Pese a la insistencia del gobierno, los maestros afirman que la reforma sirve para despedirlos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Mientras los gobiernos estatal y federal insisten en que la reforma educativa no va a afectar los derechos laborales del magisterio, las expresiones sindicales, oficial y disiente, coincidieron en que la modificación al artículo tercero constitucional tiene implícita la intención de correr a los docentes porque condiciona su  “permanencia” a una evaluación.
Las dos posturas tienen sentido si se considera que la reforma educativa es general y será detallada en las leyes estatales y general de educación –que también llaman secundarias–, y que ha provocado en distinta medida, acciones de protesta en diferentes estados de la República, para incidir en la legislación. En Guerrero, a casi un mes del paro indefinido, un plantón, bloqueos y una fuerte confrontación con las autoridades, el movimiento disidente alcanzó acuerdos con el gobierno del estado.
En una de las adiciones al tercero constitucional aprobadas en diciembre, dice a la letra que “la ley reglamentaria (General de Educación) fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se inconformó con esta política mucho antes de la reforma, pues en 2008, tras la firma de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezó una jornada de lucha para congelar la aplicación de la evaluación docente en la entidad, que para entonces todavía no era obligatoria, hasta hoy, que se elevó a rango constitucional.
En diciembre de 2012, la dirigencia nacional del SNTE impugnó la inclusión de la palabra “permanencia” en la ley, y la dirigencia institucional de la Sección 14 de Guerrero comenzó a principios de 2013 una campaña de difusión para denunciar las implicaciones a la reforma.
A mediados de enero, un representante nacional del SNTE, Noé Rodríguez, declaró en Chilpancingo que había artículos que sin duda son una amenaza privatizadora, y añadió que la propuesta del sindicato es que la “permanencia” del docente no dependa de un examen estandarizado.
Días después, el secretario general de la Sección 14, Hilario Ruiz Estrada, declaró que habría acciones de protesta, pero luego se retractó y aclaró que la estrategia de lucha sería jurídica, pues “bloqueos” era una palabra que sólo utilizaba la CETEG.
La última semana, mediante desplegados, señaló que buscarían que en las leyes secundarias no se condicione el “ingreso, la permanencia, el egreso (de los maestros en el sistema educativo), ni la prestación de los servicios educativos a los alumnos”, y sus gestiones se han difundido a través de desplegados.
Cuando comenzaron las inquietudes de las corrientes político-sindicales en contra de la reforma, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, dijo que había desinformación entre los maestros porque ésta no afectaría sus derechos. A la fecha mantienen en la radio una campaña de información en este sentido.
En un comercial radiofónico del gobierno del estado, se insiste en que la reforma educativa no va a afectar los derechos laborales, el acceso de nuevo ingreso a la SEG y la promoción de maestros va a depender de sus méritos académicos.
Pero en un acto en la Sección 14, el 20 de febrero, Romero Suárez anunció que buscarían retirar la palabra “permanencia” de ley reglamentaria, en la que “tampoco están de acuerdo”.
También dijo, en otro momento, que la reforma educativa pondrían fin a la herencia de plazas, pues el artículo tercero ahora dice que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. A esto, se refieren en los mensajes de promoción.
Aunque por el contrato colectivo de trabajo, la Sección 14 del SNTE recibe la mitad de las plazas y horas de base que destina la federación a Guerrero cada año, para nuevos ingresos y  promociones a maestros en servicio.
En este sentido, el mismo apartado de la reforma se especifica que: “Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”, y eso tendría que poner fin a esa práctica.
En los últimos años, la federación envía plazas y horas base limitadas porque de acuerdo con su estadística la cobertura en educación básica está casi cubierta, y de acuerdo con la auditoría al Fondo de Aportaciones de Educación Básica (FAEB), en Guerrero hay un maestro por ocho alumnos de educación primaria. Pero también entre 10 y 12 mil trabajadores con plazas docentes, que no están frente a grupo.

La oposición del magisterio
movilizado

La CETEG, que encabezó el movimiento que conformaron disidentes, un sector de institucionales y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), ha denunciado que la política educativa nacional está orientada a la privatización de la educación y a reducir el número de trabajadores, para delegar la responsabilidad del Estado en los padres de familia y cubrir el déficit financiero que hay en el sistema educativo.
Incluso, tras la publicación de la reforma educativa, promovieron juicios amparos así como contra la reforma laboral, porque aseguraron que son un retroceso en los derechos ganados de los trabajadores.
Además, a través del vocero Román Meynardo López Pachuca, se ha señalado que a pesar de que la reforma pretende mejorar la calidad educativa, no están propiciando en las comunidades rurales y urbanas las condiciones de estudio para los niños, que en su mayoría viven en pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, la reforma es administrativa, para reducir costos de la educación al Estado.