gobernador de no reglamentar a las policías comunitarias ciudadanas y agregan que aunque esta última es de reciente creación en territorio náhuatl, “se inspira en los aportes de la Policía Comunitaria y cumple con el requisito fundamental de que los efectivos son electos por sus núcleos de población o comunidades”.
Mencionan que su armamento es de bajo calibre, pues se trata de “escopetas y rifles 22, tenemos uniformes, estatutos, principios y reglamento, no nos encapuchamos y no le hacemos la guerra a nadie, luchamos por la vida, la seguridad, el desarrollo de nuestros pueblos, por la paz y tranquilidad”.
En su escrito agregan que a la Policía Ciudadana y Popular y la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, recién conformada, “debe considerársele con el mismo tratamiento como la CRAC-PC” y que en caso contrario la PCP “no será ningún apéndice de la Policía estatal o Municipal y si es declarada fuera de la ley, “llenaremos las cárceles pero no permitiremos que la delincuencia siga enlutando a nuestros hogares y si nuestro delito es querer vivir en paz y protegernos, tendrán que reformar rápido el Código Penal para legalizar la violencia contra las comunidades y allanarle el camino a la delincuencia organizada”.
Explican que la Policía Ciudadana y Popular opera en 4 municipios nahuas, en más de 50 comunidades y con más de 500 efectivos.
“Para su operatividad se eligió un Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia en cada municipio, en el que participan los Comisarios Municipales, Comunales y Ejidales y recientemente se estructura una Coordinación Regional de Seguridad y Justicia que mantiene contacto con la CRAC-PC de Ayutla y San Luis Acatlán”, detallan.
Agregan que el Sistema de Seguridad y Justicia tiene instancias de decisión, las cuales son la Asamblea Comunitaria, la Asamblea de Representantes, la Asamblea  General y la Asamblea de Coordinación Regional, cada una con funciones y obligaciones específicas y que las instancias de operatividad cotidiana son: El Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia (CGSJ) y la Policía Ciudadana y Popular.
Consideran que  “es bueno que el Gobierno del estado esté entendiendo esta situación” y aclaran que “no somos ningún peligro para nuestra sociedad, ni para las instituciones, todo lo contrario, hemos disminuido la incidencia delictiva y estamos empezando con el apoyo de muchos estudiantes y profesionistas de universidades públicas y privadas”.
Agregan que “es deseable” que el gobierno, disponga claramente de las partidas presupuestarias para apoyar este esfuerzo, “sin embargo, sin ellos y en la medida de las posibilidades de las comunidades lo iremos haciendo, porque únicamente nosotros  somos los interesados de que en nuestros pueblos haya seguridad, paz tranquilidad y justicia”.
Advierten que “si no quieren reconocer nuestro Sistema de Seguridad no les vamos a pedir perdón por habernos organizado y defendernos de la delincuencia organizada, por aspirar a vivir en paz, por pedir justicia, por no querer morir en la pobreza o en manos de la delincuencia, por ser indígenas hablantes del náhuatl, por proteger lo poco que tenemos para comer”.
Acusan a los diputados federales, que la semana pasada exhortaron al gobierno federal y de los estados que tienen policías ciudadanas a convencerlas de dejar las armas, de que en lugar de conocer, oír  y llamar a los ciudadanos indígenas, “con mucho odio suben a una tribuna a condenar y azuzar para que sus congéneres asuman actitudes bárbaras, condenan a priori lo que desconocen y mandan a las fuerzas militares y a la Marina a reprimir a los pueblos como ocurrió el 23 de marzo, cuando el comisario municipal de Chiuacingo, municipio de Cualac, fue detenido y amenazado de muerte por ser parte de la Policía Ciudadana y Popular y tiene plazo hasta el día martes próximo para entregar a los dirigentes que  son de la Policía Ciudadana y Popular”.
Denuncian que los militares y elementos de la Marina le dijeron al comisario que en caso de no hacerlo será desaparecido y asesinado  “y que así  se seguirán con otros que ya les fueron señalados”.
Añaden que los efectivos estaban vestidos de civiles y que están requiriendo al comisario para que acuda el martes a la Marina en Olinalá.
“El gobierno a través del Ejército y la Marina nuevamente han iniciado una guerra sucia contra los ciudadanos y comunidades indígenas, que nos hemos organizado para protegernos de la delincuencia organizada”.
Expresan que les han dicho que la delincuencia “se va infiltrar en nuestras estructuras, que será utilizada para otros fines”.
Agregan que “los policías ciudadanos no son personas desadaptadas y no han elegido trabajar como policías, son campesinos, albañiles, artesanos, ganaderos, pequeños comerciantes, profesores, médicos, ingenieros, licenciados en distintas disciplinas, panaderos, amas de casa, jornaleros, estudiantes y aún con sus limitantes económicas no toman dinero fácil que perjudica, porque aman a su pueblo y familia”.
Y luego agregan que “la reciente amenaza contra un comisario del municipio de  Cualac,  nos pone entre la espada y la pared a los pueblos indígenas, porque por  un lado tenemos  que defendernos de la delincuencia organizada y por otro de las amenazas de la Marina o el Ejército”.
Y concluyen que “por eso nuestra lucha no es únicamente para protegernos de la inseguridad y  delincuencia organizada, si no de luchar para que nuestros pueblos dejen  de ser marginados, excluidos y se supere la pobreza, el atraso económico y cultural”.