Silvestre Pacheco León

La sanción al PRD
Son 44 mil 740  palabras escritas en 96 hojas que para ser leídas requieren de 288 minutos las que contienen las denuncias y alegatos en torno a la violación del COFIPE, cometida por el precandidato perredista al senado, Celestino Cesáreo Guzmán y su partido.
A lo que representa el material relativo a la denuncia e inconformidad en términos del tiempo y conocimientos empleados, materiales consumidos y desavenencias producidas, hay que agregar el gasto efectuado en las diligencias practicadas y en la reuniones que se han requerido para el desahogo de las pruebas; el de la sesión especial del consejo local para emitir su fallo y lo que aún falta si el anuncio del sancionado se concreta al recurrir a la otra instancia.
Se trata de poco más de 20 días el tiempo que han empleado los partidos involucrados y el consejo distrital de Ciudad Altamirano, la junta distrital del IFE y el Consejo Local, para iniciar y concluir el llamado Proceso Especial Sancionador que por primera vez se ha activado ante un hecho violatorio de la ley  que en nada dignifica a los guerrerenses.
Si los partidos y sus militantes fueran ejemplo de respeto a la ley y a los principios de equidad y transparencia que reclama un proceso electoral frente al complejo de problemas que padece Guerrero, todos los recursos humanos, materiales y financieros empleados para sancionar al infractor, pudieron tener un mejor destino en un estado de tantas carencias.
El infractor, precandidato al senado y diputado local, sabía de la prohibición expresa que hay por utilizar el mobiliario del equipamiento urbano para propaganda electoral. Cuando menos debemos partir de ése supuesto, porque suponer lo contrario sería actuar de mala fe, sabiendo que se trata nada menos que de quien como diputado, tiene como materia de ocupación principal promover iniciativas de ley, revisar las que ya existen y, en su caso, modificarlas.
Supongamos entonces que en la evaluación de riesgos y poniendo por encima su interés principal de representar a la sociedad, aún a costa de pasar por encima de la ley, el infractor valoró que le convenía mejor violentarla  aunque eso le significara una sanción si con ello podía alcanzar la candidatura deseada. Sin embargo, en lugar de aceptar calladamente la sanción a la que se hizo acreedor, ha preferido recurrir al escándalo pensando en el dicho aquel que para la clase política constituye una máxima: no importa que hablen mal de ti siempre que te mantengas vigente.
Si los cálculos del diputado y pretenso candidato a senador fallaron, no tiene razón en pasar la cuenta a los otros, pretendiéndose ahora ofendido por la sanción que le ha sido impuesta, llegando al grado de culpar, incluso, al vocal presidente del IFE local de actuar con parcialidad y de manera interesada en afectarlo a él y a su partido.
El diputado Celestino Cesáreo empezó negando la acusación enderezada por los priístas contra él por violación al  artículo 236 del COFIPE, a pesar de que era evidente que utilizó los postes de luz del equipamiento urbano en el centro de la Ciudad Altamirano para colgar su propaganda.
Y quizá sólo por ignorancia, el acusador no agregó al expediente el hecho de que hasta el material de la propaganda incumplía con las especificaciones de que era reciclable y tampoco tomó nota de que al delito ya señalado cabría agregar la contaminación visual y ambiental provocada.
Después, y a fuerza de argumentos en contra, cuando el delito estaba más que demostrado, el acusado se inconformó contra la resolución del Consejo Distrital 01, primero negando haberlo cometido y luego porque le pareció que la multa impuesta era excesiva.
Cuando el caso llegó al seno del consejo local, competente para resolver los recursos de revisión, a los consejeros nos pareció que la sanción impuesta por el Consejo Distrital Electoral 01 de Ciudad Altamirano estaba más que justificada, pues suponemos que su aplicación quizá inhibirá a otros aspirantes que sólo por conveniencia política no han querido recurrir al Procedimiento Especial Sancionador, sea por un exceso de tolerancia, sea porque media complicidad en la repetición de las mismas conductas.
En la sesión del 20 de febrero los consejeros locales valoramos la preocupación del representante del PRD en el consejo por hacer que sus compañeros que aspiran a obtener alguna candidatura se conduzcan con respeto a la ley.
En el caso  que referimos y cuando era del dominio público que Celestino Cesáreo ocupaba con su propaganda ilegalmente 189 postes del alumbrado público en las principales avenidas de Ciudad Altamirano, Juan Manuel Hernández Gardea, le exhortó al diputado a respetar la ley. Lo hizo mediante escrito desde el 24 de enero.
El diputado tuvo tiempo de rectificar, pero no lo hizo a sabiendas de que su conducta afectaría también al PRD, pues, en todo caso, los partidos están obligados a responder por las actuaciones de sus militantes porque es su responsabilidad hacer que se conduzcan con respeto a la ley.
Aunque en la sesión del consejo local efectuada el 20 de febrero hubo quienes se manifestaron por separar la sanción del aspirante al partido, nadie osó eximir a éste de culpa. A lo sumo lo que se pidió fue aminorar la sanción bajo el argumento de que el PRD hizo lo que pudo al llamar al orden a su afiliado, pero la contundencia de los argumentos acerca de la obligación y la responsabilidad legal que tienen  los partidos de responder por la conducta de sus afiliados nos llevó a la postura de mostrar que la institución partidaria está obligada a contar con los mecanismos internos requeridos para disciplinar a sus militantes y cuando no lo hace con oportunidad, son las demás instituciones, en éste caso el IFE, las obligadas a reparar las omisiones.
Recuerdo que en una de sus últimas entrevistas publicada en la desaparecida revista suplemento de El Sur, Día Siete, el filósofo español, Fernando Savater, refiere a sus conciudadanos que a la hora de juzgar a los políticos debemos tener presente que, a pesar de todo, están en el lugar que ocupan porque hay en la sociedad hombres y mujeres que los votan, sea porque se parecen demasiado a ellos o porque quisieran alcanzar su parecido.
La afirmación de Savater creo que no es objetable para la realidad mexicana, pero ahora que estamos viviendo el proceso electoral para la renovación de las autoridades federales y locales, me parece que cualquier autoridad con iniciativa tiene todo el derecho y la responsabilidad de actuar pensando en que al ayudar a cambiar la conducta negativa de los políticos estamos abonando a una nueva cultura cívica.

PD. El consejo local del IFE tiene su programa en SigaTV los lunes de 5 a 6 de la tarde.

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